Fuenlabrada, un pulso continuo con las constructoras

"El ayuntamiento se ha hecho respetar". Esta frase de Manuel de la Rocha, alcalde de Fuenlabrada, tal vez sea demasiado simplista para resumir y valorar en toda su dimensión la durísima batalla librada contra las inmobiliarias y constructoras, que campaban por sus respetos hasta la llegada de la corporación democrática. En estos cuatro años el ayuntamiento ha llevado a cuatro de estas empresas ante los tribunales por desacato a la autoridad, ha presentado una querella por supuesta estafa contra otra firma y ha suspendido más de 20.000 licencias de construcción, amén de otras actuaciones menores. Al final, el ayuntamiento ha conseguido vestir de domingo a ese monstruo urbanístico que es hoy Fuenlabrada, aunque los resultados se verán más claramente el próximo cuatrienio.

ANDRÉS MANZANO, El 28 de octubre, el PSOE consiguió en Fuenlabrada el 70% de los votos, y el actual equipo de gobierno municipal espera que el porcentaje suba todavía más el 8 de mayo. "Fuenlabrada es de izquierdas", según De la Rocha, "y no puede ser de otra forma". La población pasó entre 1970 y 1979 de 10.000 a 100.000 habitantes, de los cuales un 35% había conocido el desempleo o estaba aún en paro, un 20% padecía trastornos psiquiátricos y el 11% de los adultos era analfabeto. Construida a trozos, a conveniencia de los especuladores, la ciudad tiene barrios sin terminar, separados unos de otros por descampados inhóspitos llenos de barro, sin accesos, faltos de escuelas, sin una sola guardería y con graves problemas de abastecimiento de agua. Pesando sobre todo ello como una losa, la amenazante herencia dejada por la anterior corporación: más de 60.000 nuevas licencias concedidas, la mayoría irregularmente, en terrenos calificados de rústicos, sin planes parciales ni obligaciones contraídas por parte de las constructoras. Y para empezar a cumplir las promesas electorales y solventar los problemas, un raquítico presupuesto municipal de 203 millones de pesetas.

Socialistas y comunistas se dieron cuenta de que o el ayuntamiento conseguía tomar la iniciativa, hacerse respetar, o no había nada que hacer. Así es que la corporación despidió al anterior arquitecto municipal, se contrató un nuevo equipo (tres arquitectos, dos aparejadores, un abogado urbanista, administrativos), se ampliaron de 22 a 72 los policías municipales que aseguraran con su vigilancia el cumplimiento de las órdenes municipales, y se abordó la diricil tarea de meter en cintura a las constructoras, partiendo de la idea central de que la mano dura es sólo un complemento de la voluntad de colaboración. Es decir, facilidades para los promotores que se avinieran a desarrollar un urbanismo racional, integrado, reservando terrenos para los equipamientos colectivos. Y todo el peso de la ley para aquellos otros que se mostraran reacios a perder unas expectativas de beneficios desmesurados conseguidos con artes extrafías.

70 convenios

Las constructoras esgrimieron sus armas. Se dieron intentos aislados de enfrentar a los compradores de las viviendas paralizadas y a los mismos obreros de las empresas con el ayuntamiento, acusado de insensibilidad hacia las familias afectadas y de fomentar el paro. Se le advirtió que si anulaba las licencias tendría que hacer frente a las indemnizaciones correspondientes. Hubo, incluso, conversaciones entre las empresas más fuertes para crear una especie de frente común ante las exigencias municipales.

El ayuntamiento supo no perder la iniciativa. De entrada, abrió múltiples expedientes que, de no llegar a acuerdos con los implicados, desembocarían en la declaración de nulidad de las licencias, en base al supuesto de que se concedieron ilegalmente. Se ordenó la suspensión de más de 20.000 licencias y se advirtió claramente que si querían seguir edificando, antes tendrían que terminar la urbanización de lo ya construido. Se denunció ante el juzgado de guardia a cuatro empresas, Pryconsa, Lomas Mariano, Rodrimar y Chasa, por desobedecer los requerimientos de paralización de obras, y, junto con los vecinos de Villa Mercedes, se interpuso querella criminal por supuesta estafa contra el grupo de sociedades formado por Indoamericana, SA, e Indoibérica, SA.

La confianza de los vecinos se la ganó el ayuntamiento al ponerse al frente de una campaña que logró que la exención de derechos reales por la primera compra de las viviendas se extendiera a todos los vecinos de las nuevas urbanizaciones.

Al mismo tiempo, se iniciaron conversaciones con todos los promotores que actuaban en el pueblo. El ayuntamiento tenía a su favor que muchos de ellos ya habían realizado inversiones en sus obras y no era cosa de echarlas por la borda por no plegarse a unas condiciones que, por otra parte, eran de obligado cumplimiento, de acuerdo con la legislación urbanística. Así se consiguió que las diversas empresas realizaran obras de urbanización por 626 millones de pesetas, que cedieran 225.000 metros cuadrados para la construcción de colegios, otros 366.000 para zonas verdes y equipamientos colectivos diversos, y que desde entonces se entregaran los ava les que la ley exige para salvaguar dar hipotéticos incumplimientos posteriores.

Hasta ahora se han firmado 70 convenios urbanísticos. El ayuntamiento, en palabras de José Quin tana, actual teniente de alcalde y candidato socialista a la alcaldía en estas elecciones, "ha actuado como un gestor, por cuyas mano pasaban todas las operaciones ur banísticas y no salían de ellas en tanto no se llegara a un acuerdo beneficioso para todos".

Los convenios se extendieron al casco urbano y la zona residencial central, en la que existían dema siados solares, a la espera de la revalorización de su precio. En este caso, el ayuntamiento puso en ,contacto a los propietarios del suelo con los posibles compradores, tasó el metro cuadrado entre 600 y 700 pesetas -en 1979 los precios oscilaban entre las 2.000 y las 3.000 pesetas, lo que encarecía fuertemente, el precio de adquisición del piso-, e impuso su táctica de concentrar la edificación en unas zonas y reservar otras para nuevas calles, centros escolares, zonas verdes y otros equipamientos, al tiempo que se rebajaba la densidad de viviendas por hectárea.

El broche que cierra este conjunto de iniciativas es la aprobación del avance del Plan General de Ordenación Urbana -hoy en fase de información al público y presentación de alegacionesque recoge todos los convenios firmados con las promotoras y legaliza lo ya construido. "Ha sido una pugna tremenda, en la que el ayuntamiento ha tenido que calcular cuidadosamente hasta dónde po día apretar. Cuando el plan esté aprobado", afirma De la Rocha "Fuenlabrada tendrá un marco de desarrollo coherente dentro de lo posible, teniendo en cuenta la base de partida, y podremos hablar de una ciudad terminada, con los ba rrios conectados unos con otros y con una serie de instalaciones sanitarias, culturales, deportivas, educativas, intercaladas entre ellos".

El triunfo

La corporación paladea hoy, al cabo de cuatro años, una cierta sensación de triunfo. Los integrantes del equipo de gobierno municipal piensan que lo han hecho bien y lo corrobora, siempre según sus propias palabras, el que en un reciente estudio editado por la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) Fuenlabrada figura como la localidad en la que la relación entre oferta y demanda, entre las viviendas construidas y las vendidas, se mantiene más equilibrado. "El 27% de las viviendas vendidas en el área metropolitana de Madrid lo han sido aquí. La política de dureza y colaboración seguida por el ayuntamiento ha sido beneficiosa para todos, incluidos los empresarios", concluye el alcalde.

Sin embargo, en un pueblo cuya población se encuentra empobrecida por el paro, formada por familias jóvenes entrampadas por la compra del piso y con niños pequeños que atender, las situaciones de tensión pueden surgir en cualquier momento.