El Gobierno aprueba la concesión de créditos por 60.000 millones de pesetas a las PYMES

La concesión de un apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas, mediante una línea de crédito de 60.000 millones de pesetas, fue la decisión más sobresaliente adoptada ayer por el Consejo de Ministros. El titular de Industria, Carlos Solchaga, recalcó que la importancia de la medida viene dada por el hecho de que las PYMES constituyen el 90% de la industria del país.

La decisión del Gobierno supone que se tratará de coordinar la diversidad de ayudas que, procedentes de instituciones públicas o privadas, llega a las empresas medianas y pequeñas. Los créditos, que no podrán superar los treinta millones en cada caso, no se destinarán tan solo a la inversión, sino también a la ampliación del circulante. Los créditos a la inversión tendrán un interés del 12%, a seis años, con hasta dos años de carencia. En los demás casos, el interés se cifrará en torno al 13,5%. Según Solchaga, con estas ayudas se espera poder crear entre diez y doce mil nuevos puestos de trabajo. Los trámites para la concesión de los créditos "se acelerarán lo más posible", resaltó Solchaga.El ministro, que compareció junto al portavoz gubernamental en la habitual rueda de prensa posterior al Consejo, dijo que la mayor cantidad de los créditos, hasta un total de 28.000 millones de pesetas, será destinada a las PYMES de los sectores industrial y comercial; las del sector alimenticio y de transformación de productos agrarios recibirán hasta 26.000 millones, y las de hostelería, seis mil millones. El Gobierno iniciará una campaña de publicidad para informar a los empresarios de los modos de conseguir estas ayudas.

En otro orden de cosas, Solchaga informó que el Libro Blanco sobre el proyecto de ley de reconversión industrial estará concluido dentro de dos semanas, abriéndose a continuación *Un debate sobre el tema con empresarios y sindicatos. Tras este debate, el proyecto de ley pasaría a ser discutido por el Consejo de Ministros y, posteriormente, enviado a las Cortes. Medios gubernamantales confiaron poder haber concluido este proceso antes de que finalice el actual período de sesiones.

El titular de Industria respondió igualmente a otras preguntas relacionadas con su Departamento, como la nacionalización de la red de alta tensión -en pocos meses se constituirá la sociedad mixta de mayoría estatal-, o el programa nuclear. Sobre este último tema, Solchaga dijo que la reestructuración del programa sólo tendrá éxito "si se considera corno un paquete en conjunto", y no aislando casos como el de Lemóniz.

Medidas 'populares'

El ministro habló de la posibilidad de que se dé un exceso de oferta de energía nuclear, con lo que habrá que estudiar una ralentización del programa de construcción e instalación de centrales. La de Lemóniz, dijo, no entrará en funcionamiento hasta finales de 1.986 o comienzos de 1.987, y sólo las de Ascó 1 y Almaraz 2 podrán hacerlo antes de esa fecha. No existe, en todo caso, parón en el programa nuclear, sino, en todo caso, reconsideración del mismo.La popularidad de la medida adoptada ayer por el Consejo de Ministros en relación con las pequeñas y medianas empresas se complementa con otras de semejante cariz, como la creación de dos mil nuevos puestos de trabajo en las grandes áreas de expansión industrial (Andalucía, Castilla-León, Extremadura y Galicia). También se incluirá al personal contratado, interino y eventual en el régimen de desempleo ("la Administración no tiene intención de proceder al despido, ni siquiera sectorial, del personal a quien se reconoce este derecho", dijo ayer el portavoz gubernamental, Eduardo Sotillos).

Fuentes del Gabinete de Felipe González negaron que todo este paquete de medidas populares tenga un carácter electoralista y, como prueba, adujeron el hecho de que también ayer se aprobó un incremento en las retenciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades.

El Consejo de Ministros aprobó también varios reales decretos que se enmarcan como normas de desarrollo del Código Alimentario español; tales decretos hacen referencia a productos como el té, pastelería e industrias lácteas.

El Gabinete se ocupó también de varias medidas que afectan a empresas de titularidad pública. A propuesta del ministro de Economía y Hacienda, el Consejo aprobó un Real Decreto por el que se autoriza al Instituto Nacional de Industria para emitir 18.000 millones de pesetas nominales en obligaciones, para atender a las necesidades del INI durante el período de prórroga presupuestaria. También se autorizó la emisión de títulos destinados al mercado exterior, por valor total de más de quince mil millones de pesetas, a negociar por RENFE.