3.000 personas están controladas por implicación en operaciones de contrabando

El Servicio de Vigilancia Aduanera tiene fichadas a 3.000 personas de toda Galicia como directamente implicadas en actividades contrabandistas, según declaró el inspector general del servicio, Francisco Gil del Real, en conferencia de prensa celebrada ayer en el parador nacional de Bayona (Pontevedra).

El inspector general, por otra parte, restó importancia a la fuga de dos de los tripulantes que formaban parte de los barcos contrabandistas apresados el pasado lunes en las costas gallegas, señalando que no se dispone de medios humanos ni materiales suficientes como tampoco de unas dependencias adecuadas para retener y tomar declaración a diecinueve personas. Al mismo tiempo desmintió categóricamente versiones que indicaban que se trata de dos soplones cuya huida habría sido consentida por los agentes encargados de su custodia.En la conferencia de prensa estuvieron también presentes el subsecretario de Interior, Carlos Sanjuán; el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, Miguel Sánchez AIberti; el subdirector general, Miguel Ángel del Valle-Inclán, y el gobernador civil de Pontevedra, Virginio Fuentes. Todos ellos celebraron una reunión con mandos de Marina y de la Guardia Civil de la zona para analizar la situación del contrabando en la provincia y de las medidas a abordar ante el problema.

La posición del Gobierno con respecto al problema del contrabando quedó resumida en las declaraciones del gobernador civil de Pontevedra, que señaló que el caciquismo, que hasta hace poco ,se había asentado en la ignorancia del pueblo y en la complicidad de la Administración, busca ahora soporte en el negocio del contrabando. Coincidió el subsecretario del Interior con el gobernador civil en que la situación trasciende de un delito económico y fiscal para situarse como un problema de Estado que puede poner en peligro la vida democrática de la zona, razones que aconsejaron abordar el problema en profundidad, para lo cual se intensificará la colaboración entre los ministerios de Hacienda e Interior, contando que el apoyo de la Armada y la Guardia civil.

Las primeras medidas se orientaron -según la explicación de Carlos Sanjuán- a sanear los cuerpos encargados de la represión del contrabando, y en este contexto cabe situar la detención de diecisiete guardias civiles sospechosos de colaborar con los contrabandistas, al tiempo que anunció que seguirán otras medidas, incluyendo la investigación del origen de los bienes de las personas dedicadas a este ilícito comercio.