Los pagos a la Seguridad Social

LA PSICOSIS de persecución que se vive en algunos medios empresariales -singularmente en Cataluña- a causa de los encarcelamientos derivados del fraude a la Seguridad Social es muy negativa y, fundamentalmente, no se corresponde a la realidad. Los encarcelamientos producidos en Barcelona se deben a presuntas prácticas de estafas -efectuadas con la posible complicidad de algunos funcionarios- para eludir el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Ninguno de los procesamientos producidos se debe a que las empresas no hubieran podido satisfacer sus cotizaciones y mantuvieran deudas por este concepto con la Administración. Se ha tratado de establecer las responsabilidades de quienes, incumpliendo la ley, practicaban una competencia desleal con el conjunto de empresarios que cumplen escrupulosamente sus obligaciones impositivasPero para contrapesar esa interesada imagen que se viene difundiendo de que el Gobierno persigue a los empresarios no sólo se necesitan buenas palabras, sino también medidas concretas y positivas que demuestren la voluntad del Ejecutivo de estimular la iniciativa privada. En este terreno resulta esperanzador el anuncio de que el Gobierno concederá una moratoria de hasta tres años para la liquidación de las deudas a la Seguridad Social.

El Gabinete socialista quiere poner en práctica mediante decreto-ley este margen de tiempo para la liquidación de las deudas a la Seguridad Socia en unas condiciones particularmente ventajosas. Los empresarios que no estén al corriente en el pago de las cuotas anteriores al 31 de diciembre de 1982 tendrán hasta el próximo 31 de mayo para reconocer la existencia de la deuda y acogerse a una fórmula de pago de hasta 36 mensualidades. Durante el tiempo de aplazamiento se aplicará únicamente el interés básico del Banco de España, un modesto 8%, porcentaje que está muy por debajo de los precios del dinero en el mercado nacional e internacional.

El Gobierno socialista combina con esta medida la flexibilidad necesaria respecto a los empresarios en dificultades con la inflexibilidad -igual de necesaria- en la persecución de quienes realizaban una liquidación irregular de las cuotas de la Seguridad Social, delito que ha llevado a un cierto número de responsables, altos cargos de empresas privadas al procesamiento y a la cárcel. Nos hallamos ante una complementariedad de acciones. Por un lado, dibuja claramente los márgenes de aplicación de la ley sin complacencias ni ocultaciones mal refugiadas en la teoría de que para mantener a flote a las empresas cualquier añagaza está tolerada. Con la actual medida, por otra parte, echa un cable a aquella gran mayoría de empresarios con voluntad de cumplir la ley pero cuyos medios, en momentos de rentabilidad económica precaria, ponen en dificultad ese objetivo. Nos encontramos, por añadidura, ante una medida eminentemente realista, aunque sólo sea por el hecho de que el 8% de lo adeudado a la Seguridad Social corresponde entidades del INI, con lo que si el Estado es uno de los propios deudores, mal puede mantener la bandera de cobrador implacable sin matices.

Cabe preguntarse, de todas maneras, en estas circunstancias, si no se estará produciendo un caso de agravio comparativo, respecto a todas aquellas empresas que se han mantenido, con indudables sacrificios, al corriente del pago de sus cuotas, al conceder esta moratoria excepcional a los malos pagadores. El recargo de unos intereses, aunque ventajosos, marca, sin embargo, claramente la línea divisoria entre unos y otros, sin adjetivaciones peyorativas para los segundos.

La complementariedad de exigencia legal y flexibilidad económica es evidente también desde un doble punto de vista. En primer lugar, con la persecución del fraude en el pago de las cuotas se ha producido un incremento inmediato en la liquidación de la deuda a la Seguridad Social que puede cifrarse en cerca de un 30%, sin que por ello quepa pensar que hayan aumentado de forma sensible las dificultades de las empresas para mantener su solvencia. En segundo lugar, la reforma plena de la Administración, y con ella el futuro equilibrio de los presupuestos de la Seguridad Social, sólo pueden asegurarse desde una perspectiva de liquidación regular de la enorme deuda atrasada. Hay que entender que la Seguridad Social somos todos nosotros y que: si no aspiramos a una recuperación paulatina pero continuada de la salud financiera de esas cuentas, dentro de unos años peligrarían los mecanismos económicos que garantizan" la cobertura de jubilación de todos los asalariados. Bien es cierto también que la gestión de la Seguridad Social se caracteriza por el caos y el despilfarro. En este punto, como en muchos otros, el Estado no puede quedarse en la figura de mero recaudador, sino que ha de cumplir su función de ofrecer unos servicios decentes a, los ciudadanos.

A medio plazo hay que pensar, sin embargo, en medidas de mayor envergadura que una simple moratoria para que el empresariado recupere la confianza en su habilidad para hacer frente a sus obligaciones económicas, y ésas sólo cabe pensarlas en el marco del alivio a la presión fiscal que supone el actual nivel de las Cuotas que, con cerca del 30% del costo total laboral de las empresas, es muy superior a la media europea. Ese: alivio, por vía de la reducción del porcentaje de las nóminas que corresponde a los pagos a la Seguridad Social, habría de llegar en coincidencia con la entrada en vigor del IVA (Impuesto de Valor Añadido), uno de los requisitos económicos para la incorporación de España a la. CEE. Este impuesto se aplicará, en principio, a todas las transacciones, pero será únicamente gravatorio de las sucesivas adiciones de valor en el producto, y no como ocurre en la actualidad, de la totalidad de su vaIor en el clásico impuesto en cascada, que tan oneroso resulta para la economía española. El momento en que el IVA introduzca una medida de racionalidad en el sistema tributario español será el más indicado para europeizar también los costos laborales de nuestro sistema económico, razón complementaria para urgir la tramitación parlamentaria del antiguo proyecto de ley del IVA, todo lo retocado que sea necesario.