Las restricciones de agua amenazan ya a Ias grandes ciudades españolas
Después de cuatro años de sequía, que han afectado principalmente a las zonas rurales y a pequeños núcleos de población, la carencia de agua es ya un problema para las grandes ciudades. El riesgo de restricciones en Madrid a partir del 15 de septiembre amenaza a 4.500.000 personas y a importantes industrias y servicios. Junto a las recomendaciones del Canal de Isabel II para frenar el consumo y la decisión del Ayuntamiento de Madrid de restringir la limpieza de las calles y el riego de los parques, han surgido medidas similares para reducir el consumo en otras capitales españolas, como Sevilla, Jaén, Cádiz, Murcia, Alicante y Zaragoza.
El Ayuntamiento de Sevilla ha establecido severos controles para el consumo de agua y ha anunciado multas elevadas para los infractores. Aunque son varias las capitales andaluzas con problemas de agua, destaca por su gravedad la cortado el suministro 14 horas al día. También Cádiz vive restricciones y se anuncian en breve para Málaga.En Murcia y Alicante, las autoridades municipales han hecho un llamamiento a la población para que colabore en la reducción del consumo, y el ayuntamiento ha adoptado medidas de ahorro en la limpieza de las calles y el riego de parques y jardines, similares a las de Madrid.
La única capital catalana afectada por la escasez de agua es Tarragona, donde las reservas han disminuido sensiblemente en las últimas semanas, por lo que el ayuntamiento ha solicitado del Gobierno Civil la declaración del estado de alerta roja, que entrará en vigor el próximo 10 de julio. Las restricciones afectarán a amplias zonas del casco urbano desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana. En esta ciudad, el problema se agrava por la elevada salinización del agua, que se extrae de los pozos de la comarca.
La situación en Madrid es de tal gravedad que Rodolfo Urbistondo, director del Canal de Isabel II, organismo que abastece de agua al 95% de la capital y su provincia, se ha manifestado partidario de proponer al Gobierno la adopción de fuertes penalizaciones económicas, de hasta un 500%, al consumo superfluo de agua. Urbistondo ha manifestado que prefiere una solución de penalización económica al corte del suministro varias horas al día, ya que, en su opinión, esta última medida es poco eficaz.
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