Los acuerdos base de las relaciones hispano-soviéticas, denunciados en Consejo de Ministros, permanecen en secreto desde 1967

La base político-jurídica sobre la que han descansado las relaciones hispano- soviéticas, desde 1967 hasta la actualidad, ha sido mantenida en secreto por los Gobiernos de los dos países. El Consejo de Ministros de la semana pasada decidió autorizar al titular de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, para que denuncie el acuerdo sobre navegación y transporte marítimo y negocie con los soviéticos un nuevo marco jurídico que coloque a las relaciones bilaterales al mismo nivel que tienen otras naciones de Europa occidental. Cuando este acuerdo se complete, se espera que se ponga fin al secreto en que estas relaciones se han mantenido de cara a la opinión pública española.Aunque desde el final de la guerra civil hasta 1958 las relaciones y contactos entre España y la Unión Soviética estuvieron interrumpidas, desde esa última fecha el régimen de Franco inició un deshielo, sobre todo a nivel comercial, que culminó el 17 de febrero de 1967, en que se produce el primer canje de notas sobre navegación y transporte marítimo, que autorizaba la entrada de buques soviéticos en puertos españoles. Son las llamadas cartas Boado, firmadas por el entonces subsecretario de la Marina Mercante y su homólogo en Moscú, que con un canje adicional en 1974, sobre las concesiones recíprocas de inviolabilidad a los locales de las delegaciones comerciales entre ambos países, han permanecido dentro de la categoría de confidenciales hasta ahora.

Por razones políticas y por la identidad de las personas que ya en aquella primera fecha comerciaban con la Unión Soviética, se supone que las cartas Boado permanecieron dentro de la esfera privada. Posteriormente, el primer Gobierno de la democracia, el de Adolfo Suárez, reanudaba las relaciones diplomáticas con Moscú el 9 de febrero de 1977, y aunque a lo largo del 78 y 79 se establecieron algunos protocolos comerciales y acuerdos culturales y científicos, las cartas Boado continuaron en vigor y sin el conocimiento público.

Las ventajas del secreto

Las ventajas, en opinión de los funcionarios anteriores y de la actual Administración española, que otorgaban a la URS S y a los españoles que tenían negocios con Moscú dichas cartas, han sido la causa de no pocos problemas para España, que van desde la rentabilidad de todo tipo de la empresa pesquera Sovhispan, hasta la infiltración de espías soviéticos, que en los últimos seis años ha provocado la expulsión de doce funcionarios rusos.Ni siquiera en estos momentos, en que el Gobierno socialista ha denunciado las cartas Boado, la Administración está dispuesta a poner en conocimiento público estos documentos. Los intentos realizados por EL PAÍS en los últimos días, con Asuntos Exteriores y con la Dirección General de la Marina Mercante, no han sido positivos.

A pesar de la negativa de Franco de entablar relaciones con la Unión Soviética o los países del Este europeo, a partir de 1961 empieza a surgir una serie de empresas y compañías españolas que se apropian del comercio bilateral y que no encuentran ningún problema de tipo político para sus negocios. Entre estas empresas destacan la Weimar, que fue la primera en abrir oficinas en Moscú y cuyo capital inicial era de Cristóbal Martínez Bordiú, marqués, de Villaverde y yerno de Franco, y en cuyo Consejo de Administración figuraban personas como el entonces director general de la Guardia Civil, Ibáñez Freire; Gregorio Marañón Moya, Carlos Zurita, Demetrio Ullastres, Francisco Castiella y otros.

Entre las empresa pioneras del comercio con la URSS figuran también Prodag, creada en 1965 por Ramón Mendoza; Ciex (Compañía General de Inversiones en el Exterior), fundada en 1969 por Juan Garrigues Walker, y posteriormente, en 1971, la empresa mixta Sovhispan, que representó, con sus instalaciones y desarrollo en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, el 50% de las capturas de pesca soviéticas, instaló unos 1.500 buques de altura, 15.000 marineros y 200 técnicos en Canarias a lo largo del año, todo ello por una contrapartida anual de 20 millones de dólares para España. En los últimos seis años, dos directores de Sovhispan, Yuri Timofeiev y Yuri Bytckkov, fueron expulsados de España acusados de es pionaje.

El Gobierno español intenta ahora situar las relaciones España-URSS al mismo nivel de las que mantienen el resto de los países occidentales, estableciendo un marco jurídico que englobe no sólo los aspectos marítimos, sino todo lo relacionado con comercio, cultura, ciencia y tecnología.