Los nacionalistas y el PSOE pactan sobre el delegado del Gobierno en las comunidades

La Comisión Constitucional del Congreso dictaminó ayer una proposición de ley presentada por la Minoría Catalana por la que se desarrolla el artículo 154 de la Constitución, relativo a la figura del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma. La mayoría de las reformas introducidas por los socialistas en el texto inicial contaron con el acuerdo de las minorías nacionalistas, mientras el Grupo Popular fracasó en su intento de reforzar el papel del delegado del Gobierno en materia de orden público y ampliar sus competencias, en especial para fiscalizar la comunidad autónoma.Según el texto aprobado el delegado del Gobierno ostenta la representación de éste en el territorio de la comunidad autónoma y ejerce su superior autoridad sobre los gobernadores civiles y sobre todos los órganos de la Administración civil del Estado en el territorio citado. Corresponde a este cargo dirigir y coordinar la Administración civil del Estado e impartir, conforme a las directrices del Gobierno, las instrucciones necesarias para ordenar la actividad de sus servicios, así como mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación con la Administración de la comunidad.

Una de las modificaciones se refiere a la información entre el Gobierno y la comunidad autónoma. Según el texto aprobado, el delegado del Gobierno podrá solicitar la información que necesite a los organismos de la comunidad autónoma y "facilitará al consejo de gobierno de la comunidad, y a través de él a su asamblea legislativa, la información que ésta precise para el mejor ejercicio de sus competencias".

Por el Grupo Popular, Modesto Fraile consideró que existía excesiva vaguedad en el texto aprobado sobre las competencias del delegado del Gobierno, y que debería establecerse las competencias sobre los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Estas enmiendas no fueron aceptadas y tampoco otra mantenida por el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Francesc Vicent, quien defendió que el delegado del Gobierno presida, si asiste, "cualquier acto oficial del Gobierno o de la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma, salvo cuando asista el presidente del consejo de gobierno o de la asamblea legislativa de la misma".