El Gobierno de Canadá busca plenos poderes para un nuevo servicio Secreto de inteligencia

El Gobierno canadiense ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para crear un servicio clandestino de inteligencia con suficiente autoridad para interceptar el correo, instalar micrófonos y, registrar oficinas y hogares. El proyecto, que preocupa fuertemente a los defensores de las libertades civiles, prevé penas de cinco años de cárcel para aquellos que revelen información que facilite la identificación de un agente o un colaborador de la futura agencia.El proyecto legislativo que prevé la creación del Servicio de Inteligencia de la Seguridad Canadiense ha sido introducido en el Parlamento a los dos años de que una comisión especial recomendara que la Real Policía Montada de Canadá delegara la responsabilidad de la seguridad nacional en una agencia civil.

La recomendación siguió al descubrimiento de que miembros de la Policía Montada habían cometido diversos crímenes amparándose en que actuaban por motivos de seguridad nacional.

Alan Borovoy, principal consejero de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles, considera que la nueva ley absorbería "un poder absolutamente excesivo en comparación a las necesidades de seguridad del país". Y entiende que, una vez en vigor, "permitirá al Estado inmiscuirse de forma absoluta en la vida privada de las personas, gracias a la tecnología moderna, incluida la escucha electrónica".