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Tribuna:

Cooperativas en España

El movimiento cooperativo ha tenido, y sigue teniendo, una importancia vital en países y sociedades tan diferentes como las del norte de Europa, Suramérica, Italia, Israel, Canadá o Alemania. Cronológicamente apareció antes que los movimientos sindícales; como otra forma de acción obrera que iba a cumplir un primer plano en las estructuras sociales y económicas del mundo. El cooperativismo está tan alejado del marxismo totalitario como del capitalismo burgués. Actúa de reglaje del sistema económico, abaratando -al suprimir circuitos innecesarios- productos y bienes.

El cooperativismo reúne en sí mismo las notas de empresario y trabajador. El sistema cooperativo limita la remuneración del capital, haciendo que se perciba sólo un interés fijado de antemano.La mayor proporción de los beneficios obtenidos por las actividades desarrolladas por las cooperativas van a engrosar el denominado Fondo de Reserva y de Obras Sociales; por ello, la cooperativa es una productora de dinero social. Además, el sistema cooperativista suprime las empresas de economía mixta, haciendo obsoletas las nacionalizaciones de empresas y de sectores económicos. Lleva, pues, a la práctica el ideal socialista..., sin implantar el marxismo ni ceder en el capitalismo.

Dentro de este esquema básico, el cooperativismo tiene una regla de oro: un hombre, un voto; mostrándose neutral en lo político y profesional.

En España, el sistema cooperativo se encuentra sumido hasta la fecha en una situación de total abandono por parte de los poderes públicos, los cuales no solamente le han negado el más mínimo apoyo, sino que le han puesto una serie de obstáculos hasta conseguir hacerle prácticamente imposible su desenvolvimiento.

Precisamente en unas tierras donde el cooperativismo ha crecido como parte integrante de las propias costumbres, como es el caso del País Vasco, Cataluña, La Mancha o del País Valenciano. En una nación donde se han creado cooperativas que han servido de modelo al resto del mundo, y« donde fuimos capaces de elaborar y aplicar una ley de Cooperativas que ha marcado un hito en la normativa mundial sobre la materia.

Nos estamos refiriendo a la ley del 9 de septiembre de 1931, que fue elaborada por expertos de muy distintas ideologías en el seno del famoso Instituto de Reformas Sociales. En ella se ha inspirado la gran mayoría de los países, tanto europeos como americanos, siendo aún recordada con nostalgia por los viejos cooperativistas vascos, catalanes, manchegos o levantinos.

Un movimiento controlado

Acabada la guerra civil, el nuevo régimen elaboró una nueva ley, de fecha 2 de enero de 1942, y su reglamento del 11 de noviembre de ese mismo año. El cooperativismo se subordinó a "los intereses nacionales". Sometiendo a las cooperativas a la tutela absoluta del sindicalismo oficial. A tal efecto, se creó la Obra Sindical de Cooperación, cuyo único fin era controlar el movimiento cooperativo, limitando lo más posible su eficacia en la práctica.

Lógicamente, el contexto político, social, cultural y económico de esos años no daba cabida en su interior a un sistema tan avanzado socialmente y tan progresivo en la distribución de bienes y riquezas.

Consecuencia de todo ello, y salvo excepciones contadas, como es el caso de Mondragón, se consiguió yugular el cooperativismo a fuerza de emplearlo como fórmula sustitutiva en negocios de escasa viabilidad, o en aquellos otros en que el capital no vislumbraba una rentabilidad rápida y segura para sus inversiones. Todo ello remachado con una labor de descrédito, a la que las cooperativas de viviendas prestaron -mal dirigidas, sin un asesoramiento serio y sin fiscalización alguna- toda su colaboración. Mientras, cerca de 15.000 cooperativas, que habían crecido contra corriente con sus propios y limitados medios, sin ningún tipo de ayudas, demostraban que el espíritu cooperativista no se podía acallar.

Ante esta situación, la Administración pública dictó, el 19 de diciembre de 1974, una nueva ley de Cooperativas, algo más adaptada a los nuevos tiempos, y que borraba algunas de las cortapisas que imposibilitaban nuestra entrada en los organismos cooperativos internacionales.

Con este paso parecía que los malos tiempos pasaban. La realidad, en cambio, ha sido muy otra. Tuvieron que transcurrir más de cuatro años para que apareciera en el BOE el correspondiente reglamento. De esta manera se consiguió paralizar la tímida reforma.

Ante esta situación, la Constitución española de 1978 reconoce taxativamente en su articulado la necesidad del cooperativismo en la sociedad española actual, al establecer su artículo 129 que los poderes públicos fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas".

Hasta el momento, la ansiada reforma de acuerdo con lo establecido por la norma constitucional no se ha llevado ala práctica.

El anterior partido gubernamental, UCD, elaboró un proyecto de ley de sociedades cooperativas que fue remitido al Congreso de los Diputados en el mes de mayo de 1980, y que no ha sido informado por la correspondiente ponencia hasta el pasado mes de mayo de 1982. Dicho proyecto es una tímida reforma que deja incólumes los graves problemas que el sistema tiene actualmente y que ya hemos apuntado.

Ante esta situación, el PSOE se enfrentará ante el hecho, ya casi consumado, de tener que aprobar un texto legal elaborado con unos criterios claramente restrictivos y recesivos en lo social, económico y político o, por contra, elaborar otra normativa adecuada a los nuevos tiempos, tecnificando, prestigiando y haciendo más arraigada la fórmula cooperativa.

En este sentido, el presidente González Márquez ha anunciado en la sesión de investidura que presentará en 1983 un proyecto de ley de cooperativas agrarias. Sin. embargo, estimamos que debería articularse una ley general de cooperativas, pues algunas de ellas, como son las de viviendas, ya han adquirido un desarrollo muy importante.

25.000 cooperativas

Máxime teniendo en cuenta que actualmente existen en nuestro país más de 25.000 sociedades cooperativas, de las que sólo aproximadamente el 20% son agrarias. Este importante número de cooperativas ha crecido contra corriente y dan trabajo a dos millones de españoles en todos los sectores económicos, y ello sin contar los puestos de trabajo inducidos, donde, como en el caso del sector de la construcción de viviendas, es una magnífica fórmula de paliar el paro existente en España.

Confiarnos en que nuestros actuales gobernantes, a la mayor brevedad, y conscientes de la importancia que para este país tiene el cooperativismo, lo impulsen administrativamente y apoyen financieramente, haciendo realidad el que desarrollemos nuestras ideas, sin desvirtuarlas, máxime cuando han inspirado legislaciones y actuaciones en otros países.

José Luis Guinea y Santiago López Ramos son abogados, especialistas en cooperativismo y urbanismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 18 de abril de 1983

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