Enmiendas del Grupo Popular a la expropiación de Rumasa

El Grupo Parlamentario Popular presentó ayer una serie de enmiendas al texto del decreto ley de expropiación del holding Rumasa, entre ellas una a la totalidad, en las que solicita que se emplee el método de incautación, en lugar del utilizado, y que se constituya una auditoría tanto a la totalidad del grupo de empresas intervenidas, como a las relaciones del Banco de España con los directivos del grupo Rumasa.Ayer, unas horas antes de que finalizara el plazo de admisión de enmiendas al decreto ley por el cual el estado expropió el grupo de bancos y empresas de Rumasa, el Grupo Parlamentario Popular presentó cuatro enmiendas individuales a artículos concretos del decreto y una a la totalidad cuyo texto solicita que se sustituya el método de expropiación por el de incautación.

En medios del Grupo Parlamentario Popular, se informó a este periódico que el último apartado del artículo tres del citado decreto ley de expropiación, significa, a su juicio, una "socialización de las pérdidas". Se basan en el siguiente texto del citado artículo: "En el supuesto de que el resultado que arroje el balance determine un valor negativo para las acciones expropiadas, se entenderá que el justiprecio queda absorbido por las cargas que comporte la asunción del pasivo de la sociedad".

Este párrafo es interpretado por los responsables del Grupo Parlamentario Popular como una exclusiva socialización de las pérdidas del grupo a cuenta de los contribuyentes, mientras que se devolverían a su anterior propietario las empresas con saldos positivos.

En la emnienda a la totalidad, se especifica que Hacienda controlará la gestión de las empresas incautadas, pudiendo proponer, en caso de permanencia de la intervención superior a un año, la formalización social de la participación del Estado o la conversión de la empresa intervenida en empresa nacional. Para este último caso, la enmienda establece el procedimiento de expropiación forzosa.

Mediante el artículo tercero se crea una comisión parlamentaria de investigación, compuesta por siete diputados y con representación de todos los grupos de la Cámara, con un triple objetivo: el análisis y valoración de la totalidad de los datos contables del grupo; el control del desarrollo y resultados de la intervención estatal y, finalmente, proponer las medidas necesarias a la vista de los resultados de su actuación.

Asimismo, la enmienda solicita en su artículo cuarto que "a los efectos del total esclarecimiento de los hecho económicos que han motivado estas actuaciones de la Administración, la Intervención general de la Administración del Estado realizará, con la mayor celeridad, una auditoría de la totalidad del grupo de empresas intervenidas, referidas a los datos contables reales en la fecha del 18 de febrero del presente año".

Finalmente, la enmienda a la totalidad solicita que los titulares de las acciones de cada una de las sociedaddes incautadas sean informados por la Administración cada tres meses de todas las incidencias de la investigación excepcional, así como de los resultados y procedimientos administrativos o judiciales que pudiera originar.

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