España desea convertir el Campo de Gibraltar en zona franca dentro de la CEE

El establecimiento de una zona franca de soberanía española en el Campo de Gibraltar como un territorio aduanero exento dentro de la Comunidad Económica Europea (CEE) fue una de las propuestas gubernamentales más importantes expresadas por el secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, Manuel Marín, en su comparecencia de ayer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

Marín mencionó asimismo otros muchos temas: la firme decisión de no objetar la adhesión anticipada de Portugal a la Comunidad Económica Europea, si el avance de ese proceso lo permite; la estimación de que el plazo previsible para obtener la libre circulación de nuestros trabajadores no será inferior a los siete años impuestos a Grecia; la negativa a cerrar los capítulos de negociación más adelantados mientras no se definan con precisión los períodos transitorios; la desconfianza de que la Comisión de Bruselas cumpla su compromiso de entregar su posición agrícola antes del 20 de abril; las reservas holandesas para un acuerdo sobre el Euratom mientras España no suscriba el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y la supeditación de emprender políticas de preadhesión al logro de que corran a cargo del presupuesto comunitario.A las 10.15 horas de ayer, con 15 minutos de retraso, el presidente de la comisión, Manuel Medina, abrió la sesión con algunas advertencias sobre el procedimiento a seguir en las intervenciones asignadas a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y el orden previsto para el turno de preguntas ofrecido a todos los miembros de la comisión. Cedió inmediatamente la palabra al secretario de Estado, Manuel Marín, quien, sobreponiéndose a una visible afección de sinusitis, saludó a los diputados en su primera comparecencia y resumió el documento, que consta de 170 folios, repartido a los 30 asistentes por los servicios de Prensa del palacio de la Trinidad.

Asunto de Estado

Manuel Marín subrayó los elementos de continuidad respecto a la gestión negociadora de Gobiernos anteriores, resaltó el carácter de asunto de Estado de que se halla investida y la coparticipación y corresponsabilidad que incumbe a todas las fuerzas políticas. En cuanto a las novedades introducidas, mencionó la reserva general, respecto al contenido y al resultado, que hizo el ministro de Asuntos Exteriores en la primera sesión con el Consejo de Ministros de la Comunidad, el 13 de diciembre de 1982, y recordó cómo en su discurso de investidura el presidente Felipe González afirmó que "no sería pretencioso pensar que antes del final de la presente legislatura estuviera concluido el proceso de adhesión a la CEE". En esa fecha, 1986, habrán transcurrido 10 años desde el inicio de la negociación, y si entonces no hay resultados, habrá que comparecer ante el pueblo español y sacar las consecuencias.

El secretario de Estado se refirió al esfuerzo realizado para evaluar la responsabilidad de los diferentes países miembros en la marcha de las negociaciones, explicó la tendencia a considerar a Francia como el único obstáculo.

A falta de portavoces del Grupo Mixto, inició el turno el representante del PNV, Jon Gangoiti, que instó a no ceder en las pretensiones comunitarias de renegociar el acuerdo preferencial vigente desde 1970; a diferenciar las ventajas previsibles para la agricultura mediterránea de las dificultades que sufrirá la agricultura continental, y alertó sobre los propósitos de Bruselas para inducir una reducción de la flota pesquera española antes de la adhesión. El ex ministro Marcelino Oreja, en nombre de los restos córpore insepulto de UCD, preguntó por los resultados de la nueva estrategia, y aprovechó para sumarse a la protesta del Gobierno por la presencia de buques de la Royal Navy en Gibraltar.

Guillermo Kirkpatrick, por el Grupo Popular, volvió sobre Gibraltar, Ceuta y Melilla y Canarias, y mencionó la oportunidad de un referéndum para concluir el proceso de adhesión española. Luego se produjo un incidente cuando el secretario de Estado dijo al diputado popular Navarro Velasco que no aceptaba la pregunta que le había planteado en tomo a los aranceles sobre los automóviles, donde veía el reflejo de intereses extranjeros en el Congreso de los Diputados.