El sector público ha solicitado aplazamiento a la Seguridad Social por importe de mas de 60.000 millones de pesetas

El sector público incluidas las empresas de Rumasa ha pedido aplazamiento en el pago de las deudas a la Seguridad Social por un importe de 60.000 millones de pesetas, lo que supone más de la mitad del volumen total de la moratoria solicitada, según manifestó ayer Joaquín Almunia, ministro de Trabajo, en el transcurso de una conferencia de prensa. A partir de septiembre serán los recaudadores de Hacienda los encargados de hacer efectivos los cobros, y no las magistraturas de Trabajo, como venían. haciéndolo hasta ahora.Hasta el pasado 30 de junio el número de empresas que le habían acogido al real decreto sobre pago aplazado a la Seguridad Social por impago de cuotas era de 13.641. Y el monto total de la deuda alcanzaba los 109.170 millones de pesetas. De esta cantidad, sólo el sector público ha pedido aplazamientos por importe de 60.300 millones de pesetas, incluyendo las empresas de Rumasa, que por sí solas han solicitado moratoria por un total de 13.000 millones de pesetas.

Las empresas públicas, inscritas o no en el Instituto Nacional de Industria (INI), han solicitado aplazamientos por valor de 32.000 millones de pesetas (30.000 millones son sólo del INI). Otros 13.200 millones corresponden a empresas municipalizadas y 1.900 millones de pesetas es la cantidad adeudada por organismos autónomos. Renfe adeuda 2.200 millones; Seat, 7.200 millones, y Hunosa, 4.000 millones. Astilleros alcanza la cifra de 18.000 millones.

Por provincias, Madrid y Barcelona son las que mayor volumen de aplazamientos tienen solicitado, con 44.756 millones de pesetas y 31.709 millones, respectivamente. Oviedo, a considerable distancia -5.183 millones-, sigue a estas dos provincias.

El real decreto sobre moratoria de las cuotas pendientes de la Seguridad Social da la posibilidad de aplazar el pago de las deudas que las empresas mantenían con este organismo y que fuentes de la Administración estiman en unos 800.000 millones de pesetas. Para acogerse al mismo las empresas deben ponerse al corriente de las cuotas correspondientes a 1983. El aplazamiento abarca un período de 42 meses desde enero de 1984, con un tipo de interés de un 8%.

El ministro señaló que a partir de septiembre comenzaría a ejecutarse el cobro de la deuda a través de los recaudadores del Ministerio de Hacienda, abandonándose el sistema de las magistraturas de Trabajo, que eran las que hasta el momento venían realizando los cobros. El proceso se realizará en forma progresiva, y la Administración confía en que el procedimiento resulte más ágil.

Por otra parte, el ministro explicó que desde el pasado sábado las magistraturas de Trabajo no pueden conceder nuevos aplazamientos para el pago de la deuda. Una orden publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado ha derogado esta posibilidad.