Beneficios, salarios y creación de puestos de trabajo

Durante su intervención en un reciente simposio, el presidente del Gobierno dijo que uno de los principales objetivos económicos de su Gobierno era la reducción de la tasa de inflación al 4% al final de la actual legislatura. El presidente señaló que, para tener posibilidades de éxito, esta lucha antiinflacionista debe acompañarse de una política de rentas salariales que haga posible que el excedente empresarial, imprescindible para la inversión y la creación de puestos de trabajo, no sólo se mantenga sino que se recupere, ya que en muchas empresas el beneficio ha desaparecido. El presidente añadió que el objetivo de inflación del 12% para 1983 incluso podría haberse reducido si los empresarios no hubieran sido excesivamente castigados por el incremento de las rentas salariales. Por su parte, el ministro de Economía y Hacienda, en su intervención en el mismo simposio, explicó que lo que se entiende por "una política de rentas salariales" es en realidad el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios; es decir, la política de rentas salariales del Gobierno sigue siendo la misma. Ambos, el presidente y el ministro, han seguido manteniendo el compromiso de la creación de 800.000 puestos de trabajo.Antes estas declaraciones cabe preguntarse ¿cómo puede reconciliarse una política de mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios con el estímulo de los beneficios empresariales, sin provocar un aumento masivo del desempleo, en el marco de una política antiinflacionista? La relevancia de esta cuestión se refuerza teniendo en cuenta la perspectiva a corto y medio plazo de un crecimiento económico más bien modesto, que es difícil que en los próximos dos años pueda superar significativamente la evolución reciente, especialmente a la vista del efecto conjunto de la debilidad de nuestros mercados exteriores y de la política antiinflacionista del Gobierno. Pues bien, la respuesta estriba en que la variable que determina los beneficios no son los salarios, sino los costes laborales unitarios, un concepto que, además de los salarios, tiene en cuenta también la evolución de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios y otros costes de trabajo no salariales (comedores, ayuda escolar, etcétera), así como la evolución de la productividad.

En los últimos siete años, la tasa de crecimiento de los costes laborales unitarios se ha reducido casi a la mitad. Esta evolución refleja en gran parte la desaceleración de la tasa de crecimiento de los salarios. No obstante, una buena parte se debe también a los elevados aumentos de la productividad, que corresponden, en gran modo, al impresionante descenso del empleo durante el período. A su vez, esta caída del empleo refleja el intento de proteger los beneficios empresariales de la influencia de los aumentos de los salarios y de otros costes, en un clima económico caracterizado por un progresivo debilitamiento de la demanda. No obstante, a pesar de este importante ajuste del empleo, no se pudo evitar una sensible desaceleración del ritmo de crecimiento de los beneficios en términos reales. Sin embargo, según el avance de la contabilidad nacional, en 1982 los beneficios reales se pueden haber recuperado, gracias a la desaceleración de los costes de la energía, el crédito y los costes laborales unitarios.

Desafortunadamente, es muy probable que en 1983 el proceso de recuperación de los beneficios sufra un retroceso. Examinando primero la evolución de los factores de costes no salariales, la política monetaria en vigor desde la segunda semana de abril, que disparó los tipos de interés interbancarios, se reflejará eventualmente en un encarecimiento del coste del crédito para las empresas. En cuanto a la energía, aunque no se produzca ningún nuevo aumento de precio este año, la subida decretada en diciembre de 1982 significa que los precios energéticos serán en 1983, de todos modos, un 20,3%. en promedio superiores a su nivel de 1982. Además, la rápida depreciación de la peseta hace casi seguro que los precios en pesetas de las importaciones no energéticas aumentarán en más del 20%. Tomados conjuntamente los factores anteriores, cabe esperar en 1983 una sensible aceleración de los costes de los factores productivos no salariales.

Perspectivas para 1984-1985

En cuanto a los costes laborales unitarios, es probable que se aceleren también, a pesar de un aumento de la productividad que podría ser similar al de años anteriores (2,5%-3%). En efecto, el aumento este año de los salarios en convenio probablemente superará el incremento del 11,5% observado en 1982. Teniendo en cuenta, además: 1) la evolución de las retribuciones salariales no incluidas en los convenios, 2) el importante aumento de las cotizaciones sociales, y 3) los costes implícitos en la reducción de la jornada, está claro que los costes laborales se acelerarán este año, comparado con 1982. La incidencia conjunta de esta aceleración y de la de los otros costes de producción en los beneficios dependerá fundamentalmente de la evolución de la productividad; ya que la política antiinflacionista del Gobierno impide la posibilidad de repercusión de la totalidad de estos aumentos de costes en los precios finales. Es decir, teniendo en cuenta las modestas perspectivas para el crecimiento real de la actividad económica, el aumento de la productividad se producirá, básicamente, a través de la caída del empleo. Por tanto, dentro de este contexto económico, parece más que probable que el ajuste de las tensiones entre costes y precios se resuelva una vez más con el descenso del empleo, el estrechamiento de los beneficios, o una combinación de ambos.Las perspectivas para la economía española en 1984-1985 podrían ser más halagüeñas, sobre todo si España logra beneficiarse de la reactivación del comercio mundial que, según los indicadores existentes, podría empezar a finales de 1983. No obstante, el objetivo de reducir la tasa de inflación al 4% al final de la legislatura obligará al mantenimiento de una política monetaria restrictiva que implicará la aceptación de unas tasas de crecimiento de la demanda interior relativamente modestas. Con estas perspectivas, el deseo del Gobierno de mantener simultáneamente el poder adquisitivo de los salarios y proteger el excedente empresarial podría chocar con su compromiso de creación de puestos de trabajo. Obviamente, el objetivo de favorecer los beneficios es incentivar la inversión y la creación de empleo.

Sin embargo, para asegurar que el aumento de los beneficios se utiliza para la creación y no la sustitución de puestos de trabajo, es preciso dar incentivos directos al empleo. El incentivo más importante para ello es la reducción de los costes laborales en relación al coste de capital. En consecuencia, si se insiste en mantener el poder adquisitivo de los salarios, la única vía de reducción de los costes laborales unitarios, sin contar con un ajuste de plantillas, es una reducción de los costes laborales no salariales.

Para 1984-1985, el Gobierno tiene en los presupuestos de 1984 una excelente oportunidad para empezar a atacar los costes laborales no salariales mediante una reducción de las cotizaciones sociales que corren a cargo de los empresarios.

En efecto, la participación de las cotizaciones sociales pagadas por la empresa en el total de las remuneraciones salariales pasó del 15,4% en 1976, al 18,1 % en 1982, y se estima que podría aumentar hasta el 18,6% en 1983. Entre los siete países grandes de la OCDE, solamente Francia (22,2%) supera este porcentaje, y en la mayoría de los demás países de este grupo las cargas de la Seguridad Social añaden menos del 10% a los costes de trabajo.

Mientras que una reducción importante de las cotizaciones sociales a cargo de los empresarios sin duda proporcionaría un incentivo al empleo, el grueso de los costes laborales siguen siendo los salarios. Como algunos miembros del Gobierno ya han reconocido, el intento, dentro del contexto de una política económica antiinflacionista, de mantener el poder adquisitivo de los salarios y al mismo tiempo proteger los beneficios, difícilmente podría conducir a la creación de un importante número de puestos de trabajo.

El análisis de la evolución pasada y futura del componente de los costes empresariales muestra que los costes no laborales han estado sometidos a unas fuertes presiones al alza, la mayor parte de las cuales continuarán en el futuro. Por tanto, es pequeña la contribución que se puede esperar de este componente de los costes para recomponer los deteriorados beneficios empresariales.

Por otro lado, si bien sería posible producir una desaceleración del ritmo de crecimiento de los costes laborales aun manteniendo el poder adquisitivo de los salarios, es evidente que para que este esquema pudiera realizar una aportación significativa al excedente empresarial, sería necesario hacer ajustes en otras zonas que podrían ser de difícil encaje. Por, ello resulta evidente que los costes salariales tendrán que jugar un importante papel si de verdad se desea recomponer el beneficio empresarial y generar nuevos puestos de trabajo.

Esta solución representaría un avance importante para que los mayores beneficios se traduzcan en generación de puestos de trabajo, para lo cual también sería fundamental que la anunciada flexibilización del mercado laboral se traduzca en realidad. Esto conduciría hacia la combinación clave para la creación de empleo: beneficios y confianza.