El INH ofertará por las acciones privadas de Campsa antes de vender el 40% de la sociedad a las refinerías

El ministerio de Industria y Energía anunció ayer, sorpresivamente, la esperada puesta en marcha del proceso de reordenación del subsector petrolero con una primera decisión cautelar de suspender la cotización en Bolsa de las acciones de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (Campsa). Según ha sabido EL PAÍS, esta medida permitirá al Estado, a través del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), que ostenta alrededor del 60% de las acciones de Campsa, realizar sin ningún tipo de especulación mediatizadora una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de las acciones privadas de Campsa, como paso previo a la creación de una nueva sociedad en la que participarán, al 60% y 40%, respectivamente, el Estado y las compañías refinadoras españolas, tanto públicas como privadas.

Con anterioridad, y una vez en manos públicas la totalidad de las acciones de la empresa que ostenta la concesión del monopolio del petróleo desde el año 1927, la dirección general del Patrimonio del ministerio de Hacienda transferirá a Campsa los activos fijos de transporte (oleoductos, factorías, buques, etc.) de los que es propietaria con el fin de que sea la nueva Campsa quien gestione la distribución primaria de los productos carburantes derivados del petróleo, eventualmente hasta el punto anterior a la venta al público. Queda por ver, todavía, que sucederá con la venta al detalle, aunque fuentes solventes daban por seguro el mantenimiento de la actual situación jurídica.La nacionalización y posterior privatización de Campsa levantó ayer cierta inquietud en algunos medios del sector consultados, pese a que todas las opiniones coincidían en que era la solución más apropiada y la que mejor defiende los intereses nacionales involucrados, una vez que España se integre en la Comunidad Económica Europea. Las recientes presiones comunitarias para que se respeten las normas de libre competencia que dibujó el Tratado de Roma, materializadas en una dura nota de la Comisión Europea tras la sesión negociadora hispano-comunitaria del pasado 17 de mayo, parecen haber surtido un rápido efecto y han convencido a la Administración de la necesidad de desbloquear las negociaciones en curso sobre la reordenación del subsector de petróleo, contenido en el programa electoral del PSOE.

La inquietud de los medios consultados responde al peligro que supone dar un doble paso (nacionalización y privatización posterior) en la mencionada adaptación del monopolio comercial de Campsa a las directrices de la CEE. Si, eventualmente, el segundo paso no llegase a materializarse (se requiere una ley para modificar el monopolio), Campsa, como sociedad pública, tendría que permitir el acceso a su red de cualquier multinacional del petróleo que coloque sus productos refinados en España. Caso distinto sería si el Estado, a través del INH, vende el 40% de las acciones de Campsa a las refinerías privadas y públicas, tal como sugiere la nota oficial de Industria. En este caso, la nueva Campsa podría dificultar esta petición de las compañías de los estados miembros de la CEE bajo el argumento de que es una red de uso privado.

La distribución de las acciones entre las refinerías, según fuentes solventes, se realizaría en función de la cuota de mercado que dispone cada compañía refinadora, con excepción de la privada Cepsa, que no podrá incluir la cuota correspondiente al mercado canario. La valoración de lasacciones, según Industria, se realizará en base "al valor neto patrimonial de esta nueva Campsa".

Valoración de la red

Caso más problemático, aunque previo, será la valoración del activo fijo que ahora usufructa el monopolio y que es propiedad del Patrimonio del Estado. Algunos medios han valorado este activo, teniendo en cuenta el coste de reposición, en más de 150.000 millones de pesetas. Un cálculo más ajustado y real, en base a que algunas instalaciones fueron cedidas gratuitamente por la Administración norteamericana al Estado (oleoducto Rota-Zaragoza), cifra ese valor entre 60.000 y 80.000 millones de pesetas.

La valoración de estos activos es importante para determinar el coste de las acciones de la nueva sociedad y que deberán ser adquiridas por las refinerías (CEPSA, Petromed, ERT, Petroliber y EMP). La suspensión de la cotización de las acciones de Campsa en las bolsas españolas estuvo orientada, precisamente, a evitar la materialización de movimientos especulativos qúe podrían haber relanzado el valor de las mismas y haber dificultado toda la operación.

Segun fuentes fidedignas, la suspensión de la cotización de las acciones de Campsa fue adoptada por la Junta Sindical de la Bolsa de Madrid hacía las 11 de la mañana de ayer, una media hora antes de que llegara una comunicación de la propia empresa requiriéndolo. La suspensión se hizo en base al artículo número 52 del reglamento de la Bolsa, que perraite tomar decisiones de este tipo como medida cautelar. Una hora antes en el primer corrillo de la mañana, las acciones de Campsa subieron casi tres enteros (de 157 2/5 a 160), sin que nada anormal pudiera detectarse. Sin embargo, el anuncio de una prevista ampliación de capital de la compañía arrendataria, prevista para el próximo día 30 de junio, hizo pensar en que algo se estaba fraguando y aconsejó, a juicio de la Junta Sindical, la suspensión de las cotizaciones.

Las acciones adoptadas en Bolsa coinciden, con la acelertación de las negociaciones que el ministro de Industria, Carlos Solchaga, llevaba a cabo en los últimos diez días con el presidente del INH, el vicepresidente del mismo ente y presidente de Campsa, así como los presidentes y algunos altos directivos de las refinerías privadas. Algunas de estas negociaciones, llevadas en el más absoluto secreto y sobre las que se pidió discreción a determinados inforrri adores, se materilizaron ayer y quedarán reflejadas en un documento de intenciones que será, firmado y desarrollado en los próximos días. Entre las íntenciones de este documento figura también la integración de las empresas refinadoras españolas, incluso en la exploración nacional de crudos.

En medios solventes se aseguraba ayer que la venta final de los productos carburantes quedará en una situación jurídica muy similar a la actual.