Error histórico sobre la Universidad

He cometido un error histórico, hemos cometido un herror histórico. El equipo ministerial acaba de dejarlo bien sentado con su proyecto de ley de reforma universitaria.Al menos en algunos casos, diversos miembros de ese equipo participaron, conmigo y con muchos otros, en ese error. Quizá por ello es mayor la radicalidad de su arrepentimiento y firman ese proyecto como oferta de expiación. Pretendíamos aminorar, con vistas a eliminar, la jerarquización universitaria, y para ello defendimos que todos eran iguales, que las categorías administrativas no son categorías científicas y que no se es mejor docente o investigador en función del número de registro personal, sino, precisamente, en atención a la calidad docente e investigadora. En algunas universidades, esta pretensión -que tuvo costes elevados- alcanzó ciertos niveles de efectividad. Por ejemplo, en la U. A. M. los profesores obtuvieron representación en el claustro en atención a su condición de doctores o no doctores, superando (?) la vieja estamentalización/compartimentación numerarios/no numerarios o catedráticos/adjuntos/encargados/ ayudantes.

Fue nuestro propósito democratizar la vida universitaria, lograr que en los departamentos -base de la actividad científica, docente e investigadora, que constituye esa vida, cuando existe- participaran los estudiantes y los profesores. No diré que lo habíamos logrado todo, pero en algunas partes, cuando menos, se había logrado algo e incluso, me atreveré a decirlo, parecía que estábamos en vías de lograrlo más y más intensamente. Por lo pronto, los directores de departamento debían ser elegidos por los miembros del mismo, y podía ser elegido cualquiera de sus profesores, no necesariamente un catedrático, no necesariamente un funcionario. Bien es verdad que la ley, una ley obsoleta casi en el momento de nacer, que sólo la fuerza de las cosas -y muchas veces la pura y simple violencia- había impuesto, iba por detrás de todo eso, incluso procuraba cercenarlo. Que no lo lograse, y en algunos sitios no lo lograba, era cuestión de fuerza política.

Otro tanto sucedió con cargos directivos de más alto rango, decanos por ejemplo. Se buscaron líneas sinuosas, alegales, que no ilegales, para imponer una voluntad política a la obsolescencia jurídica. También aquí fueron grandes los costos, pero los resultados, si no alcanzaban ajustificarlos pleriamente, eran al menos -y sólo en algunos casos, seré realista- gratificantes.

Estábamos equivocados, estaba equivocado. El equipo ministerial me lo dice claramente, taxativamente: el director del departamento será catedrático, también el rector; el decano será, por lo menos, funcionario..., tal como se desprende literalmente del proyecto de ley. Y los directores de departamento tendrán representación en las juntas de gobierno, que, entre otras cosas, fijarán las plantillas de las universidades. Y los decanos serán elegidos por las juntas de facultad, que no, como hasta ahora, por la facultad misma... Cinco meses y medio ha sido el tiempo necesario para tomar conciencia del error histórico.

Paralelamente, ¡teníamos también instintos más bajos!, estábamos preocupados por nuestra estabilidad laboral. Difícilmente aceptará un trabajador que lo normal es poder ser despedido en cualquier momento por necesidades del servicio, tal como figuraba, y figura, en los contratos..., sin indemnización, sin seguro de desempleo, tampoco con derecho a recurso ante la jurisdicción laboral. Y difícilmente aceptará que no existan trienios, que los salarios sean diferentes, y más bajos, aunque el trabajo es

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