El vacío legal de los cuatro años de ayuntamientos democráticos

Las dudas de UCD durante su etapa de gobierno sobre la definición de la política municipal y los frecuentes enfrentamientos con el PSOE, caracterizaron las relaciones Gobierno central-poder local. En consecuencia, aún se encuentran pendientes de aprobación tanto la ley de Bases de Régimen Local como la de financiación de los entes locales.Las disposiciones legales vigentes hasta ahora en la materia se componen de retales de variado origen, a saber: una ley de Bases de Régimen Local, de 1945; otra ley de Bases del Estatuto del Régimen Local, de 1975, parcialmente vigentes, ya que algunos artículos de las mismas fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, a petición de los socialistas; y varias disposiciones de menor rango -decretos, órdenes-, emanadas del departamento de Administración Territorial, que trataron de llenar el vacío existente con medidas provisionales para permitir el funcionamiento práctico de los nuevos entes locales.

Repulación de los entes locales

Un proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso en mayo de 1981 no llegó a ser aprobado debido a las resistencias socialistas en la materia y al hecho de que los pactos globales GobiernoPSOE del verano de aquel año congelaron las soluciones ya adoptadas. A partir de aquella fecha, la progresiva crisis de UCD y la dificultad de lograr acuerdos sobre los respectivos puntos de vista contribuyeron al aplazamiento de decisiones respecto a la regulación legal de los entes locales.

Los socialistas tomaron la iniciativa en el impulso al asociacionismo municipal, empleado esencialmente como fórmula de presión sobre la Administración para resolver el problema más urgente de los ayuntamientos demíocráticos, que fue la financiación de las deudas recibidas de la etapa anterior y el incremento de presupuestos. Bajo esta idea se constituyó en 1979 la asamblea de alcaldes de grandes ciudades, más tarde sustituída por un órgano más complejo, la Federación Española de Municipios y Provincias.

Bajo la gestión de la izquierda se ha producido en general un corto incremento de los gastos de personal de los ayuntamientos -excepto en ciudades muy grandes,-como la propia capital de España-, mientras que se han duplicado los presupuestos de inversiones.

En este contexto, el problema más grave surgido en la última etapa fue la congelación de la ley de Financiación del Transporte Colectivo Urbano, aparentemente incluido en los pactos autonómicos Gobierno-PSOE de 1981, y que, sin embargo, fue rápidamente denunciada por los socialistas, quienes votaron contra la misma en su tramitación parlamentaria, argumentando que los presupuestos generales del Estado para 1982 no preveían los cerca de 15.000 míllones de pesetas necesarios para cubrir el déficit de los transportes públicos.