La huelga bancaria

UNA DIFERENCIA de tres puntos entre el 9,5%, de incremento salarial ofrecido por la patronal de banca privada y el 12,5% reclamado por los sindicatos configura aparentemente los límites de una discusión bastante dramática entre las dos partes en litigio. Pero las discrepancias fundamentales se sitúan en torno a la jornada partida o continuada, la movilidad geográfica y la funcional. Además de estas diferencias específicas el conflicto se está convirtiendo en auténtica piedra de toque de la política de rentas configurada por el Acuerdo Interconfederal de 1983.Los sindicatos invocan en su favor la salud relativamente buena del sector bancario y subrayan que los aumentos medios salariales en los convenios ya negociados se han situado en tomo al 11,58%. La patronal, por su parte, argumenta que un incremento salarial del 9,5% acaba convirtiéndose, a través de los aspectos de categorías y aumentos por antigüedad, en un 125o de elevación de la masa salarial. Los sindicatos aceptan, al parecer, la veracidad de este deslizamiento que, según ellos, se ha producido siempre, pero consideran que no debe ser objeto de negociación. Semejante batalla fue planteada ya por la patronal CEOE, a instancias de la banca, durante las discusiones previas al Acuerdo Interconfederal.

Los argumentos sindicales se dramatizan a veces con acusaciones de tipo personal a quienes aplican unos altos tipos de interés y unas comisiones abusivas. Pero durante este año, por ejemplo, hay que reconocer que los esfuerzos de la banca por rebajar los tipos de interés se han visto anulados por la política monetaria del Gobierno que ha extremado su rigor últimamente para contrarrestar los efectos de un déficit público elevado y la debilidad de la peseta. En cuanto a las comisiones, su límite máximo está fijado por la ley sin que existan indicios de que las normas de obligado cumplimiento hayan resultado vulneradas.

A otro nivel, más contenido y convincente, los sindicatos reclaman el mantenimiento de la capacidad adquisitiva para los trabajadores de la banca privada y subrayan las diferencias de remuneración existentes dentro del sector. Efectivamente muchas empresas públicas abiertamente en crisis han pactado incrementos salariales que cubren el alza de precios del 12% estimada por el Gobierno para 1983. Este comportamiento del sector público demuestra, por ejemplo, el éxito autoproclamado por el partido socialista de mantener la capacidad adquisitiva a pesar de la crisis. Así mismo la rebaja de las retribuciones más elevadas en muchas empresas del sector público ha hecho concebir la posibilidad de conseguir que se compensen las alzas salariales de los trabajadores dentro de los costes laborales de las empresas. Los sindicatos y los trabajadores del sector de banca reclaman para sí lo que tanto el sector público como otros sectores privados han aceptado en muchas de sus negociaciones.

La patronal recuerda para justificar su dureza la existencia de una prolongada crisis económica comenzada en el sector inmobiliario y seguida por el industrial. La mala situación de los sectores productivos ha terminado repercutiendo en el sector bancario, aunque los beneficios de los más grandes siguen siendo notables. En efecto, muchos créditos han demostrado ser irrecuperables con consecuencias devastadoras para todos los bancos en crisis y muy graves para las cuentas de resultados de los supervivientes. Esta difícil situación exige cierta firmeza compatible con el AI 83 si se pretende evitar que siga aumentando el número de bancos camino del Fondo de Garantía de Depósitos. Por otro lado, el único modo de colaborar con la política económica de saneamiento y austeridad (devaluación de la peseta, subida de los precios de los carburantes, alza de los coeficientes de caja y de depósitos obligatorios, contención del déficit público, incremento de los costes de personal de la Administración del Estado en un 9,8%, elevación del coeficiente de retenciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y algunas medidas más) trazada por el Gobierno, implicaría que la banca redujese sus costes de transformación, es decir, que los ahorros depositados por los clientes se puedan prestar al precio más bajo posible a las empresas que los necesitan para su normal funcionamiento o para realizar inversiones.

En última instancia, los sindicatos buscan con toda justicia el mantenimiento del nivel de vida para la clase trabajadora y lo reclaman en este sector en el que piensan que la crisis la deben pagar las empresas bancarias. Y argumentan que el Acuerdo Interconfederal, aceptado también por la banca, establece que los incrementos dentro de la banda salarial pactada -entre el 9,5 y el 12,5%- deben tener en cuenta la productividad, el absentismo y el empleo. Los sindicatos opinan que si, por ejemplo, la banca ofreciera creación de empleo estaría, en cierto modo, justificada su posición en la parte baja de la banda pactada. La patronal, por su parte, ofrece una mayor aumento salarial a cambio de modificar la jornada actual continua por otra partida.

La AEB teme, además, que un encarecimiento del factor trabajo en la banca encarezca adicionalmente sus productos, es decir, sus créditos. Las consecuencias serían una menor actividad y una mayor inflación. No creen que una simple reducción de los beneficios permitiese compensar este aumento en los costes de intermediación del dinero. Posiblemente presientan el peligro de que la continuidad de la crisis pueda afectar, en algunos casos, a su propia supervivencia como empresas particulares si no consiguen recuperar los capitales prestados.

Las diferencias son tan dramáticas que quizá sea preciso que las máximas instancias del Gobierno ofrezcan una interpretación clara e inteligible del AI 83 y de los objetivos de la política de rentas. De lo que se trata, de alguna manera, es de no dejar totalmente aisladas a las dos partes en liza. Entre tanto, la patronal y los sindicatos de banca deberían intentar volver a la mesa de negociaciones sin condiciones previas y, por supuesto, evitar las actitudes irresponsables de destrucción de elementos físicos o de coacciones a quienes mantengan cualquier tipo de posición, sea favorable o sea contraria a la huelga.