Los precios del petróleo y los automovilistas españoles

TRAS UNA dramática y extenuante discusión, los países miembros de la OPEP consiguieron finalmente llegar a un acuerdo. El nuevo precio oficial se reduce en cinco dólares y queda así fijado en veintinueve dólares / barril. Para proteger esa decisión, se acuerda un tope máximo de producción dentro de la OPEP de 17,5 millones de barriles diarios, frente a los 31 millones en 1979 y los catorce millones en los últimos días de caída de la demanda. A fin de evitar una guerra de cuotas Arabia Saudi acepta reducir su contribución a la oferta mundial a cinco millones de barriles diarios, frente a los once millones en los momentos de máxima tensión entre suministros y compras y a los ocho-nueve millones en velocidad de crucero.La reducción del precio oficial es una excelente noticia para la economía mundial. Las sucesivas alzas de los precios de los crudos contribuyeron durante los años pasados a estimular la inflación en los países consumidores y, al mismo tiempo, propiciaron una contracción en la actividad económica, ya que los mayores gastos en petróleo dejaban menos dinero para la adquisición de otros productos. En momentos como los actuales, en los que tan necesaria resulta la colaboración de los efectos expansivos sobre unas economías estancadas, las repercusiones de los nuevos precios petroleros ejercerán una positiva influencia. Estos beneficios generalizados prevalecerán, en su conjunto, sobre los problemas particulares que la disminución de los ingresos por exportaciones de petróleo creará a determinados países.

El acuerdo de Londres marca posiblemente el fin del cártel de la OPEP, al menos en su actual versión. Desde 1973, el precio del petróleo se ha incrementado, en un 1.200%. Esta alza espectacular fue la respuesta lógica de unos productores que controlaban las dos terceras partes del mercado y que recibían una demanda incluso superior a la de sus posibilidades de suministro. Por otro lado, la actitud del coronel Gadafi, las guerras árabes-israelíes, la caída del sha y el conflicto irano-iraquí exacerbaron la independencia tercermundista frente a las poderosas naciones industriales. La OPEP ganó la partida. Sin embargo, la ilusión de otros países productores de materias primas se truncó, escindiendo dramáticamente en dos bloques a las naciones subdesarrolladas, dado que la caída de la demanda mundial acabó arrastrando a los precios de las otras exportaciones.

Ahora llega el turno a los poderosos señores del petróleo. Los altos precios de los crudos estimularon las nuevas perforaciones y la expansión de la producción en Alaska, el mar del Norte, México y buen número de pequeños productores. La OPEP sólo controla ahora un tercio del mercado mundial y no se encuentra, ya en condiciones de ejercer, con esa cuota, un férreo control sobre precios y cantidades. Por otro lado, las grandes naciones industriales han desarrollado eficaces medidas de ahorro energético, destinadas a conseguir el mismo producto o a recorrer igual número de kilómetros con menor cantidad de petróleo. Además, el temor a una excesiva dependencia energética del petróleo ha fomentado su sustitución por otras fuentes alternativas.

La solidez del cártel se ha cuarteado. Por vez primera, los precios de referencia se han fijado en el mar del Norte y no en Arabia Saudí. La URSS ofrece partidas importantes a 27,5 dólares el barril, mientras que algunos productores de la OPEP (como Nigeria e Irán), agobiados por problemas de balanza de pagos, venden por la puerta trasera a precios inferiores a los pactados. Las posibilidades de desaparición del cártel crean el serio riesgo de una carrera de precios a la baja que pudiera incluso llegar a desanimar las medidas de ahorro energético, la utilización de otras fuentes sustitutivas y el desarrollo de nuevos proyectos. De añadidura, si la demanda mundial se disparase nuevamente, reaparecería el peligro de nuevas escaseces y violentas distorsiones en el mercado. Incluso los economistas más liberales se pronuncian por un mercado ordenado, con precios a la baja, pero con disciplina suficiente para evitar su derrumbamiento.

Para España, el descenso de los precios implicará de forma inmediata una reducción de unos 1.000-1.500 millones de dólares en la factura de importación. Ese menor déficit por cuenta corriente significará unas menores necesidades de financiación exterior y, en consecuencia, un alivio para la política monetaria, que no precisará de unos altos tipos de interés interiores para sostener la peseta. Pero, sobre todo, la caída del 16% en el precio del petróleo importado representará una aportación neta del 1% al PIB español. Recordemos que durante los últimos años la transferencia al exterior por el pago del petróleo equivalía al 6% del valor de nuestra producción interior bruta de bienes y servicios.

¿Deberá traducirse el nuevo precio internacional del petróleo en una reducción de los precios interiores de los derivados energéticos? Es evidente que los consumidores se verían altamente beneficiados si el descenso de la cotización de los crudos se trasladase íntegramente a los surtidores de gasolina o a las bombonas de butano. Ahora bien, es previsible que la Administración se resista a esa medida por puras razones de fiscalidad, apoyadas en la necesidad de contener el déficit público. El Gobierno tendrá que elegir, así, pues, entre mantener los actuales precios de la gasolina y otros derivados energéticos, repercutir todo el ahorro de las compras en la baja de los precios interiores o buscar fórmulas intermedias. Cualquiera que sea la medida adoptada, es preciso que la Administración suministre una información adecuada a los consumidores y exponga las razones de su decisión final en el marco de sus planteamientos generales de política .económica, gasto público y presión impositiva. Si el Gobierno se inclinara por mantener o disminuir sólo ligeramente los precios de la gasolina y los restantes derivados, a fin de incrementar los ingresos fiscales, sería imperdonable que esa mayor capacidad recaudatoria no fuera aplicada a la reducción del déficit. Por lo demás, un gesto como la desaparición de. Campsa confirmaría los propósitos del presidente del Gobierno de recortar los gastos públicos innecesarios y permitiría que la competencia entre los refinadores deparara a los consumidores -como en otros países que, como Francia, no renuncian a disminuir la fiscalidad- ligeras reducciones en los precios de la gasolina. Cabe incluso suponer que los puestos públicos que fueran amortizados por la desaparición del monopolio quedarían compensados con la creación de empleo en las nuevas estaciones de servicio que, una vez de saparecida la autorización burocrática de Campsa, pudieran establecerse.