Un terrorista en el cuarto de estar

EL MINISTRO del Interior del Gobierno socialista resolvió ayer aplicar los diez millones de votos obtenidos por el PSOE a la ardua empresa de buscarle las vueltas a las garantías constitucionales. Emuló así las hazañas represivas callejeras y masivas de cualquiera de sus recientes predecesores en el cargo. E incluso los superó en la emulación. El barrio madrileño del Pilar, habitado por más de 70.000 personas, fue acordonado por las Fuerzas de Orden Público para comprobar si una pista o una denuncia -quién sabe si animada por el inmoral cebo de 20 millones de pesetas ofrecidos por la Dirección de Seguridad de] Estado- sobre el paradero de Diego Prado resultaba refrendada por los hechos. El Gobierno del cambio ha multiplicado con esta redada las afrentas a una modesta barriada de la capital de la España democrática, transformada por Barrionuevo en una mala copia de la casbash argelina en los tiempos de la dominación colonial francesa.La sección de la Constitución que consagra y protege los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos fue considerada por los socialistas como la gran contribución del grupo parlamentario del PSOE a la elaboración de nuestra norma fundamental. Sorprende así que un miembro del Gobierno socialista desate una operación policial propia de los estados de excepción o de sitio, como si se tratara de una simple medida dirigida a ordenar el tráfico de entrada en la ciudad tras un largo puente. La Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y señala que "ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito". Aunque la aplicación de la ley antiterrorista, cuya constitucionalidad ha sido cuestionada por algunos eminentes juristas, permite suspender ese derecho, resulta estrafalaria, inconstitucional y abusiva la aplicación de esa norma a los vecinos de un barrio entero. Fraga Iribarne no lo hubiera hecho mejor, ni lo hizo mejor tampoco Martín Villa. Como represor inútil -si es que hay utilidad alguna en la represión-, Barrionuevo no tiene precio. Nunca los derechos y las libertades de tantos ciudadanos han sido vulnerados para tan poco: la policía no tiene, que sepamos, ninguna pista decisiva del paradero de Díego Prado, que no resultó hallado en el cuarto de estar de ninguno de los trabajadores cuyos domicilios fueron registrados. A anotar también el hecho de que ha sido el barrio del Pilar, y no el de Salamanca, el sometido al peine. Los terroristas no habitan en barrios bien.

Las resistencias de los propietarios o inquilinos de los pisos a los registros domiciliarios fueron resueltas según informa la agencia de noticias del Estado- mediante el procedimiento de bloquear la vivienda entera mientras un agente corría presuroso al juzgado para conseguir un mandamiento ad hoc. Las cosas, sin embargo, no fueron, al parecer, tan idílicas como la pintura oficial de los hechos describe. De un lado, la presión psicológica y las intímidaciones pueden bastar para viciar el consentimiento de cualquier ciudadano al allanamiento de su domicilio. De otro, el juez de guardia ordinario no fue requerido, durante el día de ayer, para expedir ningún mandamiento de registro domiciliario, lo que hace suponer que fue el juzgado central de la Audiencia Nacional el que despachó generosamente esas eventuales autorizaciones al cobijo de la Ley Antiterrorista. Aquí lo tenemos todojunto: leyes especiales aplicadas porjueces especiales para allanar domicilios de miles de ciudadanos, sospechosos de actividades terroristas para la calenturienta mente de los responsables del Ministerio del Interior.

Aunque el motivo expreso de esta gigantesca redada ha sido la búsqueda de Diego Prado, secuestrado hace días por ETA militar, los agentes aprovecharon el viaje para enseñar también al vecindario del barrio del Pilar fotograrlas de militantes de los GRAPO, tal vez con la intención de realizar un doblete investigador que les permitiera economizar esfuerzos, tiempo y dinero. Si la operación hubiera terminado con el descubrimiento del piso franco en el que los terroristas retenían a su víctima, la moral del éxito, de la que se muestran últimamente tan fervorosos partidarios los socialistas oscurecería seguramente la grave conculcación del espíritu de las garantías constitucionales perpetrada ayer por el Ministerio del Interior. Pero liquidada la redada con un fracaso, los electores socialistas y los ciudadanos todos tienen derecho a saber que la política de policía del Gobierno no va a ser, en manos de la incompetencia, mezclada de arbitrariedad. Barrionuevo es un político indigno de los 10 millones de votos del cambio y los españoles no somos dignos deque nuestra seguridad resida en tales manos. Pero no es preciso hacerse ilusiones: está tan bien aferrada al principio de autoridad, la autoridad misma, que Barrionuevo seguirá siendo ministro como Balbín sigue siendo el responsable de la información televisiva.

La superioridad de un sistema democrático respecto a un régimen autoritario no estriba, como algunos socialistas convertidos a la arrogancia del poder parecen creer, en una mejor utilización de los resortes autoritaxios del Estado para intimidar a los ciudadanos, sino en una ampliación del ámbito de las libertades índividuales, y de la autonomía de la sociedad. El principio de que las cosas funcionen, convertido últimamente en regla de oro para calibrar las excelencias de una organización humana, puede resultar mas idóneo para la administración de un espléndido campo de concentración que para la gobernación de un humilde régimen d emocrático. Churchill decía que democracia es que llamen al timbre a las cinco de la mañana y sea el lechero. Aquí, el lechero se llama Barrionuevo. Aunque, eso sí, ha sido más morigerado en la hora.