Mercado de trabajo y políticas de empleo

A partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, los autores de este texto intentan la investigación del comportamiento de la actividad y la ocupación, lo que se refleja en el paro, y conocer qué alternativas existen para hacer frente a estos problemas.

Uno de los aspectos más destacables de los datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al cuarto trimestre de 1982, es el incremento del volumen de paro en 100.000 personas, con respecto al trimestre anterior, situándose ya el desempleo en 2.234.000 personas, lo que representa el 17,1 % de la población activa.Junto al relativo aumento del paro, otros tres aspectos reveladores de la encuesta son:

1. El descenso reducido de la ocupación, perdiéndose 64.000 puestos de trabajo con respecto al trimestre anterior (0,25%), lo cual contrasta favorablemente con la reducción observada en igual período de 1982 (91.000 personas, 0,83%).

2. El incremento del empleo asalariado en 19.000 personas con respecto al tercer trimestre de 1982 (0,25%).

3. La continua recuperación de la población activa, ya observada desde el segundo trimestre de 1981. Los dos primeros aspectos apuntan hacia una amortiguación relativa del crecimiento del paro, mientras que el último condiciona la medición del desempleo, incrementando el paro estadístico.

En función de esta información, lo relevante es saber cuál va a ser el Comportamiento de la actividad y la ocupación, lo cual se refleja en el paro, y conocer qué alternativas existen para hacer frente a los problemas del empleo y la mitigación de los efectos del paro. En este sentido, ¿qué aspectos merecen ser tenidos en cuenta?

Oferta de trabajo

Puesto que la evolución del desempleo contabilizado es el resultado de las variaciones entre el número de personas activas y el de ocupadas, valorar el comportamiento de la actividad es indicador del paro potencial. Si la tendencia observada continúa, el desempleo estadístico se incrementará, a menos que se establezcan medidas correctoras.

Entre éstas, las comúnmente reseñadas son: aumentos en la escolarización de jóvenes, estímulos a la jubilación y frenos al proceso de incorporación de nuevos activos.

No parece factible en los próximos años elevar la cobertura real de escolarización más allá de los 15 años, debido al fuerte incremento de gastos corrientes y de inversión que ello supondría, aparte de las reformas que habría que introducir en los planes de estudio. Por tanto, difícilmente será eliminable a corto plazo el desfase entre la legislación educativa y la laboral, que establece los 16 años como edad mínima para poder trabajar.

En el terreno de las jubilaciones anticipadas, tendría que sopesarse el coste que supondrían los incentivos necesarios para hacer que las empresas y trabajadores respondieran con mayor fuerza que hasta el presente, sin que ello supusiera la amortización de esos puestos de trabajo.

Habría que examinar, asimismo, qué políticas se adoptan en relación al regreso de emigrantes y a la incorporación de la mujer y de los jóvenes al mercado de trabajo, ya que. su estímulo tiende a incrementar el volumen de activos.

Demanda de trabajo

El otro determinante del paro está en la ocupación o demanda de trabajo. A este respecto, las modificaciones que habrá que introducir se centran en cambios en el marco institucional y contractual, en los costes de la mano de obra y en la política del sector público.

En consecuencia, habrá que reflexionar sobre los cambios en el marco institucional. Aspectos dignos de mención son: la creación del Consejo Económico Social y el carácter que se dé al mismo, bien como órgano consultivo y de diálogo de las fuerzas sociales, bien como ente dedicado a la actividad planificadora.

Además, es importante valorar el papel de la regulación del marco de la negociación y conflictos colectivos como la huelga. El impulso de las mejoras en las condiciones de seguridad e higiene y el aumento de la productividad debieran convertirse en actividades prioritarias del nuevo Gobierno, en la línea de lo pactado en el acuerdo interconfederal.

Por otro lado, sería conveniente clarificar cuál va a ser la demanda de empleo del sector público en sentido amplio, así como proceder a su evaluación y determinar hacia qué sectores se va a dirigir y quiénes serán los agentes económicos que lo van a crear. El esfuerzo que esto supondría vendría compensado por sus efectos favorables, tanto para la propias administraciones públicas como para el sector privado, que conocería su marco de actuación.

Evolución de los costes laborales

En cuanto a la moderación del coste de la mano de obra como medio de estimular la demanda, las posibilidades de actuación se localizan en tres fuentes:

1. Flexibilizar la contratación educiendo el coste de los despidos y eliminar la figura graciable de sólo subvencionar el ajuste en las pequeñas y medianas empresas.

2. Controlar que no se disparen los costes laborales de los funcionarios y asalariados de empresas públicas, no sólo porque pueden aumentar el déficit del sector público, sino por el carácter de testigo de muchas de sus empresas.

3. Reducir y redistribuir la carga de las cotizaciones de la Seguridad Social, ya que sobre esta segunda nómina el margen de maniobra es amplio: rebajando los tipos, aumentando las bases máximas e incrementando la participación de los recursos del Estado.

La contratación laboral

En una situación en la que el coste fijo del trabajo es elevado, adquiere una especial importancia el tema de las vías de contratación, distintas a las realizadas por tiempo indefinido, que ofrece la legislación laboral.

En relación con las de carácter temporal, parece plausible, por un lado, acabar con la naturaleza de provisionalidad que han tenido hasta el presente, y por otro, ofrecer un horizonte claro a las empresas potencialmente usuarias.

Como sea que esa figura adquiere entre nosotros un sentido distinto al de otros países europeos, con costes fijos sustancialmente menores, el establecimiento de límites estrictos en función del tamaño de las plantillas puede frenar la creación de empleo, lo que no, es óbice para que se establezcan determinados incentivos a la conversión de tales contratos en ordinarios.

La potenciación de la contratación a tiempo parcial es un reto al que debemos enfrentarnos. La utilidad de esta forma de contratación, viene avalada por su importancia en otras economías, en las cuales, además de facilitar la reafización de actividades productivas segmentadas, ha permitido regularizar situaciones de pluriempleo, así como contrarrestar parcialmente el fenómeno del trabajo sumergido. Su desarrollo entre nosotros requiere introducir algunas modificaciones en su regulación.

En el ámbito de la contratación laboral hay que recordar el poco éxito alcanzado- por las medidas derivadas del Acuerdo Nacional sobre, Empleo (ANE) de 1981 relativas a la contratación para la formación teórico-práctica de jóvenes en la empresa, o de recién titulados para la práctica y perfeccionamiento de sus conocimientos. La experiencia recogida de que la estabilidad en el empleo de los jóvenes es mayor cuando se combina el empleo con la formación, lleva a la necesidad de aunar esfuerzos hacia la promoción y divulgación futura de contratos en donde se ofrezcan a los jóvenes empleos a plazos más largos, combinando la ocupación con la formación.

Los procesos de reestructuración sectorial y sus efectos sobre la ocupación van a continuar sin duda los próximos años, a la vez que gran número de personas necesitarán reconvertirse profesionalmente para mantener sus puestos de trabajo.

Esta situación, que exige el establecimiento de medidas de empleo o rentas, no parece ser atacable con actuaciones microeconómicas. Se trata de un problema de carácter general, lo cual no implica que una terapéutica de tipo selectivo pueda tener efectos beneficiosos, de carácter preventivo sobre todo, si las actuaciones aplicadas desde distintos departamentos ministeriales (creación de fondos de promoción del empleo, concesión de incentivos fiscales, programas formativos, etcétera) persiguiesen objetivos definidos en común y se aplicasen de forma sincronizada en el futuro.

En cuanto a los servicios de colocación parece necesaria su potenciación, ya que el peso del paro friccional parece haberse robustecido en los últimos años. Además se ve necesaria la atención en términos de asesoramienio a la péqueña y mediana empresa, la mejora en la compensación de ofertas y demandas de empleo a escala de mercados de trabajos supralocales , la creación de unidades especializadas para actividades o grupos profesionales específicos y el mejorar la dotación de medios a tales servicios.

Dentro de este escenario, la plasmación del modelo de forma ción ocupacional hacia otro más ágil representa una tarea pendiente a corto plazo, dada su finalidad de instrumento de actuación rápi da y singular. Por otro lado, la for mación profesional reglada, de la cual la ocupacional es su comple ménto, ofrece hoy día escasa utili dad en el mundo laboral, siendo por tanto, necesario su replantea miento. Las perspectivas de cambio tecnológico sugieren que la formación profesional reglada debería estar bien estructurada, tener un enfoque polivalente, y descansar en una estrecha colaboración escuela-empresa.

Y aun cuando esto último se encontraría en un programa a largo plazo, parece oportuno ir sentando las bases para dicha colaboración: los contratos en prácticas y formación no pueden ser sustitutivos de por vida de un sistema eficaz de aprendizaje.

Dentro de los ajustes pertinentes en el mercado de trabajo es ne.cesario tener en cuenta el hecho de su creciente segmentación. En efecto, buena parte de los trabajadores tradicionalmente desaventajados a la hora de competir por las vacantes disponibles (trabajadores estacionales, baja cualificación, obsolescencia por edad, limitada movilidad, etcétera) se encuentran en una situación con pocas esperanzas de acceder a un empleo, aunque fuera inestable. Ello obliga a continuar sosteniendo programas específicos que incluyan bonificaciones o desgravaciones oficiales, dirigidos a reducir costes de contratación, facilitar la movilidad geográfica y ocupacional y a generar así efectos coadyuvantes en su desventaja relativa.

La protección al desempleo

El decrecimiento en el número de beneficiarios acogidos al sistema de prestaciones por desempleo ha dado lugar a que el Gobierno tenga intención de introducir modificaciones al mismo a lo largo de este año.

A pesar de la provisionalidad de los datos estadísticos y de la indudable importancia de la economía no registrada, lo cierto es que la caída en la cobertura puede afectar a grupos que requieren atencion prioritaria, como, por ejemplo, la de quienes tienen cargas familiáres o sobrepasan unáedad determinada. En este punto, cualquier esfuerzo sería socialmente deseable.

Para el resto de los colectivos, la reforma de los requisitos que establece la ley básica de Empleo, al suponer sin duda un coste presupuestario adicional elevado, exigiría cierta cautela, en base a las causas que explican el aparente aumento del importe global de las prestaciones en 1982, con la evolución seguida por la citada cobertura.

En el mismo orden de cosas, el empleo comunitario, concebido inicialmente como un sistema mixto de subsidio y realización de trabajos temporales, y cuya situación actual presenta serias deficiencias, debería verse afectado si se lleva adelante el proyecto de creación de un subsidio para trabajadores eventuales del campo. En este supuesto, la alternativa de incluir los fondos destinados a crear empleo comunitario en los presupuestos de entidades autónomas -a través del Fondo de Compensación Interterritorial, por ejemplo-, Po dría mejorar su gestión económica, ya que supondría, incentivar la toma en consideración por aquéllas del coste de oportunidad del gasto.

Tal como se habrá podido comprobar, son muchas las tareas pendientes a las que se tiene que enrentar la sociedad española, en el área del mercado de trabajo, por lo que las medidas que se adopten marcarán su evolución y determinarán la satisfacción' de las necesidades sociales.

En aras a diseñar medidas congruentes y evitar errores, parece conveniente que se preste atención prioritaria a la mejora del sistema estadístico e informático y se disefíen políticas laborales con criterios globales. En este sentido, las opiniones de los interlocutores sociales y especialistas son de sumo interés. A esto va a responder la Asociación de Economía Laboral, recientemente creada, la cual tratará de aunar esfuerzos en esa labor y ser un campo abierto para la discusión y planteamiento de los temas laborales.