El cohecho y el corporativismo

DE FORMA casualmente simultánea, dos jueces en Barcelona y 17 guardias civiles en Pontevedra han sido denunciados por utilizar para su beneficio personal las funciones públicas que les han sido confiadas por la sociedad. De confirmarse las acusaciones, ambos supuestos entrarían directamente en el tipo delictivo del cohecho, regulado en el capítulo IX del título VII del Código Penal, dedicado a los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo. Pero no acaban aquí las similitudes. En los dos casos, los presuntos comportamientos delictivos no sólo no han sido tapados por los poderes públicos en nombre del espíritu de cuerpo o el principio de autoridad, sino que la indagación de los hechos está siendo promovida por gentes que visten la toga o el uniforme.El expediente abierto por el Consejo General del Poder Judicial a los titulares de dos juzgados de primera instancia de Barcelona se proponía investigar prácticas de cohecho, al parecer realizada s por los magistrados con la ayuda de un despacho de abogados que se ocupa ba de expedientes de suspensión de pagos y de quiebra. La decisión del ministerio público de interponer la co rrespondiente querella ha elevado al nivel penal el litigio, que tendrá que ser resuelto, como consecuencia de las peculiaridades del fuero procesal de la carrera judicial, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Los encausados, así pues, tendrán sobradas oportunidades para defenderse de los graves cargos formulados, cuya eventual veracidad mostraría un alto grado de venalidad y corrupción. De probarse que la designación de interventores, comisarios y depositarios para suspensiones de pagos y quiebras la realizaban los magistrados contra el pago de suculentas comisiones, los inculpados habrían incurrido en un delito de cohecho, cuya condena implicaría automláticamente la expulsión de la carrera judicial.

Las investigaciones llevadas a cabo por la comandancia de la Guardia Civil. de Pontevedra apuntan por ahora a esclarecer las connivencias de 17 guardias civiles -número que podría elevarse hasta casi la treintena- con las partidas de contrabandistas que operan en la frontera entre España y Portugal. Guardias civiles de los puestos de Cuntis y de Cambados y del subsector de Tráfico de Pontevedra estarían implicados en la comercialización ilegal de tabaco,mediante su tolerancia activa y remunerada con el acarreo de los alijos. La conclusión del expediente podría dar lugar a un conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción castrense, ya que resultaría muy difícil no atribuir a los tribunales ordínarios la competencia de este sumario. En cualquier caso, es altamente elogiable que el teniente coronel jefe de la, Guardia Civil de Pontevedra haya asumido la iniciativa de esclarecer los hechos y no haya vacilado ante la ini agnitud de la red de sostén que los contrabandistas tenían dentro de ese instituto armado.

Pero seguramen te el aspecto más destacable de esos escándalos independientes, cuyo paralelismo Se reduce a su común carácter de cohechos y a la simultaneidad de su aparición en los medios de comunicación, sea la rectitud y firmeza mostradas por los cuerpos del Estado a los que pertenecen los acusados para realizar la indagación de los acontecimientos y perseguir a los presuntos culpables. Se diría que comienzan a desaparecer del horizonte las abusivas reacciones de solidaridad corporativa que amparan en ocasiones a los miembros individuales de un escalafón sospechosos de haber incurrido en conductas delictivas. No hace demasiado tiempo podía ocurrir incluso que la justificada denuncia de casos de prevarícación o de cohecho, lejos de ser recogida por el ministerio público o las autoridades para averiguar su fundamento, diera lugar a un proceso contra el desprevenido ciudadano, acusado del delito de injurias "contra la autoridad pública, corporaciónes o clases determinadas del Estado" o "contra los Ejércitos o instituciones, armas, clases o cuerpos determinados de los mismos" por su honesta decisión de contribuir a la defensa de la legalidad.

Con ocasión de algunas acusaciones ciudadanas formuladas contra funcionarios públicos, en asuntos menos diáfanos en sus contenidos delictivos o cuya aclaración ha sido obstaculizada por poderes públicos, hemos tenido ocasión de escuchar el argumento de que los críticos no pretenden en realidad denunciar conductas individuales, sino desprestigiar a las instituciones a las que éstos pertenecen. Un ejemplo que puede ilustrar ese ciego reflejo corporativo de cerrar filas y negarse a escuchar razones y a comprobar hechos es la reacción del Ministerio del Interior frente a las llamadas de atención dirigidas al nuevo Gobierno por letrados e intelectuales de probadas convicciones democráticas en torno a la persistencia -aunque debilitada- de torturas en departamentos gubernativos. Y al mismo orden de atrabiliaridad greínialista pertenecen las tentativas de procesar por injurias a las Fuerzas Armadas a quienes critican las conductas de algunos de sus miembros, o de condenar por desacato a quienes disienten de magistrados o fiscales.

El comportamiento del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio fiscal, en el presunto cohecho de Barcelona, y del teniente coronel de la Guardia Civil, a propósito del supuesto cohecho de Pontevedra, son, en consecuencia, un serio motivo para confiar en la definitiva clausura de esas aberrantes prácticas encaminadas a proteger inútilmente, con el honor o la honestidad de toda una institución, el deshonor o la corrupción de algunos de sus miembros.