Política agraria y política de precios agrarios/ 1
El Consejo de Ministros del pasado día 30 de marzo puso fin, con la aprobación del cuadro de precios correspondiente, al tradicional debate que todos los años por estas fechas se desencadena en torno a la fijación de los precios agrarios de los productos regulados. Más allá de las inevitables discrepancias del momento, sigue en pie el problema de los precios agrarios y su relación con la política agrícola global. A este tema trascendente se dedican las reflexiones que siguen.
Para cualquier observador de la realidad agraria durante los últimos años resulta evidente que la política de precios, especialmente la referente a los productos regulados, ha constituido, de hecho, política agraria por antonomasia, en cuyo tomo se ha tejido la actividad primordial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).En definitiva, la política de precios tendía a integrar y predeterminar la política agraria global. Su importancia crecía a través del arbitrismo de las llamadas medidas complementarias, que si financieramente suponían una auténtica perversión presupuestaria, en cuanto que implicaban compromisos de gasto, al margen de la normal discusión y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, administrativamente tendían a implicar a otros departamentos, con lo cual el papel de la política de precios regulados devenía en decisivo en relación con toda la política agraria, no sólo la gestionada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La disfunción anterior suponía otras anomalías adicionales. En primer lugar, la hipertrofia del Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios -lugar de discusión y aprobación de precios y medidas complementarias- en relación con los restantes centros directivos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que tendían a convertirse en meros ejecutores de la política definida en aquél.
En segundo lugar, y dé mayor gravedad que lo anterior, las organizaciones profesionales agrarias (OPA) tendían a ver en la mesa de precios del Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios no sólo el lugar para la discusión de precios, sino el marco donde presentar todas sus reivindicaciones en relación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con cualquier otro departamento de la Administracion, a través de peticiones diversas de medidas complementarias.
En este enfoque, el MAPA tendía a constituirse en mediador universal de todas las reivindicaciones agrarias, ante cualquier órgano de la Administración, confirmándose en la práctica como un auténtico pseudosindicato agrario, al igual que ocurría -y todavía ocurre- con otros ministerios sectoriales.
En honor a la verdad, es preciso reconocer que las Organizaciones Profesionales Agrarias aprovechaban la plataforma del FORPPA como tablado universal de reivindicaciones por no disponer de ninguna tribuna alternativa. Ignoradas, cuando no menospreciadas -ellas, los agricultores y los temas agrarios- por otros departamentos ministeriales; sin voz ni voto dentro del propio MAPA, que se limitaba a su hábil manipulación; escasas de recursos y afiliacion, su unica salida anual a la luz del sol la constituía la mesa de precios del FORPPA. Resulta excesivo pedir que no lo aprovecharan hasta una saciedad patológica.
La inversión
Ésta era la relación tradicional -y sus consecuencias- entre la política de precios y la política agraria, que la actual Administración socialista, y muy en especial el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, se propone invertir radicalmente, y para lo cual ya se han dado los primeros pasos decisivos.
En primer lugar, y como repetidamente ha dicho el ministro, la política del Ministerio es la política agraria, que determina y condiciona la política de precios, en cuanto efecto -y no causa, como hasta ahora- de la anterior.
Las antiguas medidas complementarias, en cuanto supongan programas coherentes de actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, serán asumidas por éste como tal, dejando de constituir una adherencia forzada a lo que constituye la estricta fijación de precios regulados. Financieramente, los créditos precisos para su implantación y desarrollo son integrados regularmente en los presupuestos del departamento, superando su habitual carácter de pseudopresupuesto adicional, de dificil justificación.
Dichas medidas complementarias, en cuanto reivindicaciones o demandas que no corresponden estrictamente a la competencia del MAPA, han de ser dirigidas hacia su destinatario directamente, y no a través de la mediación de aquél. Paralelamente, los Ministerios afectados, especialmente los actuales de Economía y Hacienda, Sanidad y Seguridad Social, e Industria y Energía -este último, en relación con las pyme- deben instrumentar las plataformas de diálogo precisas con el sector agrario -hoy, prácticamente inexistentes-, dejando de guarecerse, como hasta ahora, tras la cómoda pantalla del MAPA.
Las consecuencias
Las consecuencias de este nuevo enfoque son dobles. En primer lugar, se produce una ordenación más racional de la intervención administrativa en la agricultura y sobre los agricultores, que no es, como hasta ahora se ha creído, competencia de un solo departamento ministerial. El MAPA tiende a perder su carácter de mediador universal en todos los temas que afectan a los agricultores, para limitarse a ser el gestor de la Administración en las materias que, en relación con la agricultura y los agricultores, le competen.
En segundo lugar, supone la revitalización automática de los centros directivos del MAPA, que, de hecho, habían permanecido subordinados al papel hegemónico representado por el FORPPA, en cuanto principal instrumentador y ejecutor de la política de precios regulados.
Para que este esquema funcione es preciso desdramatizar la actual relación de las OPA con la fijación de los precios agrarios regulados, y esto sólo puede conseguirse dándoles participación activa en las distintas instancias donde se elabora la política agraria del país, y cualquier otra política que afecte a la agricultura y los agricultores. Bien entendido que esta participación no ha de poner en cuestión, en ningún momento, la responsabilidad exclusiva del MAPA y otros órganos de la Administración en la aprobación y ejecución de las políticas que les competen, de las cuales sólo responden ante el Parlamento y, cada cuatro años, ante la voluntad popular, incluyendo la de los agricultores.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siguiendo las instrucciones de su actual responsable, ha iniciado los pasos precisos para posibilitar el desarrollo que antecede. Así, se pretende dar entrada progresiva a las OPA en todos aquellos centros donde se elabora y discute la política del departamento, y muy en especial en los grupos de trabajo que van a crearse para analizar y proponer soluciones a las cuestiones, verticales y horizontales, más palpitantes para el mundo agrario. Otros departamentos de la Administración deberán moverse en idéntica dirección, y a este respecto resultan alentadores, a pesar de sus imperfecciones, los pasos dados por la Secretaría de Estado de Hacienda, en relación con la contribución rústica y pecuaria.
No es el momento de proceder a una exposición exhaustiva de la política que intenta desarrollar el MAPA dentro del área de su competencia. Aquélla está suficientemente recogida en el programa del partido que ganó las elecciones y en los discursos e intervenciones públicas del titular del departamento. Sí puede resultar ilustrativo, sin embargo, en cuanto constribuye a eliminar malentendidos, el recordar los principios en que pretende basarse esta política durante los próximos años.
En primer lugar, se intenta que sea una política de participación y concierto con los agricultores y las comunidades autonómicas, a través de sus instituciones representativas -OPA y Gobiernos autónomos-
En segundo lugar, se pretende que sea una política firme y constante, no errática y sometida a la debilidad y oportunismo del momento, como ha sido norma generalizada durante los últimos años.
Por último, aunque a nivel de prioridades hubiera debido figurar en primer lugar, es una política sinceramente dirigida a elevar las rentas y condiciones de vida de los agricultores, prestando una atención preferente a los más desfavorecidos.
En base a los principios anteriores, los temas concretos a abordar en un futuro inmediato, en relación con la ordenación de producciones y mercados agrarios, son las siguientes:
a) Reestructuración de aquellos sectores productivos que por la índole de su problemática -costes de intervención, excedentes generados, desventaja comparativa con el MEC u otros- así lo requieran. En primera línea de atención -no exclusiva- figuran el trigo, vino y alcoholes, grasas vegetales y ganado vacuno.
b) Racionalización del cuadro de créditos y subvenciones que afluyan al sector agrario. La situación actual puede calificarse sin ambages de caótica, contradictoria e incontrolada, y exige una inmediata superación. El ministro ha reiterado que constituye tarea prioritaria para los próximos meses.
e) Mejora de los mecanismos de intervención sobre el sector agrario, especialmente en relación con el binomio FORPPA-SENPA. Esta mejora ha de contemplarse desde múltiples facetas: control contable, racionalización de la estructura financiera y formas de intervención comerciales preferentemente, buscando una mayor rentabilidad, agilidad, equidad y transparencia.
d) Impulso decidido a la comercialización de los productos agrarios, en todos sus aspectos; estructura comercial interior, afianzamiento y conquista de mercados exteriores, mejora de la estructura gerencial, normalización, tipificación y condiciones higio-sanitarías, entre otros.
Julián Arévalo Arias es presidente del FORPPA.
