Concluye el plazo para que el Supremo dicte la sentencia en los recursos del 23-F

A pesar de cumplirse hoy el plazo de 10 días desde que concluyó la vista de los correspondientes recursos ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, durante la jornada de hoy no se hará pública la sentencia contra los implicados en el frustrado golpe de Estado del 23-F, según han informado fuentes del Consejo General del Poder Judicial. Estimaciones jurídicas y militares, no confirmadas por fuentes del Tribunal Supremo, coinciden en que la sentencia, ya decidida por unanimidad, elevará las penas a siete procesadas, entre ellos el general Alfonso Armada. Por otra parte, las autoridades militares han pedido información sobre las celdas disponibles en la prisión militar de Alcalá de Henares, de donde se desprende que la mayoría de quienes resulten condenados ingresarán en ese centro penitenciario.

De acuerdo con la actual legislación, la Sala Segunda puede acordar la prórroga del plazo de diez días para dictar el fallo. En este caso, la prórroga puede obedecer al largo tiempo necesario para redactar una sentencia que, según estimaciones jurídicas, tendrá más de 150 folios de extensión. La redacción ha sido hecha por el ponente de la sentencia, Luis Vivas Marzal. La sentencia ya fue decidida unánimamente por el tribunal hace una semana y ahora está siendo redactada. Las fuentes informantes han indicado que la misma puede ser firmada hoy por los miembros de la sala segunda, posteriormente se harán numerosas copias y, el mismo lunes, día 25, podrá ser comunicada al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, a los procesados y a los medios de comunicación.Por otro lado, el capitán general de Madrid, teniente general Rafael Allendesalazar, ha pedido a los responsables de la prisión militar de Alcalá de Henares que le informen sobre las habitaciones o celdas disponibles en el pabellón número nueve de dicho centro penitenciario, zona de la prisión en la que, a lo largo de los últimos meses, han estado la mayoría de procesados y condenados por el 23-F. Según fuentes de la prisión, es muy probable que ingresen en la misma casi todos los militares que resulten condenados en la inminente sentencia.

El traslado de los condenados a este centro penitenciario se produciría inmediatamente después de conocerse la sentencia. Se recuerda que, en la actualidad, la mayor parte de los condenados, entre ellos Milans del Bosch, se encuentran ya en esta prisión, en la que ingresarían, de cumplirse estas previsiones, el general Torres Rojas, los coroneles San Martín y Manchado, el teniente coronel Tejero y otros que ahora están en diferentescentros y castillos militares. El general Armada y el capitán Gómez Iglesias, sin embargo, serían recluidos probablemente en otros centros diferentes en caso de ser condenados, debido a las malas relaciones personales que mantienen con el resto de procesados.

No se descarta, por otro lado, que Milans del Bosch sea trasladado a un establecimiento militar diferente, según algunos comentarios surgidos en el círculos castrenses. De todas formas, "la designación del establecimiento penitenciario en el que hayan de cumplir condena los penados se hará por el Ministerio de Defensa", como señala el Reglamento de Prisiones Militares.

En relación con la prisión de Alcalá, cabe señalar que el pasado mes fue apartado como responsable de la misma el coronel Román Páez. En ese momento, se hizo cargo del centro el teniente coronel Carlos Yerro, quien pronto será destinado a una unidad de Valencia, por lo que estaba previsto que el mando de la penitenciaría pasara al teniente coronel Castillo Payán, quien, de forma inesperada, ha sido destinado hace dos semanas, por orden del jefe del Estado Mayor del Ejército, general Ramón Ascanio, a un destino de carácter administrativo. Castillo Payán era considerado "muy estricto" a la hora de aplicar el Reglamento de Prisiones Militares a los reclusos de Alcalá de Henares.

Cumplimiento de condenas

Quienes tengan penas superiores a los doce años y un día cumplirán las condenas, como los demás, en centros militares, a pesar de ser expulsados del Ejército. No obstante, y una vez que les sea comunicada la sentencia, los expulsados no podrán utilizar uniforme militar alguno y, además, tendrán que devolver todas las condecoraciones y distinciones que hayan irecibido a lo largo de su carrera. En este sentido, el abogado defensor de Milans, Santiago Segura, ha señalado que su defendido asumirá con honor la condena. Segura añadió que, en cuanto se conozca la sentencia, él mismo pedirá una audiencia al Rey y pedirá el indulto personal para su defendido.

En cuanto al posible contenido de la sentencia, tanto los abogados defensores como las fuentes militares militares consultadas ayer insistieron en que la misma se mantiene en la más absoluta reserva. No obstante, tanto en esos círculos como en otros coincidían en las mismas especulaciones. Según éstas, las penas fijadas por el Consejo Supremo de Justicia Militar serán mantenidas en la mayoría de los casos. Siempre según esas especulaciones oficiosas, a ninguno de los procesados se les rebajará la pena, mientras serán elevadas las correspondientes a los generales Alfonso Armada y Luis Torres Rojas, los coroneles Ibáñez Inglés y San Martín, el teniente coronel Pedro Mas, y los tenientes Vicente Ramos y Manuel Boza, estos últimos presuntos participantes en los malos tratos de que fue objeto el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, si bien fueron absueltos por el tribunal militar.

Armada (condenado a seis años de prisión), Torres Rojas (seis años), San Martín (tres años y un día) y Pedro Mas (tres años) fueron condenados por el delito consumado de conspiración para el de rebelión, pero el fiscal general señaló durante la vista que todos ellos habían incurrido en el delito consumádo de rebelión militar. En el caso de Armada, el fiscal lo calificó de cabeza de la rebelión, delito para el que el Código castrense señala como única pena la de 30 años de reclusión. El abogado defensor de Armada, Ramón Hermosilla, comentó ayer que, pese a las especulaciones y rumores existentes, confía "en que se obtendrá un resultado ajustado a Derecho" y añadió que "todavía existe una clara razón para que prospere la verdad sobre la conducta de mi defendido".