Las críticas al Gobierno fueron el tema central de la asamblea anual de la CEOE

Las críticas al Gabinete socialista, tanto por omisión como por acción, acapararon ayer la asamblea general anual de la patronal CEOE, primera celebrada tras las elecciones legislativas. El tono de las intervenciones -sólo las programadas, pues ninguno de los tres centenares de empresarios presentes hizo preguntas o interpelaciones- fue, sin embargo, de cierta resignación y esperanza de diálogo con el Gobierno. No hubo, en este sentido, alusión alguna a los próximos comicios municipales y autonómicos. El asunto más sobresaliente se centró en las expropiaciones, en las que se juega, según el presidente de la organización, Carlos Ferrer, hasta el modelo de sociedad.Los asistentes aprobaron por aclamación dirigir un ruego al presidente del Gobierno para pedir tres aclaraciones: que no se realizará la expropiación de cuatro fincas andaluzas anunciada el pasado jueves, que no existe intención, y que ello no va a suponer el inicio de una "cadena de nacionalizaciones". La propuesta, acordada el día anterior por los órganos rectores de CEOE, procedió del presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, Manuel Martín Almendro, quien fue invitado por Ferrer a la tribuna.

Reafirmando palabras anteriores del titular de la CEOE, Martín Almendro dijo que, tras la expropiación de Rumasa, el miedo e inseguridad entre los empresarios andaluces ha llegado al límite con la situación confusa que ha creado la "expropiación de fincas por nota de prensa". Añadió que la dinámica generada "puede desempolvar viejas formas cuyas consecuencias son impresivibles".

Carlos Ferrer habló durante una hora y cuarto, cerca de la mitad de lo que duró la asamblea. Las tres cuartas partes de su discurso, ampliado improvisadamente para cargar más las tintas, consistieron en críticas jalonadas de peticiones o deseos empresariales ante el Gabinete. En general, el tono fue de mayor dramatismo que en ocasiones anteriores, pero con menos calor, a juzgar por.el hecho de que los presentes guardaran su aplauso sólo para el final, sellado con citas a Abraham Licoln. Las dos únicas interrupciones se registraron cuando dijo que iba a dar una buena noticia -"parece que en 1983 van a salir los Presupuestos del Estado para este año" (risas de los asistentes), cuando exculpó a la banca, personificada por Rafael Termes -"a quien queremos ver sano y salvo"- de la elevación de costes financieros.

Termes, como contador de la CEOE, era uno de los cinco empresarios sentados en la presidencia, debido a la reciente reducción de vicepresidencias a una -la de Ignacio Briones, titular de la patronal de construcción-, al para garantizar la libre competencia en la sustitución de Ferrer.

Retroceso en la confianza

El presidente de la cúpula empresarial combinó sus críticas con reiterados llamamientos a la serenidad y el diálogo. En resumen, señaló que, como se cumplieron las preocupaciones y profecías ante el proceso electoral y "las organizaciones empresariales se encuentran ante la prueba de fuego de demostrar su capacidad de establecer relaciones racionales con el nuevo Gobierno", hoy más que nunca es necesaria la presencia equilibrada y vigílante de las organizaciones empresariales.

Para Ferrer, la relación con el nuevo Gobierno no debe basarse en la "sistemática confrontación". Situó su espacio entre la oferta sincera de colaboración y la oposición a medidas que debiliten a las empresas. Pero afirmó que, si bien la respuesta gubernamental ha sido positiva en cuanto a mantener una amplia capacidad de diálogo, los frutos han sido insuficientes. Las principales medidas sociales y económicas adoptadas -reducción de jornada, elevación de cotizaciones sociales, defensa a ultranza del poder adquisitivo de los salarios y elevación de impuestosno son coherentes con los principales objetivos definidos en el programa de gobierno. Y alejan el deseo de reducir la inflación, no conseguido en lo que va de año si se tiene en cuenta que el retraso de los Presupuestos del Estado y la retención de precios autorizados han demorado los efectos alcistas.

También dijo que "se ha retrocedido en el clima general de confianza que resulta necesario para la actividad inversora y empresarial". Hecho que se registra en los indicadores de lo que va de año y que ha sido acentuado, en su opinión, por el tratamiento de fraudes reducidos y localizados a la Seguridad Social y por el asunto Rumasa, que es posible "exigiera algún tipo de intervención", pero que contradice la reiterada declaración de no nacionalizar el sector privado y crea "inseguridad de verse expropiado en 24 horas por consideraciones unilaterales de utilidad pública e interés social".

En las palabras de Ferrer se apreció cierta distinción entre, "voces vinculadas al Gobierno o a su partido que estiman poco el diálogo" y la figura del presidente Felipe González, cuya reciente declaración sobre la necesidad de introducir un amplio régimen en la contratadión de nuevos trabajadores calificó de realista y eficaz, aunque no concretada. No obtante, luego afirmaría en conferencia de prensa que algunas afirmaciones no han coincidido con realidades, y que antes del rearme moral es necesario el material. Sólo otra medida consideró positiva: la prórroga de pagos por deudas a la Seguridad Social. Pero a renglón seguido expresó el temor de que los Presupuestos para 1983 determinen una política económica de creciente nacionalización o socialización de la iniciativa privada, consolidando la tendencia del gasto en los últimos años.

En la asamblea hubo otras seis intervenciones, consistentes en informes del presidentes de CEPYME, las principales comisiones horizontales y los nuevos consejos destinados a integrar verticalmente a las organizaciones no unitarias asociadas (transportes, comercio y turismo). Los asistentes aprobaron la propuesta de objetivos para 1983 y los presupuestos, cerrados en 1982 con un superávit de 57 millones (418 de ingresos y 30 de gastos) y programados para 1983 con otro de 4,9 millones sobre un total de 429,5 millones de ingresos.