La nueva política económica a medio plazo

Ocurrió primero con la tasa prevista de "crecimiento del pr6ducto interior bruto". Felipe González anunció en diciembre, en su discurso de investidura, un objetivo del 2,5% como índice de crecimiento del PIB para 1983, objetivo que fue rebajado al 2% sin más explicaciones a principios del año por el ministro de Economía en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, y ahora, este objetivo ha sido revisado de nuevo por el propio presidente del Gobierno con ocasión de su intervención en el simposio organizado por el Herald Tribune y el Consejo Superior de Cámaras, y habla ya de un 2% para 1984 en lugar de 1983.Como no podía ser menos, otro tanto ha pasado con el famoso compromiso electoral de los 800.000 puestos de trabajo netos". Este compromiso fue la principal bandera que enarboló el PSOE en la campaña de las generales, y, según todas las encuestas, constituyó un elemento decisivo para alcanzar los 10 millones de votos. Sin embargo, a la vista de que el paro sigue creciendo, se diluyó primero el compromiso en los cuatro años de legislatura, y en el simposio aludido, el presidente González se ha preparado para abandonarlo diciendo ya que "querríamos alcanzar" ese objetivo. Más claro todavía ha sido el ministro Solchaga, que, aunque fue uno de los que reiteradamente anunciaron en la campaña electoral la creación de los 800.000 empleos netos, acaba de reconocer que es "casi imposible" que esta cifra la alcancen en esta legislatura, añadiendo a continuación para cubrirse más y como quien no quiere la cosa, que no le parece importante si el objetivo de los 800.000 puestos de trabajo se logra en 1986 o en 1987.

Para que no falte nada en la "ceremonia de la confusión", al hablar del programa económico a medio plazo -y también en el mismo simposio-, el presidente del Gobierno anunciaba un objetivo del 4% como tasa de inflación para 1986 y, a continuación, el propio Boyer descalificaba esta previsión considerándola demasiado optimista.

Todo este conjunto de contradicciones deja claro que, a un lado los estudios técnicos de previsiones que pueda tener hechos la Secretaria de Estado de Planificación, el Gobierno como tal no tiene todavía diseñada y asumida una "política económica a medio plazo" para presentar como marco en la tanda de conversaciones que se anuncian para la concertación social y que deben ir acompañadas de un amplio debate político.

Un debate en el que las conclusiones previsibles no están en absoluto predeterminadas por el llamado "escaso margen de maniobra que permite la situación", pero sí probablemente por la "posición hegemónica del partido en el Gobierno" y la escasa flexibilidad que hasta ahora parece mostrar hacia otras posiciones.

Me parece, en todo caso, que a los políticos nos corresponde la responsabilidad de contribuir a ese debate.

Hay una primera cuestión de enfoque que me gustaría aclarar. Creo que en la vida económica española, tanto a la hora de los análisis como de las estrategias de acción, se adolece de falta de perspectiva y se, olvida con frecuencia que "con unos mismos datos macroeconómicos pueden coexistir situaciones sectoriales y empresariales totalmente diferentes".

Por ello considero imprescindible que el debate tenga lugar -para resultar útil de verdad-. Además de ser coherente en términos macroeconómicos debe proyectar éstos al ámbito microeconómico ya que "es al mundo de las empresas y a las políticas sectoriales donde acaba transfiriéndose la necesidad del ajuste". De ahí la exigencia de definir cuál va a ser "la filosofía de la nueva intervención administrativa", el diseño de "la nueva política industrial" y el marco de las "reglas de juego" precisas para disminuir la incertidumbre de los próximos años.

Personalmente, aunque tengo intención de abordar en artículos sucesivos estas tres últimas cuestiones y de forma fundamental el enfoque y criterios de la política industrial, hoy me limitaré a referirme al aspecto macroeconómico ya que los planteamientos del presidente González me han parecido poco coherentes en algunas cosas, excesivamente utópicos en otras y demasiado conservadores y escasamente ambiciosos en su visión de conjunto y a la hora de crear empleo, donde si el resto de sus previsiones se cumplen (especialmente las del crecimiento del PIB de un 2% en 1984 y 3% en 1985) no habrá en ningún caso los puestos de trabajo prometidos.

La incoherencia está en que con esos objetivos de crecimiento, cualquiera sabe que es imposible aumentar el empleo en los niveles previstos. La utopía está en hablar de una tasa del 4% de inflación sin especificar los medios por los que espera conseguirla -aunque ya el señor Boyer ha amenazado que si suben los salarios está dispuesto a "reajustes brutales"- y es utópica también su referencia a la salud de la peseta. Y es un planteamiento excesivamente conservador y poco ambicioso a la hora de enfocar la política de inversiones y de reasignación del gasto.

Una política económica a medio plazo debe estar orientada a conseguir "más bienes y servicios para la cobertura de las necesidades sociales y el mejor reparto de los mismos entre los diferentes grupos", poniendo el acento en uno u otro de los aspectos en cada momento en función de las circunstancias que se den.

Ello implica pronunciarse. sobre los siguientes puntos:

-El reparto del PIB entre consumo e inversión.

-El nivel de crecimiento y el de ocupación.

El equilibrio exterior e interior.

-La política de rentas.

-El nivel de bienestar que se desea alcanzar no sólo en los términos cuantitativos sino de otros que tienen qué ver con la calidad de vida, como: cultura, educación, sanidad, urbanismo, medio ambiente, justicia, etcétera.

Las dos alternativas

Dejando a un lado la consideración de posibles posturas intermedias, se pueden configurar en un horizonte de medio plazo "dos alternativas básicas,"

La primera, fuertemente condicionada por los presentes desequilibrios, supondría optar por un ritmo bajo de crecimiento "a la espera de tiempos mejores", estableciendo un objetivo de aumento del PIB en torno al 2% a partir de 1984 y con un comportamiento paralelo de las restantes magnitudes. Esta alternativa supone renunciar a afrontar el problema del paro, centrándose exclusivamente en la contención de la inflación.

La alternativa básica del otro extremo estaría a partir de una "utilización intensiva del potencial de desarrollo existente", aprovechando la ventaja que supone la actual coyuntura energética y la mejora de expectativas internacionales, y apoyándose en un sólido pacto social que permita una adecuada política de rentas y una moderación del consumo público y privado, de forma que se pueda desacelerar la importación y liberar capacidad de producción en los sectores no infrautílizados para atender al reto exportador, así como aumentar la formación bruta del capital fijo hasta cifras superiores al 25% del PIB.

Esta alternativa debe permitir aproximar nuestros ritmos inflacionistas a niveles más próximos al contexto económico en que nos movemos para mejorar nuestra competitividad, al tiempo que se produce un crecimiento más intenso del PIB (no creo descabelladas tasas del 4% y superiores a partir del año 1984/1985), basado en la inversión, la mejora de la productividad y el mayor número de trabajadores.

Entre estas alternativas se encontrará, previsiblemente, el resultado de los próximos años, en función de las decisiones que adopte el Gobierno, el contenido del pacto social, el comportamiento de los agentes económicos y la evolución del entorno en que nos movemos.

Ambas alternativas básicas cuentan con la previsible recuperación de las economías occidentales y el consiguiente tirón de EE UU, pero mientras la primera todo lo fía a las decisiones de Washington -y eso es lo que parece ocurrirle al actual Gobierno-, la segunda trata de "sacar partido también de las bolsas de crecimiento potencial encubiertas" que tenemos en nuestra estructura: infrautilización productiva, nivel de ocupación, retraso tecnológico, renta de situación, mejoras organizativas, reasignación de recursos en un contexto económico más amplio, etcétera.

Nadie podría, decir que una u otra política tenga más posibilidades de éxito, de cara a subirnos al tren de la, recuperación, pues dichas posibilidades van a depender fundamentalmente, como antes señalábamos, del "aJuste que se haga en el ámbito empresarial y sectorial" y de la capacidad para reasignar gastos y para asumir esfuerzos comunes.

Lo que sí es evidente es que la disciplina tendría que ser posiblemente mayor en la segunda alternativa, que exigiría en su aplicación una política económica que, sin abandonar el control de las magnitudes monetarias, se diera cuenta de que no acaban ahí todos los problemas. Pero crecer a ritmos más altos y abordar de verdad el desempleo bien vale la pena el esfuerzo solidario que supone una política de rentas y aumentar los niveles de ahorro e inversión. De ahí la necesidad del pacto como condición indispensable.