Desarticulado un comando 'ultra' que proyectaba atentar contra el gobernador de Valladolid

La policía vallisoletana ha desarticulado un comando ultraderechista integrado por cinco jóvenes, presuntos responsables de las muertes de un taxista y un empleado de gasolinera y que, según fuentes policiales, pensaban atentar contra autoridades y políticos socialistas, entre ellos, al parecer, el gobernador civil y algunos de los seis parlamentarios del PSOE por Valladolid.

El comando, autodenominado Grupo Armado Nacional Sindicalista 28 de Octubre, se formó tras las últimas elecciones generales como consecuencia del descontento existente en sectores de la extrema derecha por el triunfo socialista. Estaba integrado por José Carlos Bravo de Lamo, José Carlos Ramos Mateos, Santiago Cano Calvo -hijo del presidente del Colegio de Notarios de Valladolid, J. Cano Hevia-, Juan Alberto Rodríguez Martín -alias Willy- y otro joven, conocido por Chema. Los tres primeros han sido detenidos y se encuentran en prision; el cuarto está actualmente en la Legión, y el quinto no ha sido aún localizado.José Carlos Bravo y José Carlos Ramos son los presuntos autores de los asesinatos de un taxista y de un empleado de gasolinera ocurridos en diciembre pasado. Ambos recibieron, según informa la policía, el encargo de proveer de armas al grupo, y para ello tomaron un taxi en Valladolid a fin de trasladarse a Guijuelo (Salamanca) y robarlas en el chalé de un familiar de uno de ellos. Sin embargo, al poco tiempo de salir de la capital vallisoletana asesinaron al taxista, Salvador de Dios, de una cuchillada en el cuello, cuando les preguntó si llevaban dinero. Posteriormente viajaron a la localidad salmantina, sustrajeron varias armas y abandonaron el taxi lejos de donde habían arrojado el cadáver del taxista tras simular un accidente. Varios días después, a mediados de diciembre, dieron muerte de varios disparos a un empleado de gasolinera en Herrera de Pisuerga (Palencia), a quien robaron 3.000 pesetas. Los dos jóvenes huyeron hacia el norte y sufrieron un accidente de circulación en Santander. Cuando la policía había estrechado ya el cerco sobre ellos se entregaron en enero en un juzgado de Valladolid y se confesaron autores de los hechos citados.

Pese a que el caso parecía zanjado, funcionarios de la Brigada de Información continuaron las gestiones, ante la sospecha de que José Carlos Bravo y José Carlos Ramos podían no haber actuado aisladamente, sino que formaban parte de un grupo armado. Grupo que se autodisolvió y no concretó sus planes de actuación a causa de los asesinatos perpetrados por dos de sus integrantes.

La policía solicitó la excarcelación de José Carlos Bravo y acentuó las investigaciones hasta llegar a la desarticulación del comando, la detención de Santiago Cano y la identificación de los otros dos miembros. A todos los detenidos se les ha aplicado la ley Antiterrorista. También han pasado a disposición judicial Alfonso Garrido García y su padre, Ramón Garrido Santos, por tenencia ilícita de armas.

Aunque con estas detenciones se da prácticamente por cerrada la operación, la policía continúa investigando por si el grupo tuviese otros flecos o ramificaciones entre la extrema derecha vallisoletana.