Barrera cree injustificada la imagen de conflicto permanente entre las instituciones de Cataluña y el Gobierno central

JAVIER ANGULO"Los catalanes podemos sentirnos perfectamente cómodos dentro de España", afirmó Heribert Barrera en su primera intervención en el Senado como presidente del Parlamento catalán, en la que habló de fraternidad, solidaridad e igualdad entre las comunidades autónomas españolas. Barrera rechazó la visión que se ha dado de existencia de conflicto y enfrentamiento permanente entre Cataluña y el Gobierno central con respecto a algunas leyes ("que no han sido sino diferencias de interpretación"), mantuvo su convicción de que debe reformarse ("aunque no hay urgencia para ello") el título VIII de la Constitución y aseguró que, "por el camino de la federalización, el Estado de las autonomías será algo auténtico y enraizado con la realidad".

La presencia del presidente del Parlament catalán en la Comisión de Autonomías del Senado -que fue presentado por el propio presidente de la Cámara Alta, José Federico de Carvajal- inauguró un nuevo uso en la Cámara de representación territorial, "que quiere ser", afirmó el presidente de la comisión, Víctor Manuel Arbeloa, "un lugar de encuentro donde las comunidades autónomas tengan su voz". Arbeloa significó que se trataba de la primera de una larga serie de comparecencias de todos los presidentes de los Parlamentos autónomos españoles, y corto de raíz preguntas de los senadores referidas a afirmaciones hechas por Barrera calificando a Cataluña de patria o nación, o refiriéndose a la independencia de dicha comunidad histórica. Hizo Heribert Barrera una larga exposición de la actividad del Parlament de Cataluña desde su constitución en marzo de 1980. A este respecto, señaló que en los tres años la Cámara ha aprobado 41 leyes, de las que una buena parte son de carácter institucional y se han elaborado con un grado máximo de consenso. El president subrayó que ha sido voluntad constante del Parlament no excederse en sus competencias, y a ello obedece la existencia del Consejo Consultivo, "que no estaba contemplado en la Constitución, pero al que nos obligamos en el estatuto, a fin de que la Cámara no pueda extralimitarse ni legisle sobre materias que la Constitución no le reserva". Indicó que las recomendaciones de este organismo consultivo sobre las leyes del Parlament no son vinculantes, pero que en la mayoría de los casos han sido tenidas en cuenta.De las 41 leyes, citadas, diez fueron recurridas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. "Carece de justificación esa imagen que se ha querido dar de enfrentamiento y conflicto permanente entre Cataluña y el Estado a partir de esos recursos y los dos que hemos presentado nosotros al mismo tribunal contra leyes de las Cortes Españolas", dijo Barrera. "Estamos", precisó, "en un terreno jurídico, y ni el Gobierno central ni el Parlament hemos puesto en duda la obligación de someternos al Tribunal Constitucional. En la Constitución y en el estatuto catalán hay cuestiones ambiguas, expresiones susceptibles de interpretaciones y lecturas diversas. Es casi, por ello, obligado que la lectura que puedan hacer de un precepto el Parlament o el Consejo Consultivo no coincidan con la que pueda hacer un abogado del Estado. Eso es normal, y debe interpretarse como diferencia de interpretación y no como conflicto o enfrentamiento para ser explotado con fines políticos". En el debate posterior a su intervención, y en respuesta a una pregunta sobre su nunca disimulado deseo de modificar la Constitución, Barrera afirmó: "Nuestra Constitución tiene la virtud de ser abierta y permite su modificación. Ese deseo personal que he manifestado de reformarla en su título octavo, que comparten bastantes catalanes, no creo que sea una cuestión a plantear con urgencia. Es una cuestión de la que puede hablarse, ya que nunca podrá modificarse si antes no se crea un cierto estado de opinión, si no se ponen de manifiesto las razones por las cuales puede plantearse la oportunidad de la reforma". El tema de la eventual modificación de dicho título de la Constitu ción se había suscitado previamente cuando un senador del Grupo Popular preguntó a Barrera si mantenía su criterio de que las diputaciones debían desaparecer. El president defendió una estructura comarcal de Cataluña frente a la actual división provincial, y dijo que para lograr este propósito quizá fuera necesaria una reforma de la Constitución. "Nuestra organización comarcal debe ser la sustitutiva de las mancomunidades", afirmó. "Yo siempre he manifestado que la Constitución no permite la supresión de las diputaciones, pero no obliga a mantenerlas como son ahora. El sentido de algunas acciones parlamentarias es de las diputaciones en aquello que la Constitución obliga, y en lo demás, con un propósito de simplificación e incluso de ahorro de esfuerzos y dinero, evitar duplicaciones entre la administración provincial y autonómica.

Dos lenguas para todos

Con respecto a la ley de normalización del idioma catalán, que adelantó que será probablemente aprobada a primeros de abril, una vez que el Consejo Consultivo ha recomendado una serie de retoques, Barrera afirmó que el objetivo es establecer las normas que garanticen lo que sobre la conficialidad está establecido en la Constitución y en el estatuto. "Es decir, que cualquier ciudadano en Cataluña tenga la facultad de utilizar indistintamente la lengua catalana y castellana cuando lo desee y no esté obligado a Utilizar ninguna de las dos ni por ley ni por circunstancias de hecho".

"Deseamos", añadió, "que cualquier ciudadano (le Cataluña en todos los organismos de la administración autonómica, y desearíamos lo mismo para la Administración central, pueda dirigirse a aquéllos en la lengua que desee y sea escuchado y atendido. Esto no obliga al funcionario que le atiende a utilizar la lengua catalana, pero sí entendemos que el funcionario que atiende tiene que comprender la lengua catalana, porque si no este derecho de utilizar el catalán sería un derecho teórico.