150 agricultores murcianos, enfrentados con una condesa por las tierras que cultivan

Los terrenos que desean seguir cultivando 17 familias murcianas, ocupan una superficie de 45.000 metros cuadrados. Se encuentran en la población de Los Dolores, y en opinión de su propietaria han dejado de ser rústicos, convirtiéndose en urbanos, por lo que, de acuerdo con la ley, es posible instar el desahucio de los arrendatarios.De acuerdo con las manifestaciones hechas por Francisco Navarro, abogado de la condesa propietaria de las tierras, han coincidido una serie de circunstancias que permiten apoyar la idea de que tales terrenos han perdido su condición de rústicas. Entre ellas se encuentran las de que el Ayuntamiento de Murcia ha realizado las obras de alcantarillado en la zona, dotándola también de alumbrado público. Asímismo, según las informaciones del abogado Navarro, es posible construir -y de hecho se construye- a ambos lados del carril de La Enera, donde se encuentra la finca afectada.

A los citados datos hay que unir, en opinión de la propietaria, que las contribuciones especiales que debe.abonar por las obras, citadas antes y por otros gastos -que no pueden repercutir en los arrendatarios- le supone pagar unas 100.000 pesetas más de la que recibe por las rentas de las 17 familias. "La condesa no viene decidida, invariablemente, a desahuciar a los arrendatarios de sus tierras", ha declarado a este periódico Francisco Navarro, "sino que está en la mejor disposición, y lo que pretende es llegar a un acuerdo con ellos para encontrar solución al problema, de manera que las mismas no le cuesten dinero,como le viene sucediendo hasta ahora". A la pregunta de si cabría un entendimiento sobre la base de aumentar el canon que vienen pagando las familias afectadas, y evitar así el desalojo, Navarro Martínez insistió en la "buena disposición" de la condesa de la Real Piedad.

Si no se alcanzase el acuerdo entre propietaria y agricultores, la primera se basaría en al artículo séptimo de la ley de Arrendamientos Rústicos, en concreto en su circunstancia tercera, en la que se dispone que no será de aplicación dicha ley cuando las fincas tengan, por cualquier motivo ajeno al destino agrario, "un valor en venta superior al doble del precio que normalmente corresponda en la comarca o zona de las de su misma calidad. o cultivo". Y sigue diciendo el artículo que, de darse esa circunstancia -entre otras que cita-, "el arrendador podrá poner término al arrendamiento..."

La pretensión de la propietaria de las tierras, de basarse en los citados preceptos, sólo prosperaría en el caso de que se propusiera "edificar, establecer instalaciones industriales o destinar la tierra (...) a actividad no agraria". Lo agricultores deben ser avisados con seis meses de antelación del propósito del arrendador de dar por finalízado el arriendo, y debe rán dejar libre la finca a la terminación del año agrícola. De acuerdo con los plazos previstos, y con las acciones ya emprendidas por la condesa, una familia está abocada a dejar las tierras el próximo mes de junio, mientras que el resto se encontrará en idéntica situación el año próximo, por las mismas fechas. La rapidez en cuanto a este primer desalojo -que puede ser el inicio de un triste éxodo- se debe a que dicha familia -la de Alejandro Marín- ha montado una tienda de alimentación en su casa, lo que, según el abogado, "indicaría que ya no cultiva la tierra y que constituiría un contrasentido seguir manteniendo el arriendo, por el que los afectados pagan anual mente 1.000 pesetas por tahúlla".

Posible acuerdo

La opinión reinante entre los arrendatarios y sus familias es unánime: están decididos a seguir cultivando las tierras, al igual que lo vienen haciendo, a lo largo de seis generaciones, desde hace 200 años. No descartan la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque como dicen, "tendrá que ser sobre una base razonable y sin que noso tros llevemos la de perder. Aquí hemos echado raíces, aquí hemos sudado mucho cultivando los ban cales, y no será fácil que ahora después de tantos años y sacrificios, nos echen. Eso sería una injusticia".En los últimos días, estas personas realizan diversas gestiones, que consisten en entrevistas con autoridades y en manifestaciones públicas. Se han reunido con concejales en el Ayuntamiento de Murcia, donde se les informó que los terrenos siguen estando calificados de rústicos.

Los agricultores rechazan el desahucio, no sólo por la situación que el mismo conlleva de quedarse en la calle, sino porque la indemnización que percibirían sería de poca importancia.