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Tribuna:

Pretorianismo versus UMD

En este texto, dice su autor, "se trata de acercarse a la situación insólita de un exiguo colectivo de profesionales de las armas, disidentes de un régimen que se sostenía precisamente por la fuerza de las armas". Se trata, efectivamente, de la historia de los militares de la UMD y su separación del Ejército, encuadrada dentro de la historia reciente, incluida la militar, de nuestro país.

Santo Tomás de Aquino, dominico (1224-1274), uno de los pilares de la doctrina social del cristianismo, sostiene en De regimine principum que el exercitium de la autoridad reside en el pueblo, y que es éste el que la confiere. El Gobierno lo instituye la comunidad, y puede derrocarlo si se convierte en tiránico.Juan de Mariana, jesuita (1537-1623), uno de los historiadores más eminentes de nuestro país, en su libro De rege et regis institutione, formuló la teoría más coherente y lúcida del tiranicidio, afirmando su licitud y justificándolo. Defendió pública y abiertamente el asesinato de Enrique III de Francia.

Estos conceptos de teoría política y varios miles más, sencillos y de fácil entendimiento, con antigüedad de varios siglos, no han calado aún en ciertos sectores de la sociedad española que mantienen un bajo nivel de cultura política y una disposición mental perezosa y hermética; sectores que, lo demás es retórica, han condicionado gravemente la vida nacional durante los siglos XIX y XX. Durante estos siglos, la burguesía conquistó el poder político arrojando todo el peso del Ejército contra las viejas clases dominantes. Más tarde, para conservar y aumentar su poder económico, arrojó al Ejército contra la clase obrera emergente.

En estas líneas, se trata de acercarse a la situación insólita de un exiguo colectivo de profesionales de las armas, disidentes de un régimen que se sostenía por la fuerza de las armas.

En el año 1975, último del dilatado período despótico absolutista, fueron detenidos y encarcelados varios militares que desviaron sus pasos hacia la libertad: hacia una monarquía parlamentaria considerada entonces como una meta revolucionaria. Siguió un proceso, condena y separación del servicio.

Los beneficios de la amnistía promulgada en octubre de 1977 no fueron de aplicación para ellos. En la Prensa de aquellos días se leía: "Quedan fuera de la amnistía los asesinos de Atocha, los oficiales de la UMD y algunos grapo".

En junio de 1980 se replanteó el tema. Fue presentada en el Congreso una proposición de ley firmada por todos los grupos parlamentarios, excepto el de Fraga. De súbito, sabiendo por qué, la clase política de representación popular quedó amordazada, y la proposición de ley orillada bajo un rutilante cielo de tonalidades caquiazuladas.

El ciudadano, el hombre de la calle, el analista político indígena o foráneo objetivaban claramente una situación tangencial con el esperpento: los militares demócratas, excluidos del servicio activo; los militares golpistas, incluidos en el servicio activo. Todo un modelo pintoresco de structura general de poder en una sociedad industrializada y culta que anhela cruzar el siglo XXI cabalgando sobre un robusto patrimonio de democracia avanzada.

Cuando la clase política heredera del franquismo, fulminada por los votos, despegó sus acicaladas manos del timón que guía la nave estatal, se abrió un compás de espera. Compás que se cerró un poco cuando los teletipos vomitaron: "Sargento condenado a seis meses de prisión por un artículo sobre la UMD". Sobre la lengua del sargento Díaz Barbero gravitó, como decía Esquilo, la pesadumbre de un buey.

El general Gutiérrez Mellado ha manifestado que la incorporación al Ejército de los oficiales constitucionales se produciría con grave daño para la unión de los ejércitos. Parece que el ilustre y admirado general no ha acertado en sus declaraciones. Es cierto que la unión y armonía de los militares es necesaria para que concurran al mismo objeto o fin. Como este vector referencial es precisamente el acatamiento y defensa activa de la Constitución, el grave daño para la unión de los ejércitos lo producen quellos militares que se desplazan fuera del ámbito constitucional, y cuyos fines no son coincidentes con los de sus compañeros de las FF AA.

El general Allendesalazar ha sido contundente y clarificador: la reincorporación al servicio activo de los oficiales de la UMI) es un asunto estrictamente político, y compete al Gobierno tomar las decisiones oportunas.

En su comparecencia, el 24 de febrero ante el Congreso, el ministro de Defensa no entró en materia. Sin embargo, es obvio que la intención política de los prebostes es la de imprimir en las escalillas militares los empleos y nombres de los militares separados del servicio por su aversión a los regímenes totalitarios. En las citadas escalillas encontrarán acomodo junto a los fallecidos generales Franco y Moscardó, ue figuran en lugar destacado y preferente.

Los españoles comienzan a avisparse y especulan sobre la identidad de quién o quiénes impiden por la fuerza que el poder político adopte una solución para una situación evidentemente injusta. Estiman que el problema, con implicaciones ético-estéticas y morales, debe resolverse ya. Tienen la certeza de que las FF AA lo asumirán con la naturalidad y el agrado propios de tinos hombres al servicio de los españoles y de su Carta Magna. A aquellos militares que se mostrasen recelosos o enemigos se les podría preguntar cuál es su compromiso con la democracia y con el pueblo que les ha cedido confiadamente sus armas.

es capitán del Ejército.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de marzo de 1983

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