El Gobierno remitirá a las Cortes en abril la ley de medidas urgentes sobre Administracion pública

El Gobierno remitirá a las Cortes, probablemente en abril, una ley de medidas urgentes en materia de Administración pública, que permitirá salvar los desajustes administrativos existentes hasta que en otoño se envíe al Congreso el estatuto de la función pública. Así lo anunció ayer, ante la comisión de las administraciones públicas del Congreso el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, quien prometió que también en abril presentará al Parlamento un proyecto de ley orgánica para regular los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga de los funcionarios.

Javier Moscoso empezó por hacer un diagnóstico de la Administración pública que se ha encontrado su equipo. "Una Administración publica", dijo, "en situación anómala, caracterizada por las disfuncionalidades e inadecuación a los objetivos y por la ineficacia pese a la probidad general de los funcionarios".Afirmó que el aparato administrativo ha ido creciendo de forma autónoma y anómala respecto a las necesidades hasta constituirse 290 cuerpos y 1.300 escalones diferentes. "Un entramado", precisó, " de colectivos cerrados, desvinculados entre sí, con desequilibrio de efectivos y escasa movilidad. Una situación que ha creado desconfianza mutua entre los ciudadanos y la Administración".

El nuevo modelo de Administración pública ("aplazado desde hace cien años") propuesto por Moscoso está basado en la imparcialidad, objetividad, eficacia y democratización. Con respecto al primer objetivo, señaló el ministro que hay que deslindar lo que es la política de lo que es la Administración y lo que son cargos políticos y administrativos y potenciar una verdadera carrera administrativa. "Debemos proteger", afirmó, "a los funcionarios frente a las presiones políticas partidistas".

Ligó Moscoso el criterio de objetividad a la necesaria transparencia de la actuación administrativa y señaló que para que ésta sea legítima debe ser eficaz. En este sentido, consideró básico que los presupuestos estén bien modulados, haciéndose fácil el control y la contabilidad pública.

Los funcionarios colaboran

Por lo que se refiere a la democratización del aparato administrativo, señaló Moscoso que es imprescindible crear un marco de relaciones jurídico-administrativas y facilitar unas relaciones más dinámicas entre la Administración pública y los ciudadanos para que éstos tengan un más fácil acceso a las instancias, haciéndoles más sencillos los trámites y proporcionándoles la información y asesoramiento necesario. Insistió, en este sentido, en la voluntad de su departamento, de ir hacia una simplificación de trámites y plazos y eludir al máximo la fórmula del silencio administrativo.Moscoso expresó el deseo de su ministerio de conseguir un funcionariado socialmente respetado, que se sienta servidor de los ciudadanos, jurídicamente protegido, eficaz y responsable en el servicio. "El Gobierno", manifestó, "quiere ser el primer defensor de los funcionarios, que en este momento son más víctimas que beneficiarios del desorden administrativo y que están demostrando, en general, ser los primeros colaboradores en ese proceso común de reforma de nuestras administraciones públicas". Considera el ministro fundamental la elaboración del estatuto de la función pública que, según afirmó, será remitido alas Cortes en el próximo otoño.

Con respecto a este estatuto, insistió en la indispensable existencia de una carrera administrativa "que no será auténtica carrera sino hay un máximo grado de profesionalización hasta el nivel de director general". Señaló que se va a dar verdadera relevancia a los criterios de méritos y capacidad para el acceso a los puestos, que se realizará por el sistema de selección a los que se dará publicidad. Adelantó la intención de su departamento de reducir cuerpos y escalas de la Administración pública "acabando con los cuerpos testimoniales y potenciando a los que tengan funciones reales".

Para hacer frente a los desajustes administrativos existentes,Moscoso indicó que antes del próximo verano se remitirá a las Cortes una ley de medidas urgentes que abordará entre otros puntos el régimen retributivo de los funcionarios, la definición de puestos de libre designación, la adecuación del registro de personal, un nuevo sistema de acceso a la función pública, un sistema nuevo de prejubilación, la regulación de las incompatibilidades, de los derechos sociales, horarios y vacaciones.

Sobre la reciente negociación entre el ministerio y organizaciones sindicales el ministro indicó que para evitar situaciones conflictivas como las que se han producido, su departamento va a hacer un esfuerzo para presentar en las Cortes antes del verano la ley orgánica de los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga de los funcionarios. Manifestó el ministro que constituye un problema la inexistencia de representatividad auténtica en los cuerpos de la Administración y expresó su deseo de que la mencionada ley facilite -y en ese sentido prometió toda su colaboración- un proceso genuinamente electoral antes de que se inicien las negociaciones del próximo año.

Javier Moscoso anunció también que en el resto de la legislatura se tramitará la nueva ley de bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y la procedimiento administrativo.