El déficit de Rumasa cuando fue expropiada era de 400.000 millones de pesetas, según los administradores

El déficit patrimonial de Rumasa -diferencia entre el valor de sus activos y el de los recursos propios más deudas- era el día de su expropiación de unos 400.000 millones de pesetas, según las últimas estimaciones de los nuevos administradores, que las califican de conservadoras. Mañana, lunes, cuando se cumplen tres meses de la decisión del Gobierno, serán dados a conocer los nombres de las firmas que completarán la auditoría general coordinada por Arthur Andersen y que en septiembre próximo permitirá confirmar el balance consolidado del holding al 23 de febrero. Pero este balance será terminado provisionalmente por los administradores antes de las vacaciones del verano, para que puedan empezar los concursos de reprivatización de empresas o las gestiones de su venta directa.

Las estimaciones de déficit patrimonial en el momento de la expropiación, dato que determinará el precio que ofrecerá pagar el Gobierno a los accionistas de cada empresa, una vez confirmado, se basan en el balance consolidado hasta el 31 de diciembre último y en el conocimiento adquirido de las empresas durante estos tres meses. Como ha reiterado en varias ocasiones el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, hasta haber fijado los justiprecios y realizar las reprivatizaciones que procedan no se conocerá el coste del caso para el Estado.El déficit patrimonial existente a finales del pasado año, conocido por los nuevos administradores hace un mes, era exactamente de 200.396 millones de pesetas, con los citados 56.700 millones de pérdidas atribuibles al ejercicio 1982. Pero estas cifras, cuyo desglose es mantenido en secreto tras las primeras filtraciones parciales (véase EL PAÍS de 20 de abril), fueron calculadas sobre los datos contables dejados por el equipo de Ruiz-Mateos, después de eliminar determinados ajustes y sobrevaloraciones que los nuevos administradores consideraron injustificados.

Seis boquetes junto al 'agujero'

Según fuentes competentes dicho agujero -Ruiz-Mateos lanzó desde Londres la cifra de 500.000 millones de pesetas de superávit patrimonial- representa un conjunto de mínimo de mínimos, al que han de añadirse al menos los siguientes seis conceptos: -Las pérdidas de los dos primeros meses del año. Como el grupo llevaba un ritmo de pérdidas que iba a llegar probablemente a unos 110.000 millones de pesetas en 1983, habrá que sumar al menos por este concepto unos 20.000 millones. Para el presente ejercicio, los nuevos administradores esperan reducir los 56.700 millones de 1982.

-La incidencia de las empresas de la Rumasa sumergida dentro de España, que ya está totalmente bajo dominio y que no fue incluida en el primer balance. Buena parte de las empresas de este grupo arrojan pérdidas, como la gran mayoría del grupo conocido y expropiado directamente. Después de algunas dudas, el Gobierno decidió no incluir estas empresas en una lista aneja de expropiaciones, porque varios cientos eran meras sociedades instrumentales.

-El efecto de la Rumasa exterior. En este caso, los nuevos administradores no tienen el dominio de algunas sociedades, aunque sí conocen sus cuentas.

-Otros 20.000 millones de pesetas largos por las participaciones de accionistas minoritarios en el déficit consolidado.

-Cerca de 100.000 millones de pesetas más por los pasivos o deudas del grupo que han aparecido tras la expropiación. Se trata, fundamentalmente, aparte de las facturas o contratos de obligaciones presentados al cobro desde entonces, 31 de las que puedan serlo en el futuro, de las posibles deudas fiscales y a la Seguridad Social. Además de los casi 30.000 millones de pesetas de liquidaciones fiscales no prescri tas, otros 24.500 millones se han ido acumulando tras la expropiación por las retenciones deriva das de la renta de las personas físicas, tráfico de empresas y lujo. Habrá que añadir eventuales deudas a la Seguridad Social (se tiene conocimiento de al menos 11.000 millones de pesetas) y otras a Hacienda, cuyas cifras definitivas se sabrán a raíz de las inspecciones fiscales y de Trabajo y Seguridad Social iniciadas hace algunas semanas.

-Por último, deberán ser sumadas a todo lo anterior las posibles minusvaloraciones de activo que surjan en cada empresa. Siempre según las fuentes consultadas, el criterio para fijar el déficit neto de 200.396 millones de pesetas a 31 de diciembre fue valorar los activos al máximo y las deudas al mínimo.

Baja de créditos

Esta última operación afectará sobre todo a la veintena de bancos nacionales del grupo, aunque también a las empresas. Los créditos concedidos por los bancos a las empresas del grupo eran en bastantes casos de tal envergadura respecto al capital propio de las sociedades que resultaban incobrables. El problema planteado aquí desde los primeros momentos, al existir la garantía estatal sobre todo el grupo, ha sido dónde dar de baja los créditos, pues cabían dos posibilidades: en los bancos, que estaban para financiar las empresas, o en las empresas, que controlaban directa o indirectamente a los citados bancos. Las empresas eran financiadas sin límite por los bancos y éstos no dejaban de captar dinero entre las mismas, en continua expansión, ni entre el público en general, por lo que difícilmente se presentaban problemas de tesorería y la bola crecía. Se ha podido comprobar, según uno de los administradores, que varios bancos no hicieron en cuatro años una sola póliza de crédito a empresas ajenas al grupo, aunque siempre trataban de cumplir los coeficientes de inversión obligatoria para no echarse encima al Banco de España. En los tres primeros meses tras la expropiación, el Fondo de Garantía de Depósitos y el Banco de España han cubierto con créditos las retiradas de fondos por parte de la clientela de los bancos, al parecer bastante más de 100.000 millones de pesetas.

Como consecuencia de la operatoria seguida por José María Ruiz-Mateos, según las mismas fuentes, las cargas financieras se comían el grupo, que precisamente ha resultado era estratégicamente inflado para mantener su esquema de huida hacia adelante. Frente a los 450.000 millones de pesetas que tenía el grupo de deudas exigibles quitando bancos, había un inmovilizado materiales decir, el valor de las inversiones. reales, como edificios, máquinas, mobiliario, enseres, etcérera- de apenas 125.000 millones de pesetas, y ello según los citados criterios conservadores de valoración. "Si excluimos también los bancos", agregaron las fuentes, 1as ventas reales del grupo en 1982 quedaron en 192.000 millones de pesetas. Y de ellas, casi 70.000 millones procedieron del conjunto de las empresas de grandes almacenes y distribución, que reunían 14.000 trabajadores. La práctica de inflar las ventas y el número de trabajadores, así como el número de empresas del grupo, perseguía que los bancos pudieran captar dinero para continuar la expansión.