La USP pide la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil

La Unión Sindical de Policías (USP) pedirá hoy al ministro del Interior, José Barrionuevo, la dimisión del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general Yraizoz, por las declaraciones realizadas por éste tras la muerte del niño de dos años Juan Félix Domínguez por disparos de la Guardia Civil, en un servicio de vigilancia de la provincia de Toledo. El general Yraizoz calificó de "bajeza" la condena tajante de los hechos por los dos sindicatos policiales -USP y Sindicato Profesional de Policías. La USP presentará al ministro un proyecto de normativa para la utilización de armas de fuego por los cuerpos de seguridad del Estado, en el que acepta su uso sólo en legítima defensa o cuando el funcionario "se vea impedido mediante violencias graves en el ejercicio de su misión".Modesto García, secretario general de la USP, dijo ayer que las manifestaciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil "en un momento de gran tensión social son, como mínimo, inoportunas y, como máximo, una grave torpeza. Nosotros no estamos en contra de la Guardia Civil", añadió Modesto García, "pero es un cuerpo que debe irse adecuando al papel constitucional que tiene encomendado y tiene que contar con los medios adecuados para ello. Bajo ningún concepto puede justificarse la muerte de una persona por un control".

Otro miembro de la ejecutiva de la USP manifestó que la Guardia Civil "va con la idea de cubrir objetivos militares, más que en función de vigilancia policial", y criticó que el general Yraizoz hubiera dejado en el aire la sospecha de que no condujera el vehículo ametrallado el padre de la víctima, sino uno de los hijos de la familia, de quince años, que no tiene carnet, "sin que éste tenga la posibilidad de defenderse".

La ejecutiva de la USP aprobó ayer un documento para la utilización de armas de fuego "para que se arbitren garantías técnicas y que el uso de armas de fuego sea el último medio de reducir a una persona peligrosa", según Modesto García. En este proyecto de normativa se dice que "una orden no debe ser ejecutada si para ello debe cometerse un crimen. Si el policía ejecuta la orden a pesar de esto, solamente él es culpable, si se apercibió por las circunstancias que conoce que por ello cometería un crimen. El policía debe tener reservas sobre la legalidad de la orden despecto de la persona que la ha dado".

Para la USP, no debe permitirse usar armas de fuego contra los individuos excepto en casos de peligro inminente contra la vida o integridad física, para impedir un delito con armas de fuego o explosivos o para detener a una persona que intente huir, si es sospechosa de un delito de sangre o hay indicios de que utilizará armas o explosivos, entre otros casos. "No está permitido utilizar armas de fuego contra menores de catorce años", dice el documento, "salvo que sea el único medio de rechazar un peligro inminente contra la vida o la integridad física del funcionario". El documento policial manifiesta que los controles de carretera o de ciudad deben estar debidamente señalizados para poder ser vistos y deben contar con los medios técnicos y personales para evitar errores.