La obtención ilegítima de pruebas por el Banco de España ha sido decisiva, según los defensores de Ruiz-Mateos
La defensa de José María Ruiz-Mateos considera que la obtención ilegítima de pruebas documentales en Inglaterra, por parte de funcionarios del Banco de España ha sido decisiva en el nuevo giro que ha tomado el juicio que se sigue en el Alto Tribunal de Justicia de Londres contra el fundador de Rumasa, a instancia de los representantes del Gobierno español. El juicio continua hoy en la capital británica para tratar sobre el futuro de la marca de jerez Dry Sack cuya propiedad se disputan el Gobierno español y José María Ruiz-Mateos.
Los defensores de Ruiz-Mateos estiman que el juez británico Justice Vinelott decidió el viernes pasado el aplazamiento del tema Multinvest N.V (holding que, con un capital de unos 20 millones de dólares, engloba a las sociedades de la Rumasa exterior, aún no controladas por el Gobierno español) porque "ha tenido en cuenta la posibilidad de que el decreto-ley expropiador, de 24 de febrero de 1983, pueda ser declarado inconstitucional cuando el Tribunal Constitucional español decida sobre los recursos pendientes".Al igual que los representantes del Gobierno español, la defensa de Ruiz-Mateos también trata ahora de mostrarse satisfecha por la decisión del juez Vinelott aplazando la solución del tema Multinvest N.V. (cuya sede está domiciliada en Curagao, antiguas Antillas Holandesas) hasta que el Tribunal Constitucional decida sobre la legalidad del decreto-ley y, posteriormente, de la ley expropiatoria de Rumasa.
El hecho de haber nombrado un administrador judicial que salvaguarde, entre tanto, los intereses de quien resulte ser el propietario real de Multinvest N.V. al término del pleito ha sido celebrado como una victoria por ambas partes.
Sonrojante asunto para las autoridades españolas
Por un lado, el juez trata de evitar que Ruiz-Mateos, actual propietario del holding exterior, se lleve los bienes y vacíe de activos las sociedades.
Por otro lado, tras el sonrojante asunto de la obtención ilegítima de documentos por las autoridades españolas, mediante coacciones -como reconoció el propio Saturnino Plaza, directivo del Banco del Norte, a Juan Lladó, responsable gubernamental de la Rumasa exterior- o mediante la ambigüedad o el engaño descarado, el juez británico se ha curado en salud sometiendo al nuevo administrador judicial a importantes limitaciones.
El administrador judicial de Multinvest N.V. no puede nombrar nuevos gerentes sin autorización del juez ante quien tiene que exponer sus argumentos y, sobre todo, tiene expresamente prohibido dar información alguna a las autoridades españolas así como al despacho de abogados británico Herbert & Smith que defiende, según ellos mismos soprendentemente dicen en sus documentos, a su cliente "el Estado español".
Medidas cautelares
Con ello, según la defensa de Ruiz-Mateos, que se ha abstenido hasta ahora de hacer comentarios públicos sobre el tema, el juez Vinelott no sigue tomando más medidas cautelares sino que, sin entrar en el fondo del tema, prefiere esperar hasta que el Tribunal Constitucional español decida sobre la legalidad del decreto-ley expropiador.
Fuentes de la defensa de Ruiz-Mateos han valorado este decisión del juez británico como "el primer frenazo al Gobierno español, que cree que todas las empresas de Rumasa son ya suyas pero sólo en España". "En cuánto los representantes del Gobierno español han salido al extranjero, con inagotables medios personales, materiales a su alcance, se han tenido que dar cuenta de que no es lo mismo actuar en Inglaterra que hacerlo dentro de España", opinan los citados abogados de la parte demandada, quienes consideran que "este frenazo es un punto de infexión para la estrategia gubernamental contra Ruiz-Mateos en el exterior".
Descalificar a Ruiz-Mateos
La estrategia seguida en Londres por los demandantes (Gobierno español) estaba basada hasta ahora, al igual que en España, a juicio de los demandados (Ruiz-Mateos), más en descalificar personalmente al fundador de Rumasa, tratando de demostrar que es un granuja de quien no debe fiarse el juez, que en demostrar las razones concretas y la legalidad de la expro piación del honding de la abeja.
El único resultado exterior de tal estrategia ha sido hasta ahora la obtención de garantías mediante el nombramiento de administradores judiciales. Así, el Estado español sólo tiene la propiedad exterior de Augustus Barnett, cadena de tiendas de licores en liquidación, y el Banco del Río de la Planta.
Cuando los asistentes al juicio de Londres escucharon atónitos la confesión de la parte demandante, según la cual los funcionarios del Banco de España se habían llevado documentos, que estaban, confiscados judicialmente y depositados en el despacho de Herbert & Smith, contra la prohibición expresa del juez británico, pudieron observar el rostro visiblemente enojado de mister Vinelott y el sonrojo de algunos españoles.
Un juez británico, con peluca, trataba de hacer justicia a dos españoles que mostraban en público su ropa sucia. El comportamiento "tramposo" de las autoridades españoles dio un vuelco al juicio de Rumasa en Londres, insisten los abogados de Ruiz-Mateos.
Naturalmente, los abogados del Gobierno español, Herbert & Smith, salieron inmediatamente al paso del uso ilegítimo de pruebas para perseguir penalmente a Ruiz-Mateos en España, y se esforzaron en demostrar que ellos no sabían nada sobre el abuso de los documentos confiados en su momento a ellos por el juez.
Responsabilidad del Banco de España
Los abogados afirmaron que la responsabilidad de aquella desobediencia judicial recaía sobre Saturnino Plaza, empleado del Banco del Norte, y sobre los tres funcionarios del Banco de España -señores Bahamonde, Brasero y Camago- quienes estuvieron con él en el despacho donde se encontraban guardadas y depositadas las 397 carpetas de documentos de Multinvest N.V.
El abogado británico contratado por el Gobierno español se vio obligado a pedir disculpas al Honorable Tribunal por lo ocurrido con los documentos que les fueron confiados.
Lo que se discute en estos momentos, según fuentes jurídicas, es la eventual influencia que la obtención ilegítima de pruebas podría tener sobre el procedimiento penal que se sigue en España contra José María Ruiz-Mateos.
