Dos abogadas presentan denuncia por registros en domicilios del barrio del Pilar

María Luisa Ortuño y Dolores Gutiérrez de Frutos, ambas abogadas y vecinas del barrio madrileño del Pilar, presentaron el pasado jueves una denuncia ante el juzgado de instrucción de guardia ese día en Madrid por supuestas irregularidades, legales cometidas en algunos registros domiciliarios que han efectuado fuerzas policiales los pasados días en la citada zona de la capital de España. Las denunciantes entienden que, en determinados casos, pudo producirse "una clarísima coacción y atropello a los preceptos constitucionales determinantes de la inviolabilidad del domicilio".En el momento de ratificar ante el juez la denuncia redactada por ambas abogadas, Dolores Gutiérrez de Frutos declaró en el juzgado que cuando los agentes policiales llegaron a su vivienda, situada en la calle Finisterre, número 38 5º D, se encontraban en la misma tan sólo dos de sus hijos, menores de edad, de 14 y 9 años. Sin embargo, penetraron en la vivienda tres miembros de la Policía Nacional uniformados, sin previo aviso a los padres de los niños, sin exhibición de documento oficial alguno y sin la presencia de testigos, según informaron a este periódico fuentes relacionadas directamente con las denunciantes.

Dolores Gutiérrez puso de relieve al juez de guardia que en otra vivienda del mismo inmueble, propiedad de su marido, también penetraron varios policías nacionales, a pesar de que en la casa sólo se encontraban unos albañiles que realizaban obras de reparación. En este caso, sin embargo, los policías fueron acompañados de dos testigos.

"En algunas ocasiones", añade la denuncia, "ante la negativa de los moradores de las viviendas a que se efectuara la entrada y registro en su domicilio sin autorización o correspondiente mandato judicial, les fue comunicado por los inspectores y fuerzas de policía actuantes que el mismo no era necesario, por tratarse de actuación sometida a la legislación antiterrorista, y en otros casos les fue comunicado verbalmente que dicho mandamiento judicial se conseguiría en caso de negativa a la entrada y registro en el plazo de unos minutos, lo que significa, a nuestro entender, una clarísima coacción y atropello a los preceptos constitucionales determinantes de la inviolabilidad del domicilio sin resolución judicial expresa, máxime cuando no se trataba de la posible comisión de un delito con la característica de flagrante".

No hubo extrañeza

El magistrado juez decano de Madrid, Salvador Domínguez, hizo constar ayer que a él no le causó extrañeza el hecho de que a lo largo del día 7, después de que fuerzas policiales realizaran numerosos registros domiciliarios en el barrio madrileño del Pilar el día anterior, las autoridades gubernativas no hubieran comunicado a las judiciales los registros concretos que se habían realizado, "ya que nadie había solicitado todavía ningún mandamiento judicial de registro". "Si se hubiera hecho, los propios jueces hubieran exigido la comunicación posterior sobre el resultado de los registros".