Andorra dejará de ser un paraíso fiscal

"Es evidente", afirma Ribas, "que para nutrir los fondos necesarios para los gastos de la Administración hay que apoyarse en los impuestos". Las subidas impositivas indirectas han causado malestar, pero la situación económica, con una inflación importante año tras año, crea esta inestabilidad presupuestaria. El presupuesto ordinario andorrano para el presente ejercicio es de 3.683 millones de pesetas, incluidas las cifras destinadas a paliar los daños de las riadas.

"Buscamos nuevas fórmulas", añade el jefe del Ejecutivo, "para aumentar los recursos del Gobierno, pero no fórmulas fáciles como emitir deuda pública, por ejemplo. Habrá que inventar nuevas fuentes que proporcionen ingresos con cierta continuidad".

Crisis de las finanzas públicas

Estas palabras, extremadamente realistas, no dejan lugar a dudas sobre la dificil situación de las arcas públicas. Representan también una clara definición de la política económica que va a emprender el Gobierno Ribas en los próximos meses. La crisis de las finanzas públicas obligan a una mayor incidencia fiscal. Pero resulta que la Administración sólo cuenta con unos sistemas recaudatorios anticuados, inconvenientes e inoperantes a largo plazo. Las famosas "taxes" son una reliquia medieval que, aplicadas a la vida moderna, a los carburantes y a las mercancías, producen unos efectos totalmente desajustados a las necesidades recaudatorias.Por eso, con el propósito de superar esta de crisis de las finanzas, Andorra va a situar las bases de una estructura jurídica de nueva creación, con objeto de organizar y, sobre todo, racionalizar la Administración pública. Y para ello ha elaborado varios proyectos de ley, de entre los cuales destacan el de creación del Instituto Andorrano de Finanzas, el de Organización d e la Administración Pública, el de Sociedades Mercantiles, el de Contratación Pública, el del Patrimonio Nacional, el del Registro Inmobiliario y Mercantil, el de la Ley Básica del Ordenamiento Tributario y el proyecto de Ley Básica de Reforma y Creación de Fuentes Impositivas, que incluye la reforma de los sistemas actuales y la creación de los impuestos de registro y transacciones sobre la actividad mercantil.

Toda esta nueva normativa financiera y tributaria va a convertirse, ajuicio de la oposición parlamentaria del país, en la "maraña impositiva" con la que el Gobierno actual intentará sanear las arcas de Casa la Vall".

La contención del gasto público podría ser una de las soluciones a la crisis financiera. Pero para aplicar las medidas pertinentes, sería necesario partir de un concepto de economía controlada al que, por fortuna, Andorra no está acostumbrada. La libertad en los negocios y el más escrupuloso sentido de la oferta y la demanda son las características, inalterables por ahora, del siempre admirado Principado de los Pirineos.

Con los números en la mano el jefe del Gobierno andorrano expllcó lo siguiente, a propósito del desequilibrio presupuestario: "Durante la primera quincena del mes de mayo, se ha podido comprobar una situación preocupante ya que, por ejemplo, desde el 1 de diciembre de 1982 al 13 de mayo de 1983, el gasto público asciende a 1.552 millones de pesetas, mientras que los ingresos en este mismo período de tiempo son de 1.275 millones; es decir, se registra un déficit de 277 millones de pesetas que, para un país como Andorra, es un importante desnivel".

El déficit al que aludió el jefe del Gobierno andorrano es un exponente de la situacón económica real del país.

Legalización de inversiones extranjeras

Un soporte necesario parece ser, hoy por hoy, el de la inversión extranjera. En este sentido se espera que para dentro de muy poco esté perfectamente legalizado el proceso de llegada de capital extranjero que impulse la reactivación. En este sentido, el ejecutivo andorrano ha preparado una nueva redacción de la Ley de Socíedades Mercantiles (que se encuentra parada desde 1973) por medio de la cual no sólo se legalizará la inversión extranjera -principalmente de España y Francia- sino que se establecerá un ordenamiento jurídico para muchas empresas que en la actualidad permanecen en situación totalmente descontrolada por parte de la Administración.En este sentido, y con el deseo de alcanzar cuanto antes dicho ordenamiento, el ejecutivo ha llevado el tema al terreno jurídico y -de un modo interino, en espera de la aprobación de la Ley correspondiente- ha empezado a legalizar algunas empresas. Se estima que por lo menos 100 han sido ya acreditadas por los organismos corre spondlente s de la Casa de la Vall. De este modo el volumen de negocio experimentaría una aceleración importante, al tiempo que permitiría la posibilidad de vislumbrar en este entorno la esperada y ansiada recuperación de los sectores básicos de la economía andorrana.