Nueva actitud de la banca hacia el grupo expropiado

Junto a la colaboración de los organismos públicos y del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios para cortar la salida de depósitos en la veintena de bancos de Rumasa -más de 50.000 millones de pesetas en las dos primeras semanas-, en medios financieros se ha apuntado la posibilidad de una nueva actitud por parte de los grandes de la banca.Fuentes informadas señalaron ayer que, tras el télex enviado a la banca en los primeros momentos por la autoridad monetaria, los siete grandes habrían cursado instrucciones a las sucursales de su grupo (en depósitos, controlan más del 80% del sector) para que no aprovechen la ocasión de ganar clientes a las entidades del grupo Rumasa. Este eventual acuerdo, adoptado una vez que se ha normalizado el pago de tipos de interés y se,regulariza el "pasivo clandestino", no ha podido ser confirmado.

En los primeros momentos de reapertura de los bancos, además de los talones y efectos llegados desde otras entidades por cámara de compensación, los intentos de retirada más preocupantes procedieron precisamente de empresas y organismos públicos. Ambos son depositantes menores en número, pero decisivos por el volumen y disponibilidad inmediata. En el Atlántico, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad de la Guardía Civil, que manejan al mes casi mil millones de pesetas, estuvieron a punto de retirar sus saldos.

Entre las noticias emanadas por los diversos frentes en que se concentra la actividad sobre la expropiación de Rumasa (inspector, administrativo, contencioso, judicial, etcétera) ha trascendido que los encargados de preparar el justiprecio para los más de 100.000 accionistas de las empresas dominadas hasta ahora por Ruiz-Mateos trabajan con el criterio de tratar con delicadeza a quienes no han tenido responsabilidad en la gestión. Este objetivo, no obstante, ha encontrado numerosas lagunas legislativas. La ley de expropiación forzosa no fue pensada para empresas y mucho menos para grupos. Y la ley de sociedades anónimas atribuye a los socios derechos y deberes proporcionales a su participación.

Otro problema la decisión de cargar el eventual déficit patrimonial -deudas menos valor de inversiones e inmuebles- en el grupo bancario o en el empresarial. Los bancos -principalmente el Atlántico, con más de 20.000, el Noroeste, con 6.100, y el Condal, con 2.100- reúnen 40.000 de los más de 100.000 accionistas que deberán ser indemnizados.

En unas declaraciones publicadas ayer por la revista Mercado, Javier del Moral, director general del Patrimonio del Estado y máximo responsable de Rumasa, afirma que, sí el déficit patrimonial "se sitúa en el grupo bancario, la situación de las empresas puede no ser mala, y la posterior venta al sector privado no sería tan difícil, mientras que, si se sitúa en las empresas, será muy difícil retomarlas, porque no habrá quien las compre".

Por otra parte, se ha sabido que el comité ejecutivo de la CEOE estudió ayer el caso, mientras una representación de trabajadores del sector vinícola se trasladaron a Madrid para informar de presuntas irregularidades en el grupo y de la quema "masiva de documentos"