Los abogados creen que la sentencia del 23-F ha quedado totalmente destrozada

"La sentencia dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar, con relación al 23-F, ha quedado totalmente destrozada. De ella ya no queda nada, se ha dejado sin valor la resolución". Estas palabras fueron pronunciadas ayer por el letrado Francisco Almeida, al desarrollar el recurso de casación del teniente coronel Pedro Mas Oliver, en la tercera y penúltima sesión.Quien pronunció tan apasionadas palabras es el padre de la concejala comunista del Ayuntamiento de Madrid Cristina Almeida. No era una divagación en solitario. La opinión del letrado Francisco Almeida se extendió ayer en la sala, entre los abogados defensores y entre el numeroso público que por primera vez llenaba los bancos.

Quizá porque este sentimiento estaba compartido un amplio sector del público esbozó una sonrisa cuando el letrado Almeida, dirigiéndose a los magistrados, les requirió para que redactaran una nueva sentencia con la que quedasen "tranquilizadas sus conciencias", y en la que se desestimara el recurso del fiscal general del Estado, se redujesen las penas a los procesados y se subsanasen las presuntas infracciones de la resolución.

Francisco Almeida, con una cierta ironía, dejándose las ces y alargando las eses, rebatió las afirmaciones realizadas por el fiscal general del Estado según las cuales el juicio de Campamento había sido una vista "perfecta y limpia". Aseguró en cambio que allí, sobre la mesa de la presidencia del tribunal militar, habían quedado entre treinta y cuarenta protestas por presuntas infracciones de procedimiento, negativas de pruebas "a barullo", que en ningún momento fueron justificadas y que consistieron en un lacónico "no". En ese instante, el presidente de la sala, interrumpió al abogado -la primera y única interrupción ejercida durante las tres sesiones- y le recordó que debía ceñirse a los motivos de fondo.

La obediencia del fiscal

El letrado Julio Ortiz Ortiz, defensor del teniente Pedro Izquierdo Sánchez, fue casi tan demoledor y contundente como Almeida. Pero, en este caso, el ataque del letrado se dirigió hacia el fiscal general del Estado.

Fue un ataque que se abrió con compases dispersos y disonantes, pero que fue elevándose para llegar a asegurar que entre la actitud de su procesado y la del ministerio fiscal podía trazarse un paralelismo. Para Ortiz, el teniente Pedro Izquierdo Sánchez había participado en la ocupación del Congreso obedeciendo órdenes, de la misma manera que el fiscal togado recibió en su día órdenes estrictas del Gobierno para recurrir la sentencia. Continuó en esta línea y aseguró que si su patrocinado se hubiera negado a cumplir el servicio que se le encomendaba hubiera podido ser sido sancionado con una pena de hasta seis años de prisión, de "idéntica manera que hubiera sido sancionado el fiscal si se hubiera negado a presentar el recurso, ya que el representante del ministerio público hubiera podido ser suspendido de empleo y sueldo o incluso separado del cuerpo".

La obediencia debida

Al margen de estas escaramuzas, la sesión de ayer se centró en el tema de la eximente de obediencia debida, recogida en la sentencia y gracias a la cual fueron absueltos todos los tenientes inmersos en el procedimiento. Días atrás, el fiscal general del Estado, en nombre de la ejemplaridad de la sentencia, había recabado de la sala la retirada de esta eximente y la imposición de una condena a los tenientes. Había sido una de las peticiones más firmemente defendidas por el ministerio público, y consecuentemente, debía provocar una reacción contraria por parte de los defensores de los absueltos, quienes reivindicaron que se mantuviera la sentencia en todos sus términos.

El recurso referente al civil Juan García Carrés se vio también en la sesión de ayer. El letrado Juan García Carrés, condenado a dos años de prisión por un delito, de conspiración para la rebelión militar, fue defendido por Antonio Muñoz Perea. Aseguró el abogado, que el fiscal general del Estado quería dar con la agravación de la pena de Juan García Carrés "un sentido ejemplarizador contra aquellos que la Prensa dice que forman la trama civil del 23-F". Rebatió esta tesis, citando a san Agustín y alegando que "no se puede hacer el mal para conseguir el bien".

Las intervenciones de los defensores finalizaron por la tarde, con los informes de los abogados Manuel Hernández Graíño, que defendía a los tenientes de la Guardia Civil Ramos Rueda y Vecino Núñez, y de Manuel Novalvos, que dirige la defensa del teniente del mismo cuerpo Bouza Carranco. Los dos se opusieron al recurso del fiscal.

El defensor Hernández Graíño, militar de profesión y defensor del teniente Vecino Núñez, hizo ostentación de su condición profesional para extenderse en consideraciones sobre la patria, la milicia, el honor y conceptos semejantes.

Aseguró que su patrocinado no cometió ningún hecho delictivo, sino que con su actuación trató "de evitar un hecho que hubiera podido cambiar el curso de la historia de España". Se refería al episodio del zarandeo que se propinó al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado. Defendió, naturalmente, la no participación de su defendido en tales hechos.

La defensa de Bouza Carranco, a cargo del letrado Novalvos, fue dilatadísima. Fue una defensa de tono convincente, pero que no se privó, en los primeros momentos, de dirigir a la sala unos ripios de Sainz Arriaza para hablar sobre la patria.

La 'sonada' del 23-F

De la tediosa y reiterativa sesión de ayer cabe, sin embargo, entresacar un elemento sorprendente, con el que se ve enriquecido el diccionario de eufemismos surgidos a raíz del proceso del 23-F. Junto a términos tan manidos como "reconducción nacional", "alzamiento sin armas", "amor exacerbado a la patria", "obediencia ciega" o "rebelión atípica", los especialistas podrán desde hoy alinear un nuevo término: "la sonada". "La sonada de las partidas del 23-F" fue la frase textual pronunciada por el letrado Antonio Muñoz Perea, al defender al capitán Pascual Galvés, y en un intento de eludir términos tan claros como "golpe de Estado" y "rebeldes".