Ledesma recuerda que el decreto-ley se ha utilizado repetidamente en legislaturas anteriores

En el debate que siguió a la intervención de Miguel Herrero en contra de la convalidación del decreto ley, intervino Miguel Boyer, quien pronto dejó paso al adecuado interlocutor de Herrero, el jurista Fernando Ledesma, ministro de Justicia. Ledesma desarrolló ampliamente la fundamentación jurídica y la constitucionalidad que, en opinión del Gobierno, reúne el decreto ley sobre expropiación de Rumasa, y recordó, entre otros argumentos, que se han aprobado hasta un total de 23 decretos leyes, que, de una forma u otra han afectado a derechos, deberes y libertades de contenido patrimonial recogidos en el Título Primero de la Constitución.Boyer criticó al diputado del Grupo Popular que había pronunciado una brillante lección de Derecho, "mezcla de pólvora gruesa y de orgía jurídica formal". Aseguró que, en todo caso, no creía que los funcionarios de la Dirección General de lo Contencioso, que habían avalado con su dictamen la fórmula del decreto ley, hubieran pretendido meter un gol al Gobierno. Recordó que tales funcionarios proceden de la situación anterior a la llegada al poder del PSOE y que han sido mantenidos en sus puestos.

El ministro de Economía y Hacienda manifestó que el Gobierno no podía esperar con tranquilidad a que se produjeran las situaciones concursales o de quiebra mencionadas por Herrero, porque debía evitar la situación de miles de personas en paro, así como las fugas de depósitos. Insistió en su deseo de discutir el tema de fondo y no el estrictamente jurídico formal, aunque reconoció que las formas son esenciales en la democracia, pero unidas a los contenidos.

Herrero replicó que lo que él había propuesto es hacer bien lo que el Gobierno ha hecho mal, y concretamente utilizar el decreto ley sobre expropiación forzosa de 1978 y la Ley de Enjuiciamiento Criminal si existían conductas punibles. Añadió que, por lo demás, difílcilmente se puede discutir el tema de fondo, cuando el propio Gobierno no conoce con exactitud la situación económica del grupo Rumasa.

Fundamentos jurídicos

El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, subió a la tribuna de oradores para dar, según dijo, "respuesta cumplida y completa" a las objeciones sobre la constitucionalidad del decreto ley, de la que el Gobierno está convencido. En primer lugar, calificó de apresurada y errónea la conclusión obtenida del artículo 86 de la Constitución de que impide el decreto ley sobre cualquier materia que afecte a los derechos, deberes y libertades regulados en el título primero de la Constitución. Estimó esta interpretación demasiado expansiva, porque, de no haber límites, se llegaría al absurdo de que la facultad constitucional de dictar decretos leyes no serviría para nada, ya que, dijo, "no hay regulación imaginable que, de una forma u otra, no afecte a los derechos y deberes de los ciudadanos".

Citó como doctrina jurídica mayoritaria, mantenida entre otros por el profesor García Enterría, que los derechos, deberes y libertades públicas que sólo se pueden regular por ley son los mencionados en el artículo 81, esto es, aquellos para los que se exige una ley orgánica. Citó también al Tribunal Constitucional, según el cual el decreto ley es un instrumento adecuado para situaciones cambiantes en caso de necesidad.

Ledesma comenzó a enumerar un total[ de 23 decretos leyes posteriores a la Constitución que han incidido en el derecho de propiedad, y en torno a los cuales no se han planteado problemas de constitucionalidad durante la anterior legislatura. Añadió que, en todo caso, lo fundamental es que el decreto-ley a debate "no regula el derecho de propiedad, sino que opera una expropiación". El ministro de Justicia enumeró los principios a los que debe ajustarse la expropiación forzosa y sacó la conclusión de que el decreto ley los respeta todos.

Herrero ironizó calificando de "amena" la intervención de Ledesma, que dado su carácter técnico fue un tanto tediosa, e insistió en que todos los derechos y libertades del Título Primero de la Constitución son amparados por la reserva de ley, que los socialistas han violado, "hoy el derecho de propiedad, mañana el derecho a la información, y desde luego el día 24 de febrero por la noche la intimidad domiciliaria". Ledesma recordó en este punto que los domicilios supuestamente violados eran ya propiedad del Estado desde las 00.00 horas del día 24.