Miguel Herrero acusa al Gobierno de atentar contra la Constitucion y las libertades

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Herrero, que consumió el único turno en contra de la convalidación del decreto-ley sobre expropiación de Rumasa, acusó al Gobierno socialista de atentar contra la Constitución y el sistema formal de libertades y aproximarse a la comisión de delitos tipificados en el Código Penal, como la usurpación de funciones y la violación del domicilio, entre otros. "No hemos venido a hablar de Rumasa, sino del imperio de la ley", afirmó.

La intervención de Herrero, de gran brillantez formal y cargada de ironía, pareció tener como objetivo en muchos momentos lograr la participación del presidente del Gobierno, Felipe González en el debate. No lo consiguió y por el contrario, tras la réplica de Miguel Boyer, fue otro jurista, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, el que subió a la tribuna de oradores.Herrero ironizó ampliamente sobre las sucesivas correcciones de erratas del decreto-ley sometido a debate y suscitó las risas de los diputados cuando ejemplificó como modelo de expropiación por interés general, la posible expropiación de las torres de Colón para universidad literaria de Alfonso Guerra. Frente a las citas de ilustres profesores y juristas Herrero invocó la autoridad doctrinal del presidente de la Cámara, Gregorio Peces-Barba, cuyos "magníficos comentarios de la Constitución" utilizó como argumento favorable a su tesis.

El diputado del Grupo Popular afirmó que en el Parlamento había que hablar de política y no de Rumasa. Definió la expropiación como la retirada de la titularidad privada, previa indemnización, por razones de utilidad pública y la distinguió de la mera intervención del Estado, que consideró la fórmula adecuada para la solución de los supuestos problemas planteados por Rumasa.

La interpretación ofrecida por el Gobierno sobre el artículo 128 de la Constitución la consideró Miguel Herrero como contraria a la libre empresa configurada en el artículo 38. Resaltó que para consolidar esa interpretación sería preciso una ley, no un decreto-ley, porque insistió en que la reserva de ley hay que aplicarla a todo los derechos y libertades comprendidos en el título primero de la Constitución. Lo contrario, según dijo, sería legislar por vía de hecho, a través de la apariencia del decreto-ley.

Insistió en que no se ha producido quiebra del grupo de empresas expropiadas, porque no ha sido judicialmente declarada, por lo que se produce una nacionalización jurídicamente inadecuada y que carece también de razones de fondo porque conduce al saneamiento de unas empresas privadas a cargo de los contribuyentes para devolverlas después al sector privado.

Herrero aseguró, que tal actitud se conoce en Andalucía, patria chica del presidente y vicepresidente del Gobierno, como "el reino de la fullería". A petición del presidente de la Cámara, Herrero retiró esta expresión y más tarde hubo de hacer lo mismo con la calificación de antiética aplicada al Gobierno. Herrero citó frases de Felipe González para atacar a su Gobierno por no cumplir su afirmación de que el PSOE prefiere "la libertad a la seguridad".

Acusó al Gobierno socialista de saltarse la Constitución y el derecho y dijo que los votantes del PSOE y, los miembros de su grupo parlamentario no se merecen esa actitud. Propuso como remedio para la situación creada no convalidar el decreto-ley, que es nulo de raíz y, por el contrario, que el Gobierno envíe a la Cámara, para su tramitación urgente y en lectura única, un proyecto de ley para solucionar el problema que el Gobierno no ha sabido resolver.

"Frente a la fuerza de los votos, está la razón del derecho", terminó, y fue obsequiado con un abucheo desde la izquierda y un aplauso de su grupo, al que también se incorporaron algunos centristas, entre ellos, con entusiasmo, Gabriel Cisneros.