13 mujeres serán juzgadas hoy en Valladolid acusadas de aborto para salvar el honor

Trece mujeres serán juzgadas hoy, lunes, en Valladolid acusadas de prácticas abortivas. El fiscal pide 96 años de prisión para la abortera (seis por cada uno de los 14 abortos realizados y varios más por apropiación indebida de un título académico y por utilización de material quirúrgico), que se encuentra en prisión desde junio de 1981, fecha en que fue detenida y se inició el proceso. Para las 12 mujeres acusadas de haber abortado se solicitan penas que oscilan entre los seis meses y un día para las casadas y un mes y un día para las solteras. En estos últimos casos se ha con siderado como atenuante la preservación de la honra familiar. Todas ellas han debido abonar 60.000 pesetas en concepto de responsabilidades civiles y, des de hace dos años, han tenido que personarse los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado, mientras que a la abortera, de 60 años de edad, se le negó la libertad bajo fianza y sólo en los últimos meses ha podido salir de la prisión los fines de semana. Actualmente se halla en tratamiento psiquiátrico. El proceso ha motivado constantes protestas y acciones de colectivos feministas, coordinadoras de mujeres, asociaciones de vecinos, CNT y partidos de la izquierda extraparlamentaria cuyos miembros han protagonizado encierros, manifestaciones y recogida de firmas y han solicitado insistentemente la libertad de las procesadas y que el juicio sea público, puesto que se sospecha y teme que puede desarrollarse a puerta cerrada. Todas las mujeres procesadas por haber abortado son de extracción humilde y la mayoría tiene graves problemas económicos y familiares. Una de ellas tiene cinco hijos de corta edad, dos de los cuales son deficientes mentales. Abortó cuando aún tenía cuatro y posteriormente, ya procesada, le nació otro que es disminuido psíquico y presenta graves problemas en el oído. Otra, procesada por dos abortos, decidió abortar a los pocos meses de tener su primera hija, "que sí deseaba". Tenía 20 años y, tras dar a luz, supe que el segundo hijo podía venir con problemas por una incompatibilidad sanguínea con mi marido, eso de los rh, él estaba en el paro y no teníamos ni casa ni ingresos económicos; pensé que no obraba mal por no desear traer hijos al mundo para matarles de hambre. Si ni el Estado ni nadie se preocupa por nuestra falta de trabajo y de casa, ¿por qué se preocupan de lo que hago con mi cuerpo si, además, yo no me he metido con nadie por hacer esto?". Otra de las mujeres, que tiene hijos de 14, 8 y 7 años, sufrió desprendimiento de matriz en el primer alumbramiento "y desde entonces no he estado bien, y en la Seguridad Social no me han, hecho ni caso. Una vez llegaron a enviarme a casa con fiebre y me vino una fuerte hemorragia. Cuando supe que estaba embarazada por cuarta vez no lo dudé". Esta mujer, de 40 años, asegura que sufre malos tratos: "Mi marido nos hace la vida imposible, tanto a mí como a mis hijos", y que este problema, unido a su situación económica, fue decisivo. Casi ninguna de ellas podría beneficiarse de la ley de despenalización del aborto. "Creemos que esta ley es como tener un tío en La Habana".