El Fondo de Garantía de Depósitos se apresta a vender las participaciones industriales de Banco Catalana

Con la adjudicación, en subasta celebrada el pasado martes, del grupo Banca Catalana a un pool de 13 entidades privadas dirigido por la gran banca española, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) -organismo dedicado a sanear y reflotar bancos y compuesto y financiado a partes iguales por el Banco de España y por la banca privada- se ha convertido en el primer grupo industrial de Cataluña y en uno de los primeros de España.En cumplimiento de las condiciones ofrecidas en el concurso-subasta, el Fondo ha asumido la propiedad de todas las participaciones industriales de Catalana y sus filiales. El valor de las mismas, con criterios de mercado muy ajustados, puede oscilar entre los 20.000 y los 30.000 millones de pesetas. Con ello, el patrimonio del Fondo, contando activos industriales e inmobiliarios, se sitúa cerca de los 100.000 millones de pesetas.

El paquete industrial de Catalana retenido por el Fondo abarca participaciones -en general minoritarias- en un centenar de firmas, entre empresas matrices y filiales. En muchos casos estas participaciones se originaron como consecuencia de la posición acreedora de la banca, convirtiéndose el crédito de difícil recuperación en participación de capital. Del centenar de compañías sólo unas 50 tienen importancia por sí mismas o son cabeza de pequeños grupos. Seis de ellas son grandes empresas, con facturación cercana a los 10.000 millones de pesetas. Se trata de Nurel, Montefibre Hispania, Roca Radiadores, el grupo Corberó, Torras Herrería y Explasa. El resto son firmas medianas y pequeñas, concentradas en Cataluña, pero con presencia en otras zonas (Tauste Ganadera, en Aragón; el grupo Vilarrasa, en Valencia; Industrias Cárnicas Cordobesas, en Andalucía) y que están distribuidas en muy diversos sectores de la producción, de la metalurgia a la construcción, pasando por la ganadería, el textil, los electrodomésticos, los seguros o la informática.

Como en el caso de Rumasa, el Estado ha devenido propietario -aunque en esta ocasión a medias con la banca privada- de una cadena de tiendas: no se trata ahora de boutiques de artículos qualité, como Loewe, sino de 17 comercios de ultramarinos y textiles baratos, la cadena Europrix, en suspensión de pagos. A diferencia de Rumasa, se ha llegado a este mismo resultado, a esta misma anécdota, sin mediar nacionalizaciones de ninguna especie.

¿Cuál es el futuro de estas participaciones industriales? La situación financiera de las mismas es muy diversa. Unas ganan dinero. Otras lo pierden. Al frente de la mayoría de ellas figura un empresario o un equipo directivo sólido, que puede funcionar autónomamente, mientras que unas pocas dependían del banco y necesitan una nueva gestión. Las más no tendrán otro problema que el de encontrar un nuevo socio minoritario o conducir a sus propietarios a que adquieran el paquete que hoy ostenta el Fondo. Otras dependían estrechamente de las líneas de financiación abiertas por el banco madre.

El propósito del Fondo es, en cualquier caso, vender estas participaciones al sector privado. Sus directivos operan con la siguiente distinción: "En la mayoría de casos, se trata de participaciones pequeñas, muchas de las cuales podrán ser enajenadas a los socios mayoritarios a precio de mercado". El objetivo del FGD es recuperar el máximo dinero posible del que ha destinado al grupo, "pero no tenemos prisa, no venderemos a precios de saldo". Sus negociadores suelen poner cara de póquer. Tienen buenas bazas para ello. Se trata de funcionarios sometidos -al menos, en parte- a la disciplina del Banco de España, y a muchos eventuales compradores (socios mayoritarios de las firmas en cuestión) quizá no les interese mantener largo tiempo a un socio público, frecuentemente incómodo y curioso a la hora de examinar contabilidades, cumplimientos fiscales y otras obligaciones.

Los diferentes casos

Al lado de esta mayoría, indican fuentes del FGD, "se pueden contar con los dedos de una mano las empresas que requieren ahora una gestión y vigilancia diaria por el Fondo", bien porque dependían completamente de la financiación de Catalana, bien por la agudeza de sus crisis, bien porque no hay un empresario comprometido que las encabece. Son exactamente 10 empresas. El objetivo de sus actuales rectores es ponerlas en rentabilidad -ajustando plantillas, reestructurando la gestión, invirtiendo si tienen futuro, es decir, actuando con criterios estrictamente empresariales"- para poder venderlas en una segunda fase. El principal problema radica en que, en estas 10 empresas, el Fondo, al igual que Catalana en su tiempo, simultanea su posición de accionista con la de acreedor, lo que supone una cierta contradicción de funciones.Entre las participaciones que pueden encontrar una salida más fácil -por ejemplo, su venta a los accionistas mayoritarios, españoles o extranjeros- figuran el 15% de Ferrer Internacional, grupo farmacéutico cuyo paquete de control lo ostenta Carlos Ferrer Salat; el 6% de Roca Radiadores, de la que la familia Roca posee la mayoría, estando el otro 6% en manos del expropiado grupo Rumasa, lo que originó una nacionalización, por error, de la compañía, durante 24 horas; el 20% de Tauste Ganadera, donde manda la Caja de Ahorros de la Inmaculada; el 20% de la central frigorífica Cefrusa, cuyo paquete mayoritario pertenece a la familia Raventós, o el 9% de Talleres Casals (fabricantes del taladrin Casals), donde la multinacional Robert Bosch tiene un 20% y la familia Casals el resto. Todas ellas han venido repartiendo dividendo en los últimos ejercicios.

Otras participaciones del Fondo, a raíz del desenlace de la crisis de Catalana, son las de la textil Nurel; la del grupo siderúrgico encabezado por Torras Herrería, donde posee un 15%; el 18% de la agropecuaria Explasa; el paquete de La Farga Casanova y el del grupo Vilarrasa, y el 50% de la metalúrgica Pignone Española.