La Audiencia reabre un sumario contra tres ex rectores de la Universidad de Barcelona

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido reabrir el sumario por presunto fraude y exenciones ilegales instruido contra quienes ocupaban los cargos de rectores de las tres Universidades de Barcelona en el período comprendido entre 1972 y 1977. Asimismo, la Audiencia ha acordado practicar una serie de diligencias judiciales para investigar en profundidad la contabilidad de las mencionadas instituciones en aquel período.

Esta decisión ha sido adoptada por los magistrados titulares de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial de Barcelona, tras examinar minuciosamente el sumario y estudiar el dictamen elaborado por el fiscal designado especialmente para esta causa, Carlos Jiménez Villarejo. En breve, el sumario será trasladado al Juzgado número 7, que preside el magistrado juez Flors Maties, quien deberá llevar a término las instrucciones emanadas de la Audiencia Provincial. En medios allegados a la abogacía se aseguraba ayer que estas diligencias judiciales podrían desembocar en una petición de procesamiento para los ex rectores Arturo Caballero y Gabriel Ferraté, quienes en el período investigado eran responsables de las Universidades Central y Politécnica. El tercer rector investigado, Vicente Villar Palasí, hermano del ex ministro de Educación y Ciencia, falleció durante la tramitación del sumario.

Unas sobretasas con historia

La historia de estas diligencias judiciales está íntimamente ligada a unas sobretasas, que venían cobrándose a los alumnos cuando se matriculaban en cualquiera de las tres universidades barcelonesas, para hacer de esta manera frente a la precariedad de medios de los centros docentes. Las sobretasas venían siendo recaudadas de manera irregular, pero con pleno conocimiento del ministro de Educación y Ciencia, José Luis Villar Palasí, y con la esperanza de regularizar la situación de manera inmediata.Sin embargo, el cobro de las mencionadas sobretasas no llegó a regularizarse por la caída del Ministro de Educación y Ciencia y por la entrada de un nuevo titular en el Gobierno.

El primer curso investigado por la auditoría fue el de 1972, ya que los períodos anteriores habían quedado prescritos. Los técnicos llegaron a la conclusión de que estas sobretasas, supuestamente ilegales, venían cobrándose desde 1958 y habían provocado unos beneficios que oscilaban entre los veinticinco y los treinta millones de pesetas anuales. Los rectores de las tres universidades declararon que con este dinero se compraron utensilios para la enseñanza, e incluso contrataron personal docente.

A la vista de esta auditoría, y a pesar de los argumentos esgrimidos por los rectores, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona abrió un sumario y acordó el procesamiento de los tres responsables de la universidad. Este procesamiento fue sobreseido un mes y medio más tarde, archivándose la causa. En enero de 1982 el juzgado remitió el sumario a la Audiencia Provincial, cumplimentándose de esta manera el trámite legal pertinente.