La psiquiatría como represión

LOS DOS nuevos delitos de Estado que nuestro tiempo ha aportado a la ya larga lista iniciada en la antigüedad, y sin renunciar a ninguno de los otros, son el de las desapariciones y el de los manicomios como cárceles y la psiquiatría como diagnóstico. Parece que este último es casi una exclusiva, o una institucionalización, en la Unión Soviética, y Amnistía Internacional, que viene denunciándolo desde hace diez años, acaba de emitir un informe, según el cual, tiene constancia de 313 casos de internamientos políticos en manicomios, aunque probablemente el número real sea mucho más elevado.La utilización de la psiquiatría como forma abusiva y privada de la represión o de ciertas formas de delitos es antigua: la literatura abunda en casos. Los hay también en otras sociedades. Hasta hace poco, en España, la ley de Vagos y Maleantes, convertida después en ley de Peligrosidad Social, preveía lo que llamaba "casas de templanza" para comportamientos considerados como antisociales, a discreción del juez y sin que mediara sentencia; las casas de templanza, finalmente no existían, sino que eran prisiones más o menos especializadas, donde supuestos psicólogos y algunos sacerdotes creían que realizaban un trabajo de reinserción. El desarrollo de las leyes y la insistencia de una psiquiatría humanista abierta han mitigado estas situaciones, aunque pueda haber supervivencias.

La Unión Soviética no sólo sigue practicando esa antigua corrupción, sino que la convierte en una forma de delito de Estado. Algunos de sus altos funcionarios han definido el tema, cuando se han visto forzados a tocarlo, con una mezcla de ingenuidad y de cinismo: puesto que la sociedad soviética es perfecta, aquel que la combate o no se adapta a ella tiene que estar necesariamente loco. Salvo que se le encuentren pruebas -o se le fabriquen- de algo peor: conspiración organizada, servicio a una potencia extranjera, delincuencia común. Desde los tiempos de las grandes purgas y de los juicios de Moscú, desde la destalinización en el XX Congreso, la URSS ha hecho un gran esfuerzo para hacer desaparecer el delito político de sus represiones: lo ha disfrazado con otros nombres. Ya no hay desviacionistas, derechistas ni izquierdistas, revisionisias o cualquiera de los otros nombres con los que se pretendía disfrazar la autodefensa que ejercía el poder único de quienes pensaban de otra manera, aun dentro del marxismo-leninismo. Ahora hay agentes del extranjero, espías a sueldo, conspiradores o, cuando no puede ser otra cosa, locos. No son jueces quienes tienen que dictar sentencia, ni hay ya juicios públicos que pudieran atraer la atención molesta de Occidente y de sus propias poblaciones: son médicos psiquíatras, diagnósticos y casas de salud quienes se encargan de la represión.

El parecido de este nuevo delito de Estado con el de los desaparecidos es el de tratar de dejar al margen al Gobierno y las autoridades judiciales, el borrar las huellas o disfrazarlas. Podría. decirse que este tipo de infamias resalta un aspecto positivo de la civilización: el del reconocimiento de una conciencia culpable y de una vigilancia mundial que repudia los castigos por disidencias, pensamiento o libertad de expresión. Los culpables no se atreven a definirse como autores o generadores del castigo. Este reconocimiento de la ilegalidad de su acción les hace, sin embargo, doblemente culpables.