Portugal inicia un programa económico de austeridad con resultados a largo plazo

Las primeras medidas económicas y financieras adoptadas por el Consejo de Ministros de Portugal, en el marco del "programa de gestión coyuntural de emerge" de 18 meses anunciado por Mario Soares en su toma de posesión, sorprendieron a los diputados cuando estos estaban todavía el programa de acción del nuevo Ejecutivo. Una devalución un 12% del escudo portugués, nuevos impuestos, aumentos de precio entre un 15% y un 25% en los productos de primera necesidad tales como pan, azúcar, oleaginosos, piensos compuestos, cereales y abonos, antes subvencionados por el Estado, delimitan la nueva austeridad portuguesa.

A estos aumentos se añadirán en las próximas semanas las subidas provocadas por las repercusiones de la devaluación de la divisa portuguesa en el precio de los productos importados, empezando por los derivados del petróleo y, naturalmente, la gasolina.Seis minutos bastaron al nuevo y enérgico ministro de Economía, Emani Lopes, para explicar en la televisión portuguesa las medidas adoptadas, su alcance y razón de ser. Se trata de una "terapéutica dolorosa" ya que implica nuevos y concretísimos sacrificios y que los beneficios esperados no se manifestarán antes de un plazo, más o menos dilatado. Emani Lopes reconoce el "tratamiento de rigor" que sufrirá la economía portuguesa en los próximos meses: el poder adquisitivo de los salarios va a bajar, el costo de la vida aumentará, el crecimiento económico se detendrá, con las inevitables consecuencias sobre el empleo (el paro alcanza al 9% de la población activa, según el Gobierno, y al 14%, según los sindicatos).

Pero no hay más alternativa, y de nada sirve lamentarse: ha llegado la hora de encarar la realidad frontalmente y lanzarse al trabajo. De la decisión y seriedad con que se aplique la política de estabilización dependerá su éxito y la pos¡bilidad de continuar el desarrollo sobre bases sanas y modernas.

Tres programas contra la crisis

Además del tono decidido y del estilo sintético, otra novedad del discurso económico es la articulación de la política a seguir en tres programas, ligados entre sí, a aplicar sucesiva o simultáneamente, en función de la "evolución de la coyuntura":

- El programa de gestión coyuntural de emergencia, ya citado, con prioridad absoluta de la reducción del déficit de la balanza de transacciones corrientes y del "control firme y cuidadoso del endeudamiento exterior".

- Un plan de estabilización intema de dos o tres años.

- Un programa de cuatro años para la modernización de la economía portuguesa y la preparación de sus estructuras para la adhesión a la CEE.

De este programa, en tres fasej, se ocupará prácticamente toda la legislatura -plazo que el nuevo Ejecutivo otorga a su acción-. El Gobierno Soares espera dotar a Portugal de estructuras que permitan emprender "un plan de desarrollo económico y social".

Ahora, el nuevo Gobierno mantiene en vigor el presupuesto provisional, aprobado después de la dimisión del anterior Gobierno y antes de la disolución del Parlamento, preparando ya el, presupuesto para 1984, que deberá someterse a, los diputados en octubre próximo. Los nuevos responsables de los departamentos económicos van a dedicar toda su atención al control de la ejecución de los presupuestos vigentes: todos los proyectos de inversión de la Administración pública y del sector empresarial del Estado están en suspenso, pendientes de revisión, hasta el 31 de agosto.

Las subvenciones a las empresas y las políticas de precios sociales para servicios y productos de primera necesidad serán reducidos al mínimo estricto.

La austeridad afectará, en primer lugar, el sector público: Emani Lopes no formula juicios políticos acerca de los méritos comparados delas empresas estatales y privadas, pero considera que está "globalmente mal dirigido", ya que las pérdidas acumuladas pasaron de 3.630 millones de escudos (más de 5.000 millones de pesetas) en 1979 a 30.840 millones de escudos (cerca de diez veces más) en 1981.

Se espera qué los responsables tomen las próximas semanas medidas de excepción para la reducción de costos (desde suspensión deInversiones hasta despidos definitivos o transitorios) y la práctica de precios realistas.

El ejemplo más acabado del pragmatismo del nuevo ministro de Economía es la manera de encarar, en su programa, la anunciada apertura a la iniciativa privada de sectores que le eran hasta ahora vedados por la ley, o sea la banca, los seguros y las industrias de abonos y cementos. En los dos sectores industriales contemplados, la prioridad será dada al correcto aprovechamiento de la capacidad instalada para evitar inversiones inútiles: nada de desmantelar el sector público o de agravar las dificultades de las e mipresas existentes con la competencia de nuevas empresas privadas.

Austeridad en la Administración pública, con eliminación de los servicios superfluos, definición de una política de rendimientos y precios -a la que serán asociados los sindicatos y los gremios patronales- y medidas destinadas a limitar el consumo y las importaciones completan el cuadro de la política de estabilización anunciada.

En la política fiscal no hay innovaciones: el Gobierno portugués se propone concluir los estudios para la introducción del IVA y acelerar los trabajos con vistas a la creación del impuesto único sobre la renta. En cambio, el fraude y la evasión fiscal serán activament combatidos, en el marco de la lu cha contra la corrupción y la economía subterránea, uno de los platos fuertes del programa de gobierno de Soares.

El más inesperado apoyo a la política definida por Emani Lope fue dado, en el Parlamento, por su predecesor, el socialdemócrata João Salgueiro, que no se limitó a felicitar al nuevo ministro por su realismo y su competencia y su valor.

Apoyo inesperado

Con elogios a la política de estabilización realizada por el primer Gobierno Soares, en 1976, João Salgueiro, que encabeza en el Par lamento el sector socialdemócrata crítico con la actual dirección del PSD, se colocó resueltamente al lado de los socialistas y de Mario Soares, contra las críticas del sector más radical del empresariado privado, que escogió a Mota Pinto como su representante en el Gobiemo.Obviamente, el apoyo entusiasta de Salgueiro a Emani Lopes sirvió de argumento a los comunistas para afirmar, una vez más, que el Gobierno Soares va a seguir, empeorándola, la política económica y social de los Gobiernos de Alianza Democrática, acusada por la izquierda (socialista y comunista) de llevar a Portugal a la bancarrota y al desastre nacional.

En cambio, el CDS y los sectores tecnocráticos del PS, que aprueban las líneas maestras de la nueva política económica, critican la imprecisión de los programa enunciados, en los aspectos cuantitativos y temporales; aseguran que, si el ministro de Economía no cuantificó la reducción del ritmo de crecimiento del PIB ni las incidencias de la devaluación sobre la inflación ni los aumentos previsibles del paro, es porque no estudió estos aspectos o, más probablemente, porque las medidas con cretas a adoptar en el futuro inmediato no dependen de él: serán impuestas por el Fondo Monetario Internacional, de quien depende, en realidad, la política económica global y definitiva del nuevo Gobierno, y al que no se hizo una única mención durante todo el debate.

Como constató en 1976, Ernani Lopes se esfuerza en hacer aceptar a los portugueses la autodisciplina del tratamiento de choque impuesto por los medios financieros internacionales. La situación crítica en que se encuentran las finanzas portuguesas ha sido descrita hasta la saciedad por el propio Soares. Fue el primer ministro quien denunció, antes y después de las elecciones, que, con un déficit de transacciones corrientes de 3.000 millones de dólares en 1982 y una deuda exterior acumulada de 13.000 millones de dólares (la tercera más importante del mundo per cápita), Portugal tiene cada vez mayores dificultades en conseguir los fondos necesarios para hacer frente a sus necesidades más inmediatas.

También fue Mario Soares, en su discurso de toma de posesión, quien reveló que los dos últimos préstamos negociados, de 300 millones de dólares y de 400 millones de dólares, habían sido conseguidos en marzo y junio a precio de oro: 30 toneladas empeñadas en la primera operación y la promesa de vender progresivamente otras 36 toneladas para cubrir el segundo préstamo.

En total, cerca del 10% de las sacrosantas 650 toneladas de oro depositadas en los cofres del Banco de Portugal han tomado el camino de los bancos extranjeros, probablemente para no volver, consumidas sin provecho para el país, ya que los créditos actualmente disponibles no cubren más que algunas semanas de importaciones al ritmo actual. Hasta finales de 1983 serán necesarios cerca de 2.500 millones de dólares para que Portugal pueda hacer frente a sus obligaciones.

Entretanto, las inversiones están paradas, así como los grandes sectores productivos -la construcción civil y la construcción naval- y la fuga de capitales, la corrupción y la economía subterránea desvían millones y millones del erario público: recientemente el Banco de Portugal atribuyó a estos fenómenos cerca del 25% del montante del déficit anual de la balanza de transacciones. Además, la crisis europea tiene fuertes repercusiones sobre el turismo y la emigración.

Los emigrantes

Los cerca del millón de trabajadores portugueses en Francia eran los que más contribuían al volumen global de transferencias de divisas de la emigración: hace meses que sus envíos vienen menguando y la situación no va a mejorar en los próximos meses, a pesar de la decisión reciente de devaluar el escudo en más del 15% en relación al franco francés, contra el 12% o el 13% aplicado en relación a las demás divisas.Otro golpe ha venido con la decisión del Gobierno de Bonn de estimular a los emigrantes a regresar a sus países de origen. Para los comunistas, para los sindicalistas de la CGT y de la UGT -y para Mario Soares, antes de las elecciones- no se debe atribuir todas las culpas a la crisis mundial: está también el comportamiento insolidario y antinacional de una parte del empresariado privado y la in competencia y la gestión ruinosa de muchos responsables -nombrados por el Gobierno- de empresas públicas.

Simultáneamente a la discusión del programa del Gobierno, la CGT (de mayoría comunista) publicaba los números rojos de su propio balance de la situación: 100.000 trabajadores sin salarios hace meses, 300.000 contratos temporales y un millón de trabajadores afectados por la falta de revisión, este año, de los convenios colectivos.