Pablo Castellano no logró que los presos de Carabanchel desconvocaran la huelga

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Pablo Castellano, explicó ayer a representantes de la coordinadora de presos de Carabanchel que se tramitan por el procedimiento de urgencia los proyectos legislativos de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, que supondrán la salida de numerosos presos preventivos y la rebaja de Ipenas.Apesar de las explicaciones, los internos asistentes a la reuníón acordaron a primera hora de la noche, durante una asamblea, iniciar una huelga el domingo paralizando los servicios que tienen asignados en el centro.Pablo Castellano anunció, de entrada, que no venía en nombre del Gobierno, ni como intermediario, ni a parar ninguna huelga, sino a título de representante de la Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso para informar sobre la situación de dichos proyectos. Recordó que el proyecto de ley por el que se modifican los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal había sido dictarninado el pasado miércoles, y que consideraba que el próximo martes podría ser debatido en el Congreso, por lo que, tras su paso por el Senado y devolución a la Cámara baja, estimó que en un mes o mes y medio podría serpublicada la ley. Sobre el proyecto de reforina del Código Penal, afirmó que la ponencia podría estar lista para finales de abril y que, "si tenemos que establecer una especulación", podría verse publicado en un plazo de tres meses o tres meses y medio.

Acerca del plazo de tres meses que figura en el proyecto de reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, para dilatar la entrada en vigor del artículo 504, Castellano, contra el criterio de los reclusos de que se traduciría en la práctica en una conversión masiva de preventivos en penados, aseguró que este plazo servía para fijar un período inaplazable para que se resolviera en uno u otro sentido la situación de éstos.

Al margen de la petición de celeridad y la supresión de la prórroga, que supondrá la permanencia en prisión durante dicho período, aunque se hayan cumplido los plazos de prisión provisional marcados por la nueva normativa, los reclusos solicitaron la aplicación estricta de la legislación vigente sobre redención de penas por el trabajo, que podría significar, a su juicio, la puesta en libertad de un 20% o 25% de los internos.

Los internos manifestaron su deseo de ser oídos en la reforma del reglamento penitenciario y que se les posibilite votar en las próximas elecciones sindicales, ya que manifestaron no haber podido hacerlo en los comicios del 28 de octubre.