Falta un cuerpo legislativo para sancionar los fraudes adecuadamente
Las Jornadas de Oficinas Municipales de Información y Defensa del Consumidor, que han celebrado este fin de semana su primer encuentro nacional en Valencia, han resaltado la falta de un cuerpo legislativo para que el presunto delito por actividad vinculada con el consumo pueda ser sancionado adecuadamente. Los participantes han debatido la coordinación de estas oficinas de reciente creación con el Instituto Nacional del Consumo y la Administracion autonómica, que ha asumido las transferencias vinculadas a este tema.La primera oficina de asesoramiento ciudadano en la defensa del consumidor vinculada a un ayuntamiento surgió en Valencia en marzo de 1982 impulsada por las delegaciones de Abastecimientos y Sanidad que ocupan Josefina Ciscar y Jose Micó, respectivamente. La ley de Régimen Local recoge en sus artículos 101 y 102 estas competencias para control de alimentos y bebidas. De ahí el hecho de convocar a los distintos ayuntamientos que secundaron esta actividad: Palma de Mallorca, Albacete, Badalona, Getafe, Gijón, Madrid, Mataró, Santa Coloma y Valencia.
En la oficina de información al consumidor de en Valencia se han tramitado más de 880 consultas, que en determinados casos han concluido con denuncias formales contra los abastecedores del producto o servicio.
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