Un solo sueldo para funcionarios y altos cargos, por un horario que se cumple

La consecución del estricto cumplimiento de un horario por parte del funcionariado, prolongación del horario real de que disfrutaban anteriormente, junto al envío al Congreso de dos proyectos ley en los que se regulaba tajantamente las incompatibilidades de diputados y senadores y altos cargos de la Administración, por los que se impide la percepción de más de un sueldo con cargo al erario público, constituyen los ejes decisivos de la acción de Gobierno en la tarea de racionalización y moralización de la Administración pública.

Asimismo, el Ejecutivo se ha comprometido a enviar al Congreso, entre abril y final del año, proyectos de tanta trascendencia para la reforma administrativa como la ley -de Medidas Urgentes para la Administración Pública y el Estatuto de la Función Pública.La tradicional semana de vacaciones navideñas y de Semana Santa de los funcionarios ha sido reducida a los días festivos oficiales, y el no menos tradicional horario relajado de 9 a 14 horas ha sido convertido en un horario de forzoso cumplimiento de 8 a 15 horas, que paulatinamente irá teniendo carácter flexible, más la obligación de acudir uno de cada tres sábados. Esto último ha sido revisado recientemente a cambio de prolongar la jornada, y se han concedido seis días extras de permiso anuales de libre disposición, para compensar dichos recortes vacacionales y la desaparición de los puentes.

Por otro lado, se han abierto por la tarde las oficinas de registro e información. en los centros donde ha sido posible, cuya operatividad está todavía por desarrollar,y se ha instado a reducir el gasto público y restringir el uso de coches oficiales. El efectivo cumplimiento del horario, al margen de subsanar ciertas flagrantes ausencias, ha actuado como otro inexorable filtro de incompatibilidades, particularmente en el caso del personal sanitario.

A raíz de una modificación departamental realizada en diciembre, Presidencia aseguró, que en lo sucesivo se realizarían por ley, y bajo responsabilidad de dicho ministerio, para impedir crecimientos anómalos y unificar criterios. Por sendos decretos leyes, se regularon los gabinetes de ministros y secretarios de Estado y se definieron los demás órganos políticos de la Administración, a fin de deslindarlos de la esfera administrativa.

El Gobierno socialista, en cumplimiento del compromiso electoral, ha enviado sendos proyectos legislativos al Congreso en los que se regulan de un modo estricto las incompatibilidades de diputados y senadores y altos cargos de la Administración. A estos últimos, amén de no poder percibir dos sueldos con cargo al erario público ni desempeñar dos cargos públicos, se les impide ejercer cualquier profesión o actividad privada, por cuenta propia o ajena. Por otro lado, se ha recabado una declaración de actividades públicas y privadas, de cuantos trabajan para la Administración. Con base en dicha documentación, Presidencia regulará definitivamente las incompatibilidades del personal que trabaja en el sector público, con lo que se acabarán de subsanar las numerosas lagunas, que a juicio del Gobierno, presentaba la ley vigente de incompatibilidades, fruto de UCD.

El objetivo programático de despolitizar al máximo la Administración viene reflejado por los siguientes datos exhibidos por Presidencia: frente a los 504 funcionarios eventuales de libre desígnación, que cosaron automáticamente por ley al producirse el cambio de Gobierno, el Ejecutivo socialista ha nombrado alrededor de 170. La remoción de directores y subdirectores generales, entre 170 y 112 respectivamente, viene justificada, según Moscoso, por la necesidad de "que el cambio debe ser ejecutado por quienes creen en el cambio".

Primera negociación colectiva

Un punto programático e histórico implantado de modo inmediato por el Gobierno ha sido la negociación colectiva con las centrales sindicales del aumento de retribuciones y de cuantas medidas y proyectos se han tomado sobre la Administración. Además de reconocer y potenciar la práctica sindical en los funcionarios, el Gobierno, se ha comprometido a enviar en breve sendos proyectos de ley en los que se regulen los derechos de sindicación y huelga y los órganos de participación y negociación.En el acuerdo sobre retribuciones del personal de la Administración estatal y organismos autónomos, al margen de que la subida supere en tres puntos la de 1982, que se hayan incrementado en casi un 75% las retribuciones básicas en los niveles inferiores, con lo que se ha conseguido aumentar considerablemente pensiones y pagas extraordinarias e igualar el salario base con el mínimo interprofesional, se ha dado un paso de gigante hacia la simplificación de las retribuciones, que posibilitará una mayor transparencia salarial.

No menos histórica ha sido la huelga de los funcionarios de los altos cuerpos realizada a finales de febrero, por considerarse marginados de las negociaciones centrales sindicales- Presidencia. A esta tarjeta de visita de los altos funcionarios frente al nuevo Ejecutivo, no han sido ajenos los conocidos proyectos gubernamentales, verdaderas cargas de profundidad contra su status, de proceder a la progresiva unificación de cuerpos, retirarles la capacidad de cooptar su personal, revisar los incentivos y reclasificar los puestos de trabajo, lo que significaría la supresión del monopolio que algunos cuerpos ejercen sobre ciertos puestos.