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AP y centristas piden que la ley sobre incompatibilidades se aplique en 1986

La Comisión Constitucional del Congreso dictaminó ayer el proyecto de ley orgánica sobre incompatibilidades de diputados y senadores, cuyo contenido fue aprobado sin problemas, pero no así el momento de su aplicación. Los grupos Popular y Centrista pidieron que la exigencia de no desempeñar más de un cargo público ni percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y organismos y empresas de este carácter no entre en vigor para estas Cortes, sino para las resultantes de las próximas elecciones generales, que, si no se disuelve el Parlamento antes, serán en 1986.Alfonso Osorio dijo que no se puede aprobar una ley con caráctrer retroactivo y anunció que el Grupo Popular iniciará todas las acciones legales necesarias para proteger los derechos de los parlamentarios que concurrieron a lais elecciones con arreglo a una normativa distinta a la ahora proyectada. No excluyó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, En igual línea, el centrista Fernando, García Agudín calificó de "atropello jurídico" la aplicación inmediata de la ley, porque, según dijo, contraviene el mandato constitucional, que prevé que la ley Electoral "regulará" las incompatibilidades de los parlamentarios.

El socialista Eduardo Martín Toval contestó que la Constitución no protege derechos adquiridos y acusó a los grupos citados de proteger las compatibilidad de varios de sus diputados y senadores con los cargos públicos que desempeñan. Según la disposición adicional, esta ley constituirá parte de la futura ley Electoral, en la que deberá integrarse. Por lo de más, Martín Toval aseguró que no tiene carácter retroactivo, ya que establece que la opción entre el escaño y el puesto o actividad incompatible se realizará en el plazo de dos meses a partir de la vigencia de la ley.

"Rencor" contra los notarios

En su defensa de una enmienda para que se permitiera la compatibilidad entre los cargos de notario y registrador de la propiedad y el de diputado o senador, José María Ruiz Gallardón, del Grupo Popular, dijo que debía contarse en el Parlamento con estos profesionales valiosos, y que no comprendía, "a no ser por motivos de rencor", que'se estableciera esta incompatibilidad. Por el PSOE, Luis Berenguer negó que existiera ninguna animadversión contra notarios ni registradores, quienes simplemente deberían optar por el cargo parlamentario o el profesional.

Más éxito tuvo el diputado del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, a quien se le aceptó una enmienda que endurecía el texto, al establecer también la incompatibilidad del parlamentario con el ejercicio de cargos de presidente de consejo de administración, consejero, administrador, director general, gerente o cargos equivalentes de sociedades financierat de ahorro o crédito.

El PSOE aceptó suavizar las incompatibilidades de magistrados, jueces, fiscales, militares profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, quienes pasarán a la situación administrativa que corresponda, con reserva de plaza o destino.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de julio de 1983