El acuerdo Gobierno-sector eléctrico incluye compromisos de rentabilidad y política tarifaria

El acuerdo-marco entre el Ministerio de Industria y Energía y las empresas eléctricas para abordar conjuntamente la nacionalización de la red de alta tensión, que será ratificado hoy en el Palacio de la Moncloa por el presidente Felipe González y los representantes privados del sector eléctrico, incluye también un compromiso formal por el que el Gobierno se compromete a modificar el sistema tarifario al tiempo que las compañías se embarcan en una política de rentabilidad del capital más acorde con su situación financiera real.

En este sentido, el acuerdo-marco ha sido recibido favorablemente por las dos partes, que se han felicitado de la rapidez y relativa sencillez que han caracterizado a las negociaciones mantenidas. El Gobierno considera el acuerdo como una muestra de "la compatibilidad que existe entre los objetivos gubernamentales respecto a este sector y los intereses a largo plazo de las empresas y sus accionistas". Entiende además que con el acuerdo se ha dado un paso importante, incluso antes de su primera prueba electoral, de que las promesas socialistas están en fase de cumplimiento.Por su lado, el sector eléctrico privado estima que el protocolo salva sus intereses fundamentales y establece un marco apropiado para acometer la crisis con unos planteamientos concertados razonables y realistas. A este respecto, fuentes del sector resaltan el compromiso por parte gubernamental para adecuar el sistema tarifario actual a la realidad de los costes, una vez que estos hayan sido evaluados por el Gobierno tras la culminación de un proceso auditor de los balances consolidos de las empresas y de sus esquemas de costes.

Puntos resaltables

Fuentes gubernamentales y del sector, consultadas por este diario, resaltan los siguiente, puntos del mencionado acuerdo:-Serio compromiso del Gobierno de estudiar una larga queja de las empresas respecto a la inadecuada política seguida en años anteriores con relación a los incrementos de las tarifas. El sector opina que las tarifas eléctricas no han evolucionado de una manera acompasada con los costes, lo que ha tenido un precio adicional en los resultados y en la financiación de las sociedades. Según sus cálculos, las tarifas están hoy, en términos reales, 34 puntos por debajo del nivel de 1973 mientras que, en Europa, esta relación es de 96 a 100.

-El Gobierno acepta introducir un esquema más racional en el sistema tarifario una vez que hayan concluido los procesos auditores que casi todas las empresas del sector necesitan. Asimismo reconoce que la previsible adaptación del programa de inversiones a las previsiones de la demanda, una vez que se haya delimitado el alcance del programa nuclear en la revisión del PEN, tendrá que ser compesado en el coste financiero adicional que pueda suponer para las empresas.

-El Gobierno se compromete a autorizar la puesta en marcha de tres grupos nucleares de forma inmediata (Almaraz I y II y Ascó I) una vez que las empresas hayan cumplido con las normas vigentes respecto a la seguridad. La terminación de un programa efectivo de seguridad para estos grupos se considera fundamental por parte del Gobierno.

-El Gobierno obtiene de las empresas el reconocimiento de la necesidad de introducir medidas urgentes para sanear sus cuentas mientras se asegura una rentabilidad adecuada del capital. En otras palabras, las empresas deberán adecuar sus repartos de dividendos y reordenar el sistema de ampliaciones de capital a cargo de la regularización de balances.

-La nacionalización de la red en alta, mediante la constitución de una empresa mixta con capital mayoritario del Estado, deberá ser delimitida en sus costes para el Estado mediante un estudio técnico que determine su alcance exacto. El establecimiento de unas cotas a esta nacionalización se hará una vez que se haya establecido unos principios generales sobre la política de optimación que el Estado quiere ejercer en el sector. Será función de la empresa mixta valorar los activos nacionalizados y el establecimiento de la forma de pago.