La ONU discute a puerta cerrada sobre los desaparecidos en unos 30 países

En la mas estricta confidencialidad, los 43 países miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzaron a debatir ayer, según fuentes solventes, la situación en Turquía, Afganistán, Haití, Uruguay, Paraguay y otros. Al término de estas discusiones a puerta cerrada, que se prolongarán hasta el viernes, algunos casos podrían ver la luz pública y pasar a ser debatidos en la plenaria. Como telón de fondo de las discusiones está el informe sobre los desaparecidos, ya que en él se ven implicados una treintena de Gobiernos.Este tipo de reuniones secretas permite a los países afectados negociar sin luz ni taquígrafos los temas que han de tratarse en las sesiones plenarias. Y como la mayoría de los Gobiernos, tanto del Este como del Oeste, tienen trapos sucios que ocultar, siempre se llega a un compromiso.

El documento sobre los desaparecidos se limita a constatar una serie de atropellos y violaciones que hoy día se repiten en los cuatro rincones del mundo. Una práctica que infringe o atenta contra el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona humana. Con frecuencia, los detenidos, sostiene el informe, son víctimas de torturas y malos tratos. Se ven privados del derecho a la defensa, y en ocasiones, ni siquiera se les reconoce personalidad jurídica, y los juicios, cuando los hay, son meras pantomimas.

También se describen en el estudio los efectos emocionales y psicológicos de cualquier desaparición, tanto para el interesado como para sus familiares. "Para un Gobierno poderoso, dice el informe, siempre ha sido cómodo acallar a los adversarios políticos y no suele ser difícil el encontrar a alguien que se encargue de ello". En la mayoría de los casos, no se respeta la vida ni la dignidad de los ciudadanos.

En la mayoría de los países se ha creado cuidadosamente un complejo equilibrio de poderes, dicen los autores del informe en sus conclusiones. "El poder judicial puede fiscalizar los actos del poder ejecutivo; y el poder legislativo fija los límites de esos dos poderes. Ahora bien, si se perturba el equilibrio, los recursos se esfuman junto con las instituciones que los han creado. No obstante, a la luz de los pactos internacionales, el estado de sitio o de emergencia no deroga todos los derechos que protegen la libertad y la vida de los individuos".

Los expertos que han preparado el informe sobre los desaparecidos afirman que este fenómeno es "común y corriente" y que, a pesar del diálogo con los Gobiernos, "faltan los resultados".

El grupo de trabajo ha tramitado durante el pasado año cerca de 2.500 informes individuales de desaparecidos. Las denuncias mas numerosas proceden de Argentina, Bolivia, Chipre, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesa, México, Nicaragua, Filipinas y Uruguay.